LA PAZ.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado este viernes la
existencia de un supuesto operativo impulsado por Estados Unidos y
apoyado por el Ejecutivo del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz,
para arrestarlo o incluso acabar con su vida, en medio de la creciente
tensión política y social que atraviesa el país.
"EEUU ordenó al Gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar,
con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o
matarme", ha afirmado Morales en un mensaje publicado en en redes
sociales, donde además ha acusado a autoridades bolivianas y
estadounidenses de promover una campaña de "difamación, insultos y
acusaciones sin pruebas" en su contra.
El exmandatario ha señalado entre los presuntos impulsores de
esta operación al exministro de Gobierno Carlos Sánchez y al
viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, asegurando además
que efectivos militares y agentes extranjeros se encuentran desplegados
en la región del Trópico de Cochabamba.
Asimismo, Morales ha
señalado que miembros de Inteligencia del Ejército y agentes antidroga
estadounidenses habrían preparado un operativo para capturarlo entre el
viernes y el sábado. "Yo digo que me procesen, que me detengan, ojalá no
me maten", ha declarado durante su programa de radio, según ha recogido
la prensa boliviana.
El líder indígena ha rechazado también
las acusaciones del Ejecutivo que lo vinculan con protestas violentas y
con presuntos nexos con el narcotráfico, y ha aseverado que el Gobierno
busca justificar una militarización de las zonas donde mantiene respaldo
político.
Actualmente, pesa sobre Morales una orden de
aprehensión por un caso relacionado con trata de personas con agravante,
causa por la que la Fiscalía de Bolivia ha confirmado este martes que
solicitará una pena de 20 años de cárcel para el expresidente, en el
marco del proceso judicial por la relación que mantuvo con una entonces
menor de edad durante el final de su etapa presidencial.
Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en
pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, no ha
acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que viene
acusando, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado
un caso en su contra.
Las declaraciones de Morales se producen después de que el Gobierno
endureciera su discurso frente al expresidente y los sectores
movilizados en las últimas semanas.
En esta línea, Paz ha
apuntado este viernes que quienes intenten "destrozar la democracia"
deberán responder ante la Justicia.
"Esos que intentan desde el pasado
destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la
democracia está por encima de cualquier interés personal", ha expresado
durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según ha
informado el diario boliviano 'El Mundo'.
El mandatario ha
defendido además que Bolivia atraviesa un proceso democrático
"irreversible".
"Le guste o no le guste al que quiera desmontar o
destruir a la patria democrática", ha añadido.
En paralelo, el
Gobierno ha intensificado sus acusaciones contra Morales y el denominado
'evismo'.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha atribuido las
protestas y bloqueos registrados en el país a "un plan macabro"
financiado por el narcotráfico y orientado a desestabilizar las
instituciones democráticas, de acuerdo con la Agencia Boliviana de
Información (ABI).
"Estas fuerzas oscuras quieren
desestabilizar la democracia", ha insistido Gálvez, quien ha
responsabilizado además a Morales de las muertes registradas durante las
movilizaciones y ha advertido de que quienes "conspiren contra la
democracia" deberán afrontar consecuencias judiciales.
En
Bolivia, las protestas y bloqueos continúan afectando a distintas
regiones del país en un escenario de creciente polarización política,
marcado por la crisis económica, la escasez de combustible y las
disputas internas dentro del oficialismo boliviano.