En noviembre de
2017, durante una cumbre en la ciudad sueca de Gotemburgo, las tres
instituciones comunitarias principales (Comisión, Parlamento y Consejo,
que reúne a los países) proclamaron el pilar, veinte principios sobre
igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral.
El texto
aborda políticas sobre vivienda, educación o servicios sociales y
contiene disposiciones para garantizar la protección de los
trabajadores, los desempleados, las personas con rentas bajas, los niños
procedentes de entornos desfavorecidos y personas dependientes o sin
techo.
Sin embargo, esa compilación no presenta un desarrollo concreto.
Ya
cuando en 2017 se proclamó en Gotemburgo, el entonces presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamó que no se considere "un
poema".
La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) también pidió
"inmediatamente" el plan de acción para su implementación porque el
pilar tenía "muy pocas iniciativas legislativas vinculantes", recuerda su secretario general, Luca Visentini.
No obstante, han pasado más de tres años desde la cumbre social en Suecia y el plan de acción no se conoce.
Está
previsto publicarlo el 3 de marzo, pero la Comisión Europea sí ha
presentado propuestas para implementar el pilar, tanto durante el
mandato de Juncker como durante el de Ursula von der Leyen.
De hecho,
la alemana se comprometió a presentar el plan de acción en su discurso
en la Eurocámara antes de ser elegida presidenta.
El comisario de
Empleo, Nicolas Schmit, asegura que el plan de
acción "debería ser una gran oportunidad para reunir a muchas partes
interesadas y ver cómo deberíamos reconstruir la economía tras esta
crisis y cuál es el lugar de la dimensión social", que "no puede estar
solo en los márgenes".
Visentini explica que el plan de acción se ha
pospuesto de enero a febrero y, finalmente, al 3 de marzo, pero
considera que esos retrasos están justificados porque "la Comisión
Europea quiere consultar a los Estados miembros y los agentes sociales
antes" de publicarlo.
Una vez presentado el plan, el objetivo es
comprometerse con su implementación durante una nueva cumbre social en
Oporto el 7 de mayo, seguida de una reunión informal de jefes de Estado y
Gobierno un día después.
"Lo que esperamos de esta cumbre es que
habrá una especie de compromiso conjunto cofirmado por la presidencia
portuguesa, es decir, António Costa, el primer ministro; la presidenta
(de la Comisión, Ursula) von der Leyen, y los agentes sociales sobre
nuestro apoyo al plan de acción", comenta Visentini.
Añade que al día
siguiente "también los Estados miembros deberían acordar una especie de
declaración conjunta en la que aceptan implementar el plan".
"Todo
esto es bastante prometedor para el pilar porque asegura que no se trata
solo de la buena voluntad de esa o aquella Comisión, de que ese o aquel
Gobierno haga algo para implementar el pilar social, sino que hay un
compromiso general que implica a las instituciones europeas, los Estados
miembros y los agentes sociales", señala.
Portugal
ha incluido entre sus prioridades implementar el pilar "como un
elemento clave para garantizar una transición climática y digital
justa", según recoge la web de la presidencia.
Lisboa apuesta por
"dar un significado concreto al Pilar Europeo de Derechos Sociales en la
vida de los ciudadanos" y por organizar la cumbre de Oporto para
proporcionar "impulso político" a la implementación del documento y al
plan de acción.
Desde la patronal europea
BusinessEurope, su director de Asuntos Sociales, Maxime Cerutti, dice
que el plan de acción "necesita dar prioridad a medidas que apoyen
el empleo y lidien con el impacto de la crisis de la COVID-19".
En
ese sentido, plantea mejorar "la eficiencia" de los servicios públicos
de empleo y pone el acento en mejorar la calidad y eficacia de la
provisión de formación y educación vocacional, y en implicar a los
empresarios en esa tarea orientada a actualizar el currículo y las
habilidades de los empleados, dadas las transformaciones del mercado
laboral.
