BUENOS AIRES.- La
decisión de un fiscal de imputar al presidente argentino, Mauricio
Macri, y parte de su Gobierno por "abuso de autoridad", al haber firmado
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin consultar al
Congreso, elevó hoy el desconcierto social con la situación económica y
el futuro del país.
Según
dijo el propio procurador, Jorge di Lello, su decisión de
impulsar la investigación se debe a la sospecha de que la negociación
del Ejecutivo con el FMI -para obtener el crédito de 50.000 millones de
dólares concedido en junio pasado- se hizo "de manera irregular" por no
tener autorización del Poder Legislativo.
En
concreto, el fiscal se basa en la denuncia presentada por el economista
y exdiputado de izquierda Claudio Lozano y el abogado Jonatan
Baldiviezo, quienes en horas de la madrugada de este miércoles fueron
los encargados de difundir a la prensa la resolución del Ministerio
Público, que tiene como firma el 28 de agosto pasado.
"Nuestra
constitución establece que es el Congreso el que tiene la facultad
únicamente para tomar deuda pública y para hacer convenios con
organismos internacionales", contó a Efe Baldiviezo, presidente del
Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Según
agregó, el Gobierno basó su justificación de tomar unilateralmente la
decisión de ir al FMI en que existía una ley de administración
financiera de la década de 1990 que autorizaba al Ejecutivo a "realizar
acuerdos con organismos internacionales de los cuales Argentina formaba
parte para tomar deuda pública".
"Solo
que esas delegaciones del Congreso al poder Ejecutivo caducaron en
2010. Lo que está haciendo el Gobierno es ocho años después revivir
normas que habían muerto jurídicamente", concretó el abogado.
Sobre
la firma con el FMI, el oficialismo ya declaró semanas atrás que no es
una materia sobre la que el Congreso tenga competencia para decidir.
La
investigación de Di Lello, cuyo devenir dependerá de que si el juez
federal Julián Ercolini le da el visto bueno, se da en medio de las
renegociaciones en Washington entre el Gobierno y el FMI para acelerar
el cobro de una nueva partida de los 50.000 millones de dólares, tras la
entrega de los primeros 15.000 en junio pasado.
Macri
reitera que este acuerdo es la vía para lograr salir de la "tormenta"
económica que afecta al país y busca con estas nuevas conversaciones
hacer frente al agravamiento de la devaluación que sufre el peso desde
finales de abril pasado, que está generando grandes desequilibrios y
afectando en gran medida a la inflación y a la actividad económica.
Además
del jefe de Estado, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros,
Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente
del Banco Central, Luis Caputo, y "todo aquél que el devenir de la
investigación indique como partícipe o responsable".
"Considero
que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico,
por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y
realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo
sucedido", añadió Di Lello en su dictamen oficial.
Lozano
y Baldiviezo habían pedido en su denuncia que hasta que se resuelva la
situación legal del acuerdo se suspenda cautelarmente la ejecución del
crédito y que el Gobierno se abstenga de "futuros retiros o solicitud de
fondos" de ese programa y del uso de los fondos de dinero ya
transferidos.
Al
respecto, el fiscal afirmó que dejó a criterio de Ercolini
decidir si corresponde dictar estas medidas y así evitar los perjuicios
económicos y sociales que los denunciantes afirman acarreará el acuerdo
-por el ajuste fiscal que implementará el Gobierno-, o permitir que siga
adelante.
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