En medio de
amenazas a la paz y la seguridad del país, localizadas en áreas
puntuales de la geografía libia, los esfuerzos de los principales
agentes internacionales (diplomáticos, políticos, económicos…)
parecen convergir para que, en los primeros meses del próximo año,
Libia recupere la estabilidad y la paz perdidas poco después de
la caída del régimen dictatorial de Muanmar el Gadafi.
Por lo menos, el factor material más importante – los ingresos por petróleo – está en condiciones de ayudar a la ansiada estabilidad.
En
efecto, los ingresos por el comercio del petróleo libio en octubre
pasado reportaron a las arcas de la Corporación Nacional del Petróleo
(CNP) $2.870 millones, un incremento de $1.210 millones respecto al mes
anterior. El presidente de la corporación, Mustafá Sanalla, aseguró que
“la CNP mantiene una producción estable, independientemente de otros
desafíos nacionales”.
El ingreso estimado para el conjunto del año es de
$23.700 millones. Sin embargo, Sanalla advirtió el 30 de noviembre que
los depósitos de la corporación en el Banco Central de Libia necesitan
“más transparencia por parte de los actores estatales, en cuanto a los
recursos que se les asignan y cómo los gastan en todo el país”.
Sanalla tiene sus detractores, que le exigen dé cuenta de los
contratos que la corporación adjudica a firmas extranjeras, y critican
que las nacionales raramente son favorecidas por los contratos de la
CNP.
Esa observación también remite a la última amenaza contra la
seguridad del sector energético: la reciente ocupación y subsiguiente
cierre del campo de Sharara, el más productivo del país (315.000 b/d)
por un titulado ‘Batallón 30’ con apoyo de la población y con un costo
para la economía de $32,5 millones/día.
Sharara se halla situado en el
suroeste del país. Esta acción ha sido presentada por sus autores como
protesta contra lo que consideran olvido de las necesidades de todo tipo
de las poblaciones del interior: empleo, salud, suministros, etc.
El
interior mantiene históricamente recelos sobre el supuesto favoritismo
de los gobiernos hacia las regiones norteñas, en términos de
inversiones, desarrollo y bienestar, lo que crea desafección respecto de
los gobiernos que se han ido sucediendo en Trípoli, y en Tobruk, donde
se han mantenido durante años un gobierno y un parlamento paralelos.
La preparación de una salida constitucional para el país, según el
Acuerdo para un Gobierno Nacional patrocinado por las Naciones Unidos
desde finales de 2015, ha registrado una cierta aceleración.
Su
presidente, Fayez Sarraj, ha pedido a las autoridades civiles y
militares bajo su autoridad la preparación de un plan de seguridad para
la celebración de un referéndum constitucional que debería refrendar el
proyecto de constitución aprobado en febrero de este año, por 43 votos
contra 17.
La Constitución necesita ser aprobada por dos tercios de los
votos, y se espera celebrar elecciones generales bajo el régimen
constitucional en junio de 2019.
El problema ahora es alcanzar el consenso entre una mayoría de
fuerzas políticas, en una situación en que muchas de ellas están
alineadas con facciones regionales y religiosas, en un ambiente
fuertemente coartado por los grupos armados. El propio gobierno
internacionalmente reconocido, el presidido por Sarraj, debe transar
muchas de sus iniciativas con las milicias y partidas armadas que
controlan gran parte de la capital, Trípoli.
Problema adicional es la dotación de recursos para la Alta Comisión
Nacional Electoral, cuyo presidente, Emad al-Sayah, acaba de declarar
que esos recursos “son en estos momentos cero”, y se requieren, dijo, 40
millones de dinares ($28,7 millones). Se especula con la posibilidad de
que el referéndum se celebre a partir de febrero próximo.
Alcanzar esa meta requiere un considerable esfuerzo en busca del
apoyo internacional, al objeto de que el caos interno no se prolongue
después de aprobada la constitución, lo que haría que el pueblo perdiera
la fe en la democracia.
Sarraj realizó a primeros de diciembre visitas en busca de apoyo a
Jordania, Kuwait y Bruselas. En esta capital se reunió con Federica
Mogherini, comisionada para Asuntos Exteriores de la Unión, y el
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Esta última visita
refleja la preocupación que desde el punto de vista de la seguridad
sigue causando la situación libia.
Problema éste que ha suscitado un
enérgico comunicado del departamento de Estado de los Estados Unidos,
instando a las fuerzas que tomaron Sharara a que lo abandonen. Lo que
puede interpretarse como un mero recordatorio de que las fuerzas áreas
de los EE.UU. realizan frecuentes ataques contra grupos armados libios.
(*) Periodista
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