"Deseo, en nombre de la misión que me confía el artículo 5 de la Constitución, que las disposiciones de la ley solo puedan aplicarse después de que el Consejo Constitucional haya verificado que respetan los derechos y libertades que garantiza la Constitución", ha indicado en la solicitud, según ha recogido France Info.
El texto, fechado a 21 de diciembre --un día después de la votación en la Asamblea Nacional--, pero remitido a 26 de diciembre, permitirá así despejar las dudas que expresó la pasada semana la primera ministra, Elisabeth Borne, sobre la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones.
"Por ejemplo, se prevé que si mañana alguien se casa con un canadiense o un japonés, no pueda venir a Francia si no habla bien francés", resaltó durante una entrevista con France Inter, agregando que el objetivo del proyecto de ley era proponer "medidas útiles" y "eficaces".
Además, negó que hubiera una "crisis de la mayoría", alegando que casi el 80 por ciento de los diputados que habitualmente apoyan al Gobierno votaron a favor.
Por contra, tanto la derecha clásica como la ultraderecha reivindicaron como una victoria ideológica los cambios introducidos al texto en una comisión mixta de diputados y senadores.
Entre quienes evidenciaron su malestar figura el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, y aunque Borne afirmó en su entrevista que el presidente, Emmanuel Macron, no había recibido ninguna petición de dimisión, finalmente la renuncia terminó por confirmarse.
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