MADRID.- España deberá reducir a menos de cinco millones el número de personas en riesgo de pobreza
o exclusión social en el año 2030 para poder cumplir con la Agenda de
Desarrollo Sostenible que se aprueba en la Asamblea General de Naciones
Unidas, del 25 al 27 de septiembre.
La universalidad de la agenda obliga a España a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
aunque el punto de partida "no es muy alentador", dado que, en 2014, el
29,2 por ciento de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión
social y, de ella, un 35,8 por ciento eran menores de edad.
Así
lo ha puesto de manifiesto Oxfam Intermón que, con el apoyo de Unicef
Comité Español, ha presentado el informe "España frente a los retos de
la Agenda de Desarrollo Sostenible" para proponer a los partidos
políticos una serie de medidas para hacer efectiva la puesta en marcha
de la Agenda 2030.
Esta Agenda establece un programa de acción que, por primera vez, compromete a todos los países del mundo a cumplir unas metas durante los próximos quince años.
Ambas
organizaciones han planteado a las fuerzas políticas medidas como el
establecimiento de un sistema de garantías de unos ingresos mínimos para
cubrir las necesidades básicas de las personas que lo necesiten, junto a
políticas fiscales, salariales y de protección social.
Oxfam Intermón y Unicef han
destacado que las políticas de austeridad en salud y educación han
tenido un impacto negativo en los grupos más vulnerables, la brecha
salarial de género es de las mayores de la Unión Europea, la
implementación del protocolo de Kioto ha tenido un "débil" recorrido y
España está a la cola en Ayuda Oficial al Desarrollo.
La Agenda
2030 plantea por primera vez un objetivo de reducción de la desigualdad
que todos los países deben alcanzar y que supone que para el año 2030
España debe conseguir que el 40 por ciento de la población más pobre tenga más riqueza que el 10 por ciento de la población más rica.
Para
ello, las dos organizaciones han defendido la adopción de medidas
fiscales progresivas, en las que paguen más los ricos y las grandes
empresas, junto a medidas salariales para reducir la brecha salarial
entre los salarios más altos, los medios y los bajos.
España también debe asegurar que los países en desarrollo cuentan con los recursos para cumplir con la Agenda,
por lo que uno de los objetivos establece la necesidad de incrementar
la ayuda al desarrollo al 0,7 por ciento del Producto Nacional Bruto
(PNB).
Otros objetivos que tienen que cumplir los países hasta
2030 son garantizar una educación inclusiva, lograr la igualdad de
género o luchar contra el cambio climático.
Para alcanzar estas metas, las dos organizaciones instan a los partidos a alcanzar un acuerdo social por la educación pública,
reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, promover medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral, reducir la emisión de gases
de efecto invernadero y aumentar la inversión en energías renovables.
El
director de Oxfam Intermón, José María Vera, ha subrayado que "el nuevo
Gobierno que salga de las urnas al final de este año deberá definir una
hoja de ruta referida a la Agenda 2030, con una concreción de los
compromisos para la legislatura".
El director de Unicef Comité Español, Javier Martos,
ha planteado un Pacto de Estado por la infancia que incluya un aumento
del gasto social, las ayudas universales por hijo o la mejora de los
servicios públicos, en especial, para la infancia más vulnerable.
Martos
ha reclamado además un aumento de la inversión pública en España para
la protección de las familias y la infancia, que actualmente es del 1,4
por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), para aproximarla a la
media de la Unión Europea (UE), situada en el 2,2 por ciento, en el año
2020.
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