LISBOA.- Tras varias horas de advertencia, la Policía de Portugal ha levantado este domingo las acampadas que exigían medidas para solucionar el problema del acceso a la vivienda en Lisboa y Oporto, bajo el pretexto de que eran un "asentamiento ilegal" y que ha terminado con enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía.
Aproximadamente 200 tiendas de campañas estaban instaladas en la Plaza de Pedro IV en Lisboa y en la plaza de Juan I en Oporto. En apenas diez minutos, los agentes portugueses han roto los cordones humanos formados por los manifestantes y han alcanzado el asentamiento, en una intervención descrita como "dura, pero rápida y eficaz", según ha recogido el medio portugués 'Diario de Noticias'.
La Policía ha informado en repetidas ocasiones de que consideraban tales acampadas como "ilegales", y que a partir de las 00.30 (hora local) de este domingo tenían orden de retirarlas, mientras han reiterado que los manifestantes tenían el derecho a quedarse en el lugar sin las estructuras.
En Oporto, la operación se produjo de manera más inmediata ya que los agentes usaron rápidamente sus escudos para empujar a los movilizados hacia fuera de la plaza. Sin embargo, la organización ha informado de 37 heridos leves, una cifra cercana a la intervención del pasado 15 de octubre (39 heridos), aunque esta vez no se habrían registrado escenas de enfrentamientos tan violentos.
Tras el desalojo de las tiendas de campaña, llegaron ambulancias con especialistas en apoyo psicológico y paramédicos para atender a los heridos.
Mientras, en Lisboa, la situación ha sido más complicada, ya que la intervención ha sido más "contundente". Algunos manifestantes han recorrido las calles de la ciudad causando destrozos, volcando contenedores y dañando terrazas de algunos restaurantes.
Con el mobiliario de algún restaurante, los activistas intentaron atacar a la Policía, según han denunciado las autoridades, y posteriormente, un grupo más grande acabó lanzando piedras y botellas a los agentes que intentaban dispersarlos.
Así, alrededor de diez personas han sido arrestadas y acusados de delitos de desobediencia por no acatar las órdenes de desmontar las tiendas de campaña.
La escalada de tensión en las calles --que ya dejó 55 detenidos el martes en el desmantelamiento del primer campamento en Lisboa y cerca de 40 heridos tras una carga policial en Oporto el pasado 15 de octubre-- ha elevado la presión sobre las instituciones para buscar salidas políticas al encarecimiento del coste de la vida.
Ante esta crisis social, el presidente de Portugal, António José Seguro, ha decidido intervenir convocando para el próximo 29 de octubre a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Se trata de la primera ronda de contactos de este tipo desde su llegada a la Presidencia el pasado mes de marzo.
El jefe del Estado busca así impulsar un gran pacto de Estado entre las distintas formaciones que permita acordar medidas urgentes y a largo plazo.
"Un problema concreto y humano exige respuestas igualmente concretas y humanas", defendió recientemente el presidente luso, quien ha instado a cruzar propuestas de todos los partidos para encontrar puntos de consenso que palíen la emergencia habitacional.
Heridos
Más de 50 personas han resultado heridas 31 están detenidas tras el desmantelamiento de las acampadas por la vivienda levantadas en Lisboa y Oporto en una amplia operación policial amparada porque las autoridades las consideran "ilegales".
La acampada ha informado de 50 heridos, 20 en la plaza de Pedro IV de Lisboa y 30 en la plaza de Juan I de Oporto, pero la Policía solo ha confirmado once, cinco en Lisboa y seis en Oporto, tres de ellos policías. "Uno de los policías ha resultado herido por un cánido de un manifestante en Lisboa", ha apuntado la Policía.
La Policía había informado en repetidas ocasiones de que consideraban tales acampadas como "ilegales", y que a partir de las 00.30 (hora local) de este domingo tenían orden de retirarlas, mientras han reiterado que los manifestantes tenían el derecho a quedarse en el lugar sin las estructuras.
