OTTAWA.- La
imagen del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como feminista
comprometido con la reparación de las relaciones con las comunidades
indígenas de Canadá ha quedado gravemente afectada por un creciente
escándalo de tráfico de influencias que se ha saldado con la dimisión de
una de sus ministras, Jody Wilson-Raybould.
Wilson-Raybould
hizo historia en 2015 cuando fue nombrada por Trudeau como su ministra
de Justicia, la primera mujer de origen aborigen que ocupaba la cartera,
uno de los Ministerios más importantes e influyentes del país.
El
nombramiento de Wilson-Raybould como ministra de Justicia fue
interpretado por muchos como una muestra de que el compromiso de Trudeau
con la igualdad de las mujeres y la reparación de las relaciones con
las comunidades indígenas del país eran algo más que palabras.
Como
señalaron hace tres días las académicas Joyce Green y Gina Starblanket
en un artículo de opinión titulado "¿Dónde está nuestro primer ministro
feminista?", "la elección en 2015 de Justin Trudeau fue bienvenida por
muchos canadienses que estaban satisfechos con su retórica sobre un
nuevo tono positivo en el Gobierno".
Green
y Starblanket añadían entre esos ejemplos, "la reconciliación con los
indígenas, un Gobierno abierto y transparente, la moderación del poder
de la Oficina del Primer Ministro y el desarrollo de principios
feministas en la gobernación" y como el nombramiento de Wilson-Raybould
fue "un símbolo".
Pero
de la misma forma, la destitución de Wilson-Raybould como ministra de
Justicia el 14 de enero, según informaciones por negarse a ceder a las
presiones de Trudeau para favorecer a la constructora SNC-Lavalin, una
importante empresa del país, ha sido interpretada como una bofetada al
feminismo y a los indígenas.
Especialmente
después de que en un artículo publicado días después de su salida del
Gobierno, fuentes del Partido Liberal de Trudeau justificaron su
sustitución con frases que han sido interpretadas como sexistas y
racistas.
Según
las fuentes liberales, Wilson-Raybould "se había convertido en una
espina clavada en el gabinete" y era difícil trabajar con la ya
exministra y que "era conocida por reprender abiertamente a sus colegas y
alguien a la que otros tenían problemas de confiar".
Las
palabras de las fuentes liberales fueron criticadas por políticos de la
izquierda y derecha, incluidas diputadas del gobernante Partido
Liberal.
La
diputada liberal Celina Caesar-Chavannes señaló en Twitter que "cuando
las mujeres hablan, siempre van a ser etiquetadas. Adelante. Etiqueten.
No vamos a desaparecer".
Entre
la comunidad indígena, la reacción está siendo incluso más contundente
en defensa de Wilson-Raybould y las críticas a Trudeau más demoledoras.
Uno
de los jefes indígenas más importantes del país, Stewart Phillip,
declaró "con gran certidumbre que esta decisión decepcionante y
preocupante por parte del primer ministro ha resonado en todo el país".
Phillip
añadió: "Estamos tan orgullosa de ella (Wilson-Raybould). Y la
decepción es enorme. No creo que haya muchas personas que apoyen a los
liberales en la próxima elección federal", que está prevista para
octubre de este año.
Otra
líder indígena, Cheryl Casimer, ha declarado que la salida de
Wilson-Raybould del Gobierno "señala que el primer ministro ya no está
comprometido a la reconciliación y a volver a forjar la relación de
Canadá con los pueblos indígenas como una prioridad".
Como
un comentarista indígena señaló, supuestamente parece que para Trudeau
es más importante la empresa SNC-Lavalin que las relaciones con los
indígenas canadienses.
El
escándalo estalló hace dos semanas cuando el periódico The Globe and
Mail publicó un artículo que se ha convertido en una auténtica bomba
informativa: Trudeau sustituyó a Wilson-Raybould porque ésta no aceptó
presiones para ofrecer un trato preferencial a la compañía SNC-Lavalin,
la empresa de ingeniería y construcción más importante del país.
SNC-Lavalin,
que ha sido vetada por el Banco Mundial por pagar sobornos en países en
desarrollo, está acusada en Canadá de pagos al régimen libio del
fallecido líder Muamar el Gadafi y se enfrenta a una condena criminal
que impediría que pueda participar en contratos públicos en Canadá.
Durante
meses, SNC-Lavalin cabildeó para que la Fiscalía le ofrezca un acuerdo
de enjuiciamiento diferido, que evitaría una condena criminal y le
permitiría seguir participando en lucrativos contratos públicos en
Canadá.
La
Fiscalía canadiense se ha negado a ofrecer a SNC-Lavalin ese acuerdo lo
que, según The Globe and Mail provocó la intervención de la Oficina del
Primer Ministro ante Wilson-Raybould.
Trudeau
ha negado cualquier presión sobre Wilson-Raybould. Pero la gestión de
la crisis está poniendo en peligro la imagen del primer ministro que se
define como feminista pocos meses antes de que convoque elecciones
generales en el país.
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