WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald
Trump, firmó hoy una ley que permitirá la liberación de miles de presos
y supone la mayor reforma en décadas del sistema penal de EE.UU., que
tiene entre rejas a 2,2 millones de personas.
"La
reforma del sistema penal, todo el mundo decía que no podía conseguirse.
Y nosotros lo hemos logrado", dijo Trump a la prensa durante una
ceremonia en la Casa Blanca para rubricar la ley.
Trump ha jugado un papel fundamental en la reforma
porque ha conseguido cambiar la postura tradicional de los legisladores
republicanos, quienes durante años han defendido la necesidad de un
sistema penal duro y que, bajo el Gobierno del presidente Barack Obama
(2009-2017), se resistieron a aprobar un cambio similar.
Durante la campaña de 2016, Trump prometió un sistema penal basado en
la "ley y el orden", pero su yerno y asesor presidencial, Jared Kushner,
logró convencerle para que respaldara el esfuerzo de un grupo de
senadores demócratas y republicanos para cambiar el sistema carcelario.
En la ceremonia para firmar la norma estaba Kushner, quien se
enorgulleció de haber podido representar a quienes están entre rejas y
no pueden luchar por ellos mismos.
Kushner conoce
bien el sistema penal porque su padre, un magnate inmobiliario, tuvo que
ingresar en la cárcel en 2005 por evasión fiscal, intimidación a
testigos y donaciones ilegales a campañas políticas.
La iniciativa, bautizada como "ley del primer paso", fue aprobada esta
semana en el Senado y la Cámara de Representantes con el apoyo de
republicanos y demócratas.
La legislación supone el
mayor cambio en décadas al sistema penal de EE.UU., país que en la
década de los años 80 aprobó leyes para endurecer el castigo por tráfico
de drogas y vio cómo su población carcelaria pasaba de 500.000 a los
2,2 millones de personas actuales.
La "ley del primer
paso" acabará con una disposición que obliga a los jueces a sentenciar a
cadena perpetua a aquellos que han sido condenados tres veces por
delitos de drogas; de forma que a partir de ahora esos acusados
recibirían 25 años de prisión, en vez de un castigo de por vida.
Además, la iniciativa prohíbe que las mujeres embarazadas sean
inmovilizadas con grilletes y veta el uso del régimen de aislamiento
para los menores encarcelados.
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