QUITO.- La justicia