En cuanto a los detenidos, se ha informado de 31 arrestos por desobediencia, 25 en Lisboa y seis en Oporto. Asimismo se han incautado de 171 tiendas de campaña, 117 en Lisboa y 54 en Oporto.
En Lisboa, una veintena de personas han recibido atención sanitaria en el Hospital de San José. "He visto directamente veinte heridos (en urgencias). Me han agredido en una carga policial. Había personas tiradas, por el suelo, con una violencia atroz", ha relatado una de las personas que han presenciado la intervención, Mariana Carneiro, citada por el diario 'Público'.
"Delante mía había un joven que se estaba llevando golpes por todas partes, también en la cabeza. Pensé que lo iban a matar, que lo iban a matar", ha añadido.
La propia acampada ha organizado un equipo de cuidados médicos en la cercana plaza de la Figueira que ha prestado los primeros auxilios a varias personas antes de la llegada de efectivos del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM).
"No ha habido diálogo. El diálogo ha sido con porra, escudo, violencia y empujones. Fuese quien fuese quien tuvieran delante: mujer, hombre, joven, mayor, más fuerte, más delgado, daba igual", ha añadido Carneiro a las 8.00 horas.
"Ahora me voy a mi casa con la certeza de que en este país los gobernantes no tienen ningún respeto a la Constitución de la República Portuguesa", ha apuntado.
En Oporto los policías de la Unidad Especial de Policía han empleado perros policía, como en Lisboa, y además táseres. La operación se produjo de manera más inmediata ya que los agentes usaron rápidamente sus escudos para empujar a los movilizados hacia fuera de la plaza.
La Policía portuguesa ha defendido la intervención "pautada por los principios de legalidad, proporcionalidad, adecuación y necesidad" para la "restauración de la legalidad tras la ocupación de espacios públicos".
"Esta acción policial ocurre en una secuencia de mantenimiento de manifestaciones a lo largo del tiempo y tras registrarse daños en el patrimonio público y de la necesidad de retirar estructuras de acampada instaladas sin la autorización legal necesaria y en condiciones contrarias a la legislación aplicable", añade.
Reconocen que las manifestaciones fueron comunicadas a las autoridades competentes, pero "el ejercicio del derecho de manifestación no dispensa del cumplimiento de las demás disposiciones legales" tales como el "límite temporal establecido para las condiciones de utilización y ocupación del espacio público".
Defienden además que se realizaron todas las diligencias para que los manifestantes retiraran voluntariamente las tiendas, pero "se volvió necesaria la intervención policial" ante "el no acatamiento de las orientaciones transmitidas".
"La Policía respeta y garantiza el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, consagrado a nivel constitucional", pero deben respetarse "los derechos de los demás ciudadanos". Así destaca el comportamiento "cívico" y "responsable" de los manifestantes que marcharon el sábado por varias ciudades del país.
La escalada de tensión en las calles --que ya dejó 55 detenidos el martes en el desmantelamiento del primer campamento en Lisboa y cerca de 40 heridos tras una carga policial en Oporto el pasado 15 de octubre-- ha elevado la presión sobre las instituciones para buscar salidas políticas al encarecimiento del coste de la vida.
Ante esta crisis social, el presidente de Portugal, António José Seguro, ha decidido intervenir convocando para el próximo 29 de octubre a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Se trata de la primera ronda de contactos de este tipo desde su llegada a la Presidencia el pasado mes de marzo.
El jefe del Estado busca así impulsar un gran pacto de Estado entre las distintas formaciones que permita acordar medidas urgentes y a largo plazo.
"Un problema concreto y humano exige respuestas igualmente concretas y humanas", defendió recientemente el presidente luso, quien ha instado a cruzar propuestas de todos los partidos para encontrar puntos de consenso que palíen la emergencia habitacional.
