QUITO.- La
Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó hoy la derogación de
la Ley de Plusvalía, en vigor desde 2016 y cuya eliminación fue resuelta
en una consulta popular y referendo celebrado en febrero, tirando abajo
así otro de los emblemas del correísmo.
Con
97 votos a favor y 18 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó hoy
la "derogatoria" de la Ley de plusvalía, señaló el Legislativo en un
comunicado.
Con
ello, el Parlamento se allanó a la voluntad popular expresada en las
urnas durante el referendo del pasado 4 de febrero, cuando un 63 por
ciento de los electores aprobaron la pregunta número 6 sobre la ley que
pretendía evitar la especulación del suelo.
"¿Está
usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la
Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos,
conocida como "Ley de Plusvalía", según el Anexo I?", se preguntó a los
ecuatorianos en la consulta que incluía otras seis inquietudes sobre
diversos temas.
La
polémica normativa sobre la plusvalía, aprobada durante el Gobierno del
expresidente Rafael Correa (2007-2017), generó rechazo de grupos de
oposición de derechas, sindicatos y gremios de la construcción, por
considerar que desalentaba el empleo y afectaba al sector inmobiliario.
"Estamos
trabajando por la reactivación de un sector importante de la economía
del país, que está ligado a la generación y multiplicación del empleo",
aseguró durante el debate de hoy el legislador Fernando Burbano, del
movimiento de centro derecha CREO.
Explicó
que la construcción aglutina a un contingente de trabajadores y que
proporciona beneficios a un sinnúmero de otras actividades que dinamizan
la economía nacional.
Burbano
destacó el efecto multiplicador del sector, por lo que aseguró que,
además de derogar la Ley de Plusvalía, se debería determinar a futuro
incentivos que favorezcan el crecimiento del sector inmobiliario.
"El
pueblo demanda leyes que reactiven la economía familiar de los miembros
de su hogar", añadió y dijo que la ley anterior no logró atacar la
especulación del suelo, como quería combatir.
De
su lado, el legislador oficialista Ricardo Zambrano coincidió en que la
anterior normativa afectó a la construcción y al encadenamiento
productivo que genera esa actividad.
"Es
una actitud de vanidad mantener una ley que no ha dado los frutos
esperados", añadió Zambrano al ratificar el derecho de los ecuatorianos a
una vivienda.
De
su lado, el oficialista Rodrigo Collaguazo aseguró que el sector
privado tiene ahora que cumplir su parte y generar las plazas de empleo
que se perdieron con la aplicación del anterior cuerpo legal.
Y
es que, según un informe de la comisión que preparó el debate sobre la
derogación de esta normativa, con la aplicación de la Ley anterior se
habrían perdido unos 140.000 empleos y producido una contracción de
1.500 millones de dólares en el sector de la construcción.
Collaguazo, al respecto, aseguró que se habrían afectado unos 300.000 empleos directos e indirectos en un año y medio.
Por
su parte, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, del movimiento
Revolución Alfarista, que defiende la gestión del expresidente Correa,
justificó la normativa que, según dijo, "buscaba controlar" la
especulación en la que se socializan las pérdidas y se privatizan las
ganancias.
Lloret
se apoyó en documentos de la conferencia sobre "Hábitat" desarrollado
por Naciones Unidas en Ecuador, el año pasado, en el cual se
comprometieron a combatir y prevenir la especulación del suelo.
La
también correísta Lira Villaba expresó que debe respetarse la
democracia. "Ojalá en algún tiempo, no muy lejano, exista más conciencia
social y dejemos de mimar tanto a la aristocracia. Seguimos sin decidir
para las grandes mayorías", acentuó.
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