MADRID.- Las arcas públicas se ahorrarían cerca de 3.000 millones de euros si no se incurriera en prácticas anticompetitivas en la licitación y adjudicación de los contratos públicos, según la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
El presidente del CNC, Luis Berenguer, explicó que "se observa que en ciertos contratos públicos, sobre todo en la mayoría de las comunidades autónomas, existe una cierta tendencia a adjudicar contratos a empresas de la misma región".
El conjunto de contratos públicos que se cierran en España anualmente suponen un gasto de cerca de 150.000 millones de euros y las prácticas colusorias entre licitadores pueden suponer que los precios de los bienes y servicios contratados se encarezcan en más de un 20%, según las estimaciones de la CNC.
Por ello, el organismo ha publicado una 'Guía sobre contratación pública y competencia'. En ella, se dan recomendaciones para el desarrollo de procedimientos de contratación en los que ni en su diseño, ni en su desarrollo, ni posterior ejecución del contrato se introduzcan restricciones injustificadas de la competencia.
Además, se ayuda a prevenir y combatir potenciales acuerdos entre los participantes en las licitaciones para alterar las condiciones comerciales o repartirse el contrato, lo que se conoce internacionalmente como 'bid rigging'.
Berenguer afirmó que las prácticas de colusión están "generalizadas" en las distintas comunidades autónomas, así como en todos sectores de actividad que acuden a los concursos, y recordó la capacidad de los funcionarios públicos para denunciar estas prácticas. "Las administraciones públicas son las principales víctimas", afirmó Berenguer.
Entre las prácticas más extendidas se encuentran las de empresas que se presentan siempre a los concursos a pesar de que nunca resultan ganadoras, lo que hace sospechar que obtienen algún tipo de compensación por parte de las sociedades adjudicatarias.
Además, hay empresas que siempre presentan la mejor oferta, lo que probablemente sea debido a un acuerdo previo de reparto de mercado, y existen otras que sólo obtienen ofertas ganadoras en determinadas áreas geográficas, entre otras prácticas.
La guía recomienda a los funcionarios de las administraciones públicas poner las posibles sospechas de colusión en conocimiento de la CNC, considerar la conveniencia de suspender la licitación y contribuir a la posterior investigación guardando la documentación, registrando posibles conductas relevantes y guardando la confidencialidad del proceso.
Por último, Berenguer recordó que el organismo resolverá en breve el expediente sancionador abierto el año pasado contra 53 empresas del sector de la construcción por posibles prácticas anticompetitivas en el reparto de licitaciones y fijación de precios en concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de carreteras.
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