LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión 
Europea calificó hoy de "ineficiente" la ayuda europea a proyectos 
humanitarios para refugiados en Turquía, pese a que las necesidades 
básicas "están cubiertas".
  Según un informe 
publicado hoy por el Tribunal, la institución de auditoría independiente
 de la Unión Europea (UE), esta ineficiencia se debe a la "gestión 
inadecuada" de los fondos, la falta de datos y las crecientes 
dificultades de las ONG desde el fallido golpe de Estado en Turquía.
  Los auditores criticaron la coordinación "insuficiente"
 en la movilización del primer tramo de la ayuda acordada en el pacto 
migratorio entre Bruselas y Ankara de marzo de 2016, de 3.000 millones 
de euros, a ser repartidos entre 2016 y 2017.
  En 
concreto, examinaron los resultados de la ayuda en los proyectos 
humanitarios destinados a asistir a los refugiados, principalmente a 
través de prestaciones en efectivo, aludiendo al mayor tiempo que 
requieren el resto de actividades en dar resultados palpables.
  Pese a que los auditores pudieron constatar que las necesidades 
básicas de los refugiados estaban "cubiertas", la ayuda "no ha 
conseguido cumplir completamente su objetivo de coordinar una respuesta 
(a la crisis de refugiados) de forma efectiva", dijo en rueda de prensa 
la líder del equipo de auditores, Bettina Jakobsen.
  
Jakobsen aseguró que aunque la mayoría de los proyectos auditados habían
 conseguido el rendimiento esperado, la mitad no habían logrado 
beneficios sostenibles a largo plazo.
  "Se podría 
haber conseguido mucho más con el mismo dinero, pero (los beneficios) en
 el terreno se ven, son tangibles", valoró el 
gerente principal de la sala III de la corte europea, encargada de la 
inspección, Alejandro Ballester, quien estimó que cerca de "1,5 millones
 de refugiados se han beneficiado de los programas de ayuda en 
efectivo".
  El Tribunal criticó no obstante la 
negativa de las autoridades turcas a la hora de aportar la información 
necesaria para seguir el progreso de los beneficiarios de proyectos de 
ayuda en efectivo desde su registro hasta que reciben las prestaciones, 
acogiéndose a la legislación vigente en el país sobre protección de 
datos.
  Esto hizo imposible comparar el listado de 
refugiados registrados por las autoridades turcas al entrar al país con 
el listado final de beneficiarios de proyectos europeos, de los que sólo
 pudieron conseguir datos anónimos que limitaron de gran manera la 
precisión de su inspección, aseguraron los auditores.
  "Desde que trabajo para el Tribunal, nunca me he visto en la situación
 de no haber recibido los documentos requeridos", confesó Jakobsen en 
este sentido, quien aprovechó para criticar además la envergadura de los
 sobrecostes administrativos, muchas veces "insuficientemente 
justificados".
  En consecuencia, los auditores 
propusieron a la Comisión Europea (CE) una batería de recomendaciones, 
entre ellas simplificar y asegurar la complementariedad de los 
mecanismos de ayuda, elaborar una estrategia de transición de ayuda 
humanitaria a ayuda al desarrollo y mejorar la eficiencia de los 
proyectos de asistencia en efectivo.
   Asimismo, 
llamó al Ejecutivo comunitario a ponerse de acuerdo con Ankara en las 
prioridades a abordar en áreas relacionadas con infraestructura 
municipal y apoyo socioeconómico, y a intensificar la supervisión y 
seguimiento sobre la ayuda acordada.
  Por último, el 
organismo auditor instó a la Comisión a que presione a Turquía para 
compartir información relativa a los refugiados y a que, además, alivie 
la situación que viven las ONG internacionales tras el fallido golpe de 
Estado en el país, que ha resultado en un "ambiente mucho más 
restrictivo" e intervalos de "suspenso en la puesta en marcha de 
proyectos", según Ballester.
  La ayuda europea a los 
refugiados en Turquía acordada en el pacto consiste en dos tramos, de 
3.000 millones de euros cada uno, que suman un total de 6.000 millones a
 ser distribuidos entre 2016 y 2019.
  Del primer 
tramo, del cual 1.400 millones de euros fueron destinados a proyectos 
humanitarios, 2.000 millones corrieron a cargo de los Estados miembros y
 1.000 millones provinieron de los fondos comunitarios.
  El Tribunal de Cuentas Europeo envió a la CE el informe, que será 
después remitido al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE para 
discutir las recomendaciones y su implementación, aunque no prevé de 
momento más auditorías sobre la situación de los refugiados en el 
terreno.

 
 
 
 
 
 
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