BUENOS AIRES.- La
ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que sacó adelante
el Gobierno argentino del peronista Alberto Fernández se aprobó este
sábado después de una ardua y prolongada discusión en el Parlamento, con
cruces entre el oficialismo y la oposición.
Mientras
el Ejecutivo ha insistido en que la ley es necesaria para poner a
"Argentina de pie" -el lema de campaña de Fernández-, la coalición
opositora Juntos por el Cambio ha criticado el proyecto, entre otras
cosas porque considera que otorga "superpoderes" al Gobierno, e incluso
la izquierda lo ha criticado porque, además de eso, considera que sigue
beneficiando a empresas y no a los trabajadores.
Tanto
la Cámara de Diputados como el Senado dieron su sí a la ley, por lo que
entrará en vigor. Aquí van algunas claves del proceso:
La
ley con la que se estrena Alberto Fernández, cuya vicepresidenta es
Cristina Fernández, declara una emergencia múltiple en un país que vive
una severa crisis económica desde abril de 2018, con alta inflación,
devaluación de la moneda local, el desempleo en el 9,7 %, la pobreza
alrededor del 40 % y una elevada deuda. El Gobierno quiere renegociar
los plazos de pago de gran parte de ella con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), que en 2018 otorgó un crédito de 56.300 millones de
dólares a Argentina.
En
el mismo texto, se declara que el país se encuentra en emergencia
"económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional
(jubilatoria), tarifaria, energética, sanitaria y social". Un total de
nueve emergencias distintas.
Los
diputados del macrista Juntos por el Cambio han criticado con dureza
que el proyecto de ley de solidaridad lleva consigo una ampliación de
los poderes del Ejecutivo. "Facultar" es uno de los verbos que más
aparece en el documento: se atribuye a los ministerios la capacidad de
dictar normas complementarias a la ley principal.
Para
evitar más discordia de la ya existente, el Gobierno aceptó eliminar
uno de los artículos más polémicos del proyecto, el número 85, que en un
principio facultaba al Ejecutivo a "efectuar el rediseño organizacional
de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la
modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos
descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores,
objetivos, funciones, atributos y competencias".
El diputado opositor Luis Petri llegó a decir que aprobar el proyecto daría "un cheque en blanco" al Gobierno.
Uno
de los puntos de la ley sobre los que más se ha discutido desde que el
nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara el proyecto, es el
impuesto a la compra de moneda extranjera, en un país donde la mayoría
de la población que puede ahorrar lo hace en dólares, producto de la
debilidad del peso argentino.
La
ley prevé un recargo del 30 % para la compra de divisa extranjera y
además se impone otro 30 % a la compra de viajes al exterior, así como
para las compras con tarjetas bancarias argentinas en el extranjero.
Durante
la sesión en la Cámara de Diputados se introdujo un cambio de última
hora, puesto que se decidió eximir de la medida a los billetes comprados
en pesos a países fronterizos.
Alberto
Fernández ha recalcado mediante su cuenta en Twitter que desde el
Gobierno quieren ser "claros y transparentes" en sus propósitos, e
indicó que solo les importa que "la solidaridad de los que más tienen
ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la
están pasando mal".
El
presidente celebró la media aprobación de la ley en la Cámara de
Diputados, al asegurar que ésta da un paso para "acotar el aumento de
tarifas del gas y la luz, ofrecer planes de regularización impositiva
para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y atender la emergencia
sanitaria", así como que va "en auxilio" de los que cobran la jubilación
mínima.
Martín
Guzmán, por su parte, dijo que si no se sanciona la ley, sería muy
difícil para el país tener las condiciones que necesita para empezar las
conversaciones con el FMI, ya que Argentina tiene una carga de deuda
"imposible de sostener" y, para ello, tiene que mostrar que puede
establecer un sendero fiscal y externo consistente.
La
oposición, casi en bloque, considera que la ley significa un ajuste que
golpea en concreto a los jubilados. El Gobierno, a través del ministro
de Economía, aseguró que quiere "mejorar la situación de los jubilados",
pero indicó que se da de plazo los próximos 180 días para encontrar una
solución definitiva.
El
minoritario Frente de Izquierda, encabezado por Nicolás del Caño,
también advirtió de que el texto le da "superpoderes" al Gobierno, y se
centró en criticar que la ley sigue afectando a personas como los
jubilados con unos ingresos ligeramente superiores a la mínimos,
mientras que "no les tocan un centavo" a empresas como las petroleras y
los bancos.
El
nuevo esquema planteado por el Ejecutivo levantó ampollas también en
sindicatos como el de los trabajadores de la educación argentinos, que
aseguró que a los jubilados del rubro les perjudica mayoritariamente la
ley, por sus características, más allá de los bonos de 5.000 pesos que
la ley prevé para los dos próximos meses.
Del
Caño coincidió, paradójicamente, con el diputado macrista Waldo Wolff,
en apuntar al elevado sueldo de los diputados. Wolff pidió que, ya que
les van a "congelar" las jubilaciones a muchas personas, también se
congelen los sueldos de "todos los políticos" de Argentina en 2020.
En
otra polémica modificación durante la sesión de la Cámara Baja, se
decidió que el ajuste en las jubilaciones no afecte por el momento a ex
altos cargos políticos y judiciales, pero Fernández se comprometió a
tratar un proyecto de ley que "termine" con las jubilaciones de
privilegio en el futuro.
En
el proyecto de ley, el Gobierno se da 180 días para sentar las bases de
la solución a la crisis. Ese será el tiempo que regirá un congelamiento
de tarifas.
Después
de ese tiempo, el Ejecutivo peronista se planteará modificar tanto esas
medidas como el ajuste de otros gastos como las jubilaciones y las
prestaciones sociales.
Desde
que se reveló el proyecto, que se suma a la ya existente restricción
cambiaria impuesta por Macri y que limita la compra de dólares a 200 por
mes, el precio de la moneda estadounidense se elevó en el mercado
negro, aunque retrocedió un poco el viernes: mientras el dólar oficial
se vende por 63 pesos, el llamado dólar informal o dólar "blue" cerró el
viernes a 75 pesos, mientras un día antes había alcanzado los 75,75
pesos.