Asimismo, opina que el proceso del semestre europeo, el
ciclo de coordinación económica mediante el que Bruselas emite
recomendaciones a los países, "debería estar en el corazón del plan de
acción", pues en su opinión es "el instrumento adecuado para implementar
el pilar".
También señala que las iniciativas incluidas en el plan
de acción "deben llevarse a cabo en el nivel adecuado, teniendo en
cuenta que la Unión Europea, los Estados miembros y los agentes sociales
tienen roles claramente definidos en lo que se refiere a la política
social, como está establecido en los tratados".
De hecho, subraya la
importancia de tomar medidas "lo más cerca posible de los interesados",
como las empresas y los trabajadores.
Igualmente, considera
"esencial" que en estos próximos meses, antes de la cumbre de Oporto, la
Comisión y el Consejo trabajen con los empresarios y los trabajadores
para identificar cuestiones prioritarias.
"El primer escenario es que
el plan de acción que va a proponer la Comisión Europea sea el
resultado de un ejercicio cuatripartito en el que la Comisión, el
Consejo, los empresarios y los sindicatos europeos avanzan hacia un
entendimiento compartido de lo que constituye un valor añadido europeo
en términos de políticas sociales y de empleo", explica, para añadir que
el segundo escenario se produciría si las instituciones comunitarias
proponen acciones que dividan a los agentes sociales.
Desde
ETUC, su secretario general, Luca Visentini, considera que, a pesar de
las acciones que ha ido anunciando Bruselas, el plan de acción aún es
necesario porque su organización busca "comprometer, en especial, a los
Estados miembros, no solo a la Comisión, a hacer algo sobre el terreno
para implementar el pilar".
Entre sus prioridades para el plan,
menciona la trasposición a las legislaciones nacionales de normas
sociales que ya se han acordado en el nivel comunitario.
En segundo
lugar, subraya la importancia de que los legisladores comunitarios
(Eurocámara y países) aprueben nuevas iniciativas, como la de salarios
mínimos que la Comisión presentó en octubre. También pide una directiva
sobre los trabajadores de plataformas o legislación europea sobre el
teletrabajo.
Igualmente, considera necesaria una legislación europea
que garantice una conducta responsable de las empresas, en particular,
de las multinacionales, en lo referente al respeto de los derechos de
los trabajadores, incluidos los sindicales o de protección social.
Añade
que ese punto es relevante también en el contexto de los procesos de
reestructuración durante la pandemia y de la transición digital y
ecológica, que "no deberían dejar a los trabajadores desprotegidos" ni
"conducir a grandes despidos".
"Muchas cosas deberían ser incluidas,
al menos como una dirección, como una hoja de ruta", apuntala, si bien
reconoce que hay "algunos Estados miembros, pero también algunas
organizaciones empresariales, que son más reticentes que otros a
comprometerse con la implementación adecuada".
Agrega que por ese
motivo, la presidencia portuguesa "es muy prudente en el modo de
proceder" y no está pidiendo a cada Estado miembro "aprobar el plan de
acción", que será una comunicación unilateral de la Comisión.
Reconoce
que el compromiso general con el plan de acción "es menos vinculante,
pero al mismo tiempo es el único modo de lograr un consenso unánime".
Por
otro lado, para dar a conocer el pilar entre la población, pide a los
Gobiernos que se "adueñen" del plan de acción y la implementación tenga
lugar a nivel nacional para asegurar que llega a la "realidad".
"Hay necesidad (...) de hacer entender a la gente que de todo esto puede surgir algo positivo", comenta.
sábado, 20 de febrero de 2021
El pilar social de la UE, un desconocido que Portugal busca relanzar
BRUSELAS.- La presidencia semestral portuguesa de la Unión Europea (UE) se ha
propuesto poner el acento en la política social y, en ese sentido,
pretende impulsar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, una iniciativa
anunciada hace más de tres años, pero aún incompleta.
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