La votación se ha saldado finalmente con 84 votos a favor y 30 en
contra durante un pleno que ha tenido que ser temporalmente suspendido
por una pelea entre diputados oficialistas y opositores.
Mientras, las
calles de Tiflis, la capital, han vuelto a llenarse de manifestantes
contrarios a la medida, quienes denuncian que esta legislación aleja al
país de la senda hacia la integración europea.
La normativa, llamada Ley
de Transparencia de Influencia Extranjera, es similar a la legislación
rusa de «agentes extranjeros», con la que Moscú marca a los críticos
contra el Gobierno.
La ley obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades
similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del
exterior a registrarse como «agentes que defienden los intereses de
fuerzas extranjeras».
En caso de no registrarse serán sujetas a multas
cuantiosas. Las autoridades georgianas, que han impulsado esta medida,
siguen defendiendo que esta cumple únicamente el principio de
transparencia y que, por ello, mejorará la soberanía y acercará al país a
la Unión Europea. Sin embargo, la comunidad internacional ha criticado
la medida y han prometido una «respuesta» al considerar que se trata de
un paso hacia el «autoritarismo».
El texto es el mismo que en 2023 aunque con algunas modificaciones y
ha provocado numerosas protestas desde el pasado 15 de abril. No
obstante, ya el año pasado la oposición y parte de la sociedad se
manifestó en contra de esta propuesta legislativa por ser una muestra de
simpatía hacia Moscú. Los manifestantes llevan manifestándose desde el
pasado 15 de abril con eslóganes como «no a la ley rusa» y «no al
Gobierno ruso».
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