HONG-KONG.- Miles de manifestantes han vuelto a salir a las calles este viernes para rodear el cuartel general de la Policía en Hong Kong
 después de que el jueves concluyese el ultimátum planteado a la jefa 
del Ejecutivo de la ciudad, Carrie Lam, para que retirase 
definitivamente el proyecto de ley de extradición. Los manifestantes, en
 su mayoría estudiantes vestidos de negro, se congregaron ante el 
edificio que alberga la sede central de la Policía local y demandaron 
también la liberación de los detenidos hasta el momento así como una 
investigación sobre la actuación policial en las protestas.
Los movimientos opositores habían planteado este jueves un ultimátum a Lam para que desechase la iniciativa legislativa
 -que ha dejado únicamente en suspenso- antes de las cinco de la tarde 
(09.00 GMT) o se preparase para nuevas protestas como las que ha vivido 
la ciudad en las últimas semanas.
Una vez concluido ese ultimátum, que fue secundado ampliamente en las
 redes sociales sin que el Gobierno adoptase ninguna acción, cientos de personas, que posteriormente se convirtieron en miles, acudieron a rodear el cuartel general de la Policía local
 y cortaron también varias grandes avenidas adyacentes en el centro de 
la ciudad por medio de barricadas hechas con piedras o vallas.
Eso provocó también que las sedes del Parlamento y del Gobierno, situadas en las cercanías, fuesen cerradas “por motivos de seguridad”, informó el Ejecutivo en un comunicado.
Los manifestantes bloquearon las 12 salidas a la calle del complejo 
del cuartel general policial con lo que sus ocupantes se quedaron sin 
salida al exterior a ese nivel.
Algunos de los participantes portaban carteles en los que pedían a la Policía que no disparase,
 en referencia a las cargas policiales de la manifestación del miércoles
 de la semana pasada, que se saldaron con varios heridos.
Amnistía Internacional (AI) afirmó este viernes en un comunicado que 
la policía hongkonesa usó entonces la fuerza de forma “innecesaria y 
excesiva” tras realizar una investigación sobre los hechos. “Las 
imágenes están verificadas y son irrefutables. Pueden verse agentes 
fuera de control hiriendo a manifestantes pacíficos que no suponían 
ninguna amenaza”, señaló en un comunicado Man-kei Tam, directora de AI 
en Hong Kong, quien pidió a las autoridades “que no toleren estos 
comportamientos” y “una investigación independiente” para 
responsabilizar a los agentes implicados.
Entre los concentrados ante las puertas del cuartel general policial se encontraba el líder estudiantil Joshua Wong,
 que salió el pasado lunes de la cárcel tras cumplir un mes en prisión 
de los tres a los que fue condenado por su participación en la llamada 
“Revolución de los Paraguas” de 2014. 
Wong 
destacó que los hongkoneses “están convirtiendo su protesta contra el 
proyecto de ley de extradición en la defensa y reforma del principio de 
‘un país, dos sistemas'”. “Una promesa perdida que la comunidad 
internacional debe cumplir colectivamente”, afirmó.
El joven activista consideró que en la próxima cumbre del G-20, que se celebrará en Osaka (Japón) del 28 al 29 de junio “los líderes mundiales no deben hacer la vista gorda ante la difícil situación de quienes se encuentran en Hong Kong”.
Precisamente, el Frente Civil de Derechos Humanos, que organiza las 
manifestaciones, convocó una nueva marcha en Hong Kong para el próximo 
miércoles, en vísperas de la reunión del G-20, donde está previsto que 
el presidente de EEUU, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping, se reúnan 
para abordar la guerra comercial entre ambas potencias.
“Nuestras esperanzas a largo plazo dependen de si podemos presionar 
al Partido Comunista para que devuelva su poder a la gente y aplique una
 auténtica democracia electoral en todos los niveles administrativos y 
comunitarios”, señaló Wong. Además, consideró que “un Hong Kong democrático podría llevar a una China más democrática”.
El superintendente de la Policía local, Yu Hoi Kwan, dijo a los 
periodistas que no había planes por el momento para desalojar a los 
manifestantes pero instó a la gente a dispersarse ya que la multitud en 
torno a la sede policial había “afectado al despliegue de los servicios de emergencia”.
Efectivos policiales acordonaron el acceso al cuartel general del 
Ejército chino, que se encuentra también en las cercanías de estos 
edificios oficiales.
Entre la multitud de jóvenes, se encontraba alguna persona mayor como
 Me Yuen, de 80 años, quien opinó que Lam “trabaja para el Partido 
Comunista” chino y dijo que había acudido a la protesta “para advertir y
 proteger a los jóvenes” ya que no desea “que vuelva a suceder lo que 
ocurrió en Tiananmen”.
Lam pidió el pasado martes “sinceras disculpas” a los hongkoneses y demandó “otra oportunidad” para que su Gobierno pueda “reconstruir la confianza” tras la crisis desatada.
La jefa del Ejecutivo ha dejado en suspenso el proyecto de ley de extradición pero ha rechazado desecharlo definitivamente.
El proyecto de ley se ha encontrado con la oposición de diversos 
sectores de la sociedad al considerar que el mismo limitaría la 
independencia judicial de Hong Kong y podría permitir entregar a 
activistas o periodistas a China, con un sistema judicial sin 
suficientes garantías.

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