Un estudio de la ONU sitúa a España entre los países con legislación de costas más dura para los ciudadanos

 GINEBRA.- La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha presentado en Ginebra los resultados preliminares de un estudio internacional sobre la regulación del suelo en zonas colindantes con masas de agua, en una jornada que ha contado con la participación de expertos académicos y representantes gubernamentales de distintos países.

Entre los asistentes se encontraban 54 asociaciones costeras españolas, invitado por la UNECE por su representatividad de colectivos afectados por la aplicación de la Ley de Costas y por la falta de inversión y mantenimiento en el litoral español.

El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza seis ámbitos: titularidad del suelo adyacente a masas de agua, competencias administrativas, cambios en la propiedad y mecanismos de transmisión, implicaciones vecinales y comunales y su vertiente registral. El estudio recoge respuestas de hasta 26 Estados.

Tras esta presentación, la UNECE prevé publicar el estudio definitivo junto con sus conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que los Estados puedan evaluar y, en su caso, alinear sus marcos normativos con los criterios que se establezcan.

Titularidad del suelo y dominio público

Según los resultados preliminares, los terrenos situados frente al mar están, en la mayoría de los países analizados, sujetos a regímenes regulatorios específicos, con una prevalencia de la titularidad pública (en torno al 51 %) frente a la propiedad privada sometida a restricciones (aproximadamente el 31 %). Estos enfoques regulatorios se aplican principalmente en el ámbito costero, aunque también se extienden a ríos y lagos bajo distintos regímenes jurídicos.

El estudio identifica como un aspecto relevante el derecho de propiedad en las zonas costeras y la frecuencia de cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público, un fenómeno reportado por más del 80 % de los Estados encuestados.

Mecanismos de transferencia y efectos sobre los derechos

El informe señala que las transferencias de terrenos privados al sector público no se producen exclusivamente mediante expropiación, sino también a través de venta, donación o herencia, lo que da lugar a titularidad pública en aproximadamente la

mitad de los casos. Asimismo, indica que los mecanismos de expropiación no suelen aplicarse del mismo modo que en otros supuestos de interés público, como las infraestructuras viarias, lo que ha favorecido la configuración de un estatus específico de los terrenos costeros de titularidad pública.

En torno al 20 % de las respuestas se refieren de forma expresa a la clasificación como dominio público, generalmente asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia de estos cambios de titularidad, el estudio constata que los derechos de los antiguos propietarios privados pueden verse reducidos o modificados, con situaciones que varían entre países: desde la existencia de compensación económica en algunos casos, hasta su ausencia en otros, o la conservación de una posición jurídica similar a la de un arrendatario.

Estas prácticas, según recoge el informe, son percibidas en ocasiones como expropiaciones sin garantías suficientes, lo que pone de relieve la necesidad de clarificar los marcos normativos. El estudio identifica, además, otros desafíos, como la aplicación incompleta de los procedimientos de registro y las restricciones significativas asociadas al estatus de dominio público.

España en el contexto comparado

Durante el turno de intervenciones, representantes españoles señalaron que, a la luz del análisis comparado presentado, el caso español se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente en lo relativo al impacto de la regulación sobre los particulares y a los mecanismos de participación pública en la elaboración normativa.

El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no se permiten playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y garantía de uso público, o Finlandia, que presenta un modelo con mayor flexibilidad regulatoria y protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.

Reforma normativa y gobernanza del litoral

Desde España se subraya que el modelo español de costas, implantado en 1988 y modificado parcialmente en 2013, no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas de gobernanza del litoral, y que existe un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de revisar el marco normativo.

La organización recuerda que una propuesta de modificación de la Ley de Costas permanece bloqueada en la Mesa del Congreso desde hace más de un año, pese a haber sido tramitada en ambas Cámaras, y destaca la importancia de abordar cuestiones como la protección de los núcleos históricos y etnológicos del litoral.

El estudio de la UNECE, concluyen, se configura como un marco de referencia internacional para orientar futuras reformas legislativas en materia de costas.