BUENOS AIRES.- Argentina busca cerrar
esta semana un acuerdo sustentable con sus acreedores para la
reestructuración de la deuda de unos 66.000 millones de dólares bajo
legislación extranjera, con una oferta mejorada y el apoyo del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Pero las negociaciones no son
fáciles: debe convencer a todos los grupos de acreedores. El gobierno de
centro-izquierda de Alberto Fernández presentará una nueva oferta con
"enmiendas" el martes y los tenedores de bonos tienen hasta el viernes
para aceptar el canje. De esta forma y salvo que se modifique una vez
más el plazo, el anuncio de resultados será el 22 de junio.
"Si todo sale bien, que creo que sí, sale esta semana", dijo una fuente gubernamental.
Un
acuerdo sería una bocanada de aire fresco para el país en recesión
desde 2018, con una pobreza de 35% y una inflación que alcanzó 53% en
2019, una de las más altas del mundo.
"Si Argentina resuelve el
tema de la deuda (...) sería muy positivo para Alberto Fernández.
Despeja un tema importante, en un contexto más grave [por la pandemia
del coronavirus] que el que heredó cuando asumió", opinó Ignacio
Labaqui, analista senior en Medley Global Advisors.
Pero fuentes allegadas a
las negociaciones insisten en que, si bien el gobierno argentino está
haciendo todo lo posible para evitar quedar fuera de los mercados
internacionales, tiene que lograr un "buen acuerdo, que sea sostenible y
que el país pueda cumplir". Y no está claro que todos los acreedores
estén en la misma línea.
El gobierno ha dicho poco o nada sobre su propuesta
"mejorada", por un "acuerdo de confidencialidad" con los grupos de
bonistas, pero según fuentes gubernamentales, la oferta es más atractiva
que la anterior, con un valor que supera los 50 dólares por cada 100
dólares de valor nominal e incluye un "endulzante": un cupón atado a sus
exportaciones agrícolas.
Argentina tenía como plazo el 12 de
junio para el canje, pero lo aplazó por tercera vez, ahora hasta el 19
de este mes. La gran mayoría de los acreedores rechazó la primera oferta
que contemplaba un plazo de gracia de tres años y una reducción de 62%
en intereses y de 5,4% en capital.
Argentina "debe ceder
más, hay que ver las distintas maneras de hacerlo, el cupón podría
ayudar, al gatillar un pago si las exportaciones alcanzan un cierto
nivel en dólares: si al país le entran más dólares, paga una determinada
cantidad de dólares extra", explicó Matías Rajnerman, economista jefe
de Ecolatina.
"Pero se necesitan señales más concretas", advirtió.
Argentina,
tercera economía de América Latina y uno de los mayores exportadores de
alimentos del mundo, cayó en cese de pagos el pasado 22 de mayo, por
novena vez en su historia, al no cancelar unos 500 millones de dólares
en intereses de tres de los bonos sujetos al canje. Sin embargo, al
continuar negociando, la artillería del default no se disparó.
El
país continúa "manteniendo proactivamente debates con distintos grupos
de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió
comentarios de inversores", señaló en un comunicado el ministro de
Economía, Martín Guzmán.
Para Labaqui, no es tan claro que el
conjunto de acreedores ceda tan rápido. "Argentina entró en default y ya
pasó casi un mes, y a pesar de intensas negociaciones, el gobierno no
logró cerrar un acuerdo. Esto es una clara señal de que algunos
tenedores de deuda tienen una postura negociadora bastante más dura",
apuntó.
Argentina cuenta con el apoyo del FMI, con el cual el país
tiene una deuda de 44.000 millones de dólares. La deuda pública
argentina totaliza unos 324.000 millones de dolares, equivalentes a casi
90% de su Producto Interno Bruto.
En esta renegociación de deuda
hay bonos de 2005 y 2010, producto de anteriores reestructuraciones
durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), y
también nuevos títulos emitidos a partir de 2016, durante el mandato de
Mauricio Macri (2015-2019).
Pero si los tiempos se alargan, otros
bonos caerían en default. Hay vencimientos previstos para fines de
junio, que contando el periodo de gracia podrían extenderse hasta fines
de julio.
"Me parece que una semana más o un mes más, en el
extremo, puede complicar un poco el corto plazo. Pero lo importante es
que la deuda sea sostenible a futuro; lo importante no es cerrar rápido,
sino cerrar un buen acuerdo", opinó Rajnerman.
Sin embargo, "si
las negociaciones se extienden mucho es un problema porque habrá más
incertidumbre y más vulnerabilidad", advirtió. El riesgo es que los
acreedores reclamen su pago ante los tribunales.
Acreedores de Argentina regresan con una nueva oferta
Algunos
de los mayores acreedores de Argentina presentaron una nueva propuesta
de deuda al Gobierno durante el fin de semana, a medida que las dos
partes se acercan a un acuerdo de reestructuración de 65.000
millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.
Ad
Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group presentaron una oferta
en la que acordaron aceptar pérdidas sobre una base de valor presente
neto de aproximadamente 44% a 46%, dijeron las personas, que solicitaron
anonimato porque las conversaciones son privadas.
También reiteraron la
necesidad de un incentivo vinculado al producto interno bruto de
Argentina, de acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario
Internacional.
Mientras
que la última versión se acerca a los niveles que busca el presidente
Alberto Fernández, permanece fuera del umbral que los funcionarios
argentinos están dispuestos a aceptar, dijeron algunas personas.
El
Ministerio de Economía había impulsado un plan la semana pasada que
solicitaba pérdidas de VPN de aproximadamente 50%, con un incentivo
vinculado a las exportaciones agrícolas. Algunos bonistas han expresado
su voluntad de llegar a un acuerdo con pérdidas de hasta 48%, dijeron
las personas.
Representantes
del Ministerio de Economía de Argentina y Exchange Bondholder Group
declinaron hacer comentarios, mientras que un portavoz de Ad Hoc
Bondholder Group no respondió a los mensajes.
Los
inversionistas y el Gobierno han reducido su brecha desde el default de
Argentina el 22 de mayo. Sin embargo, el camino hacia un acuerdo es
obstaculizado por los intereses en competencia de varios bonistas, el
FMI y funcionarios locales. Incluso el presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, se ha involucrado como intermediario entre
Fernández y Larry Fink de BlackRock Inc.
Una
de las incertidumbres persistentes es si los acreedores pueden llegar a
un acuerdo con el Gobierno sobre un incentivo. Algunos tenedores de
bonos apoyan las garantías de exportación porque creen que los datos
agrícolas son más transparentes y frecuentes que las cifras del PIB.
Incluso han discutido la contratación de agrónomos en Argentina para
obtener la mejor información sobre los ciclos de cultivo, dijeron las
personas.
Sin
embargo, otros acreedores advierten que los instrumentos son demasiado
impredecibles y que una garantía vinculada al PIB es la más adecuada,
especialmente porque el análisis de sostenibilidad de la deuda del país
se basa en estimaciones del PIB, dijeron las personas.
El
presidente Fernández dijo en una entrevista transmitida el domingo con
Radio 10 que el Gobierno está trabajando en un propuesta mejorada.
