
El mandato de la Fiscalía General del Estado que ha generado la práctica de nuevas diligencias de prueba deriva de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería que, en septiembre de 2008, declaró nula la licencia municipal de obras y resolvió la remisión del expediente al Ministerio Publico para deducir testimonio, según informó a Europa Press la responsable de Costa de Greenpeace, Pilar Marcos.
El fallo del magistrado Jesús Rivera, que ordenó hace tres años la paralización cautelar de la actividad constructiva en el hotel, estima "incontestable" que el inmueble se ubica de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable" pese a lo sostenido por la Consejería de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, "no incompatible con el uso urbanístico".
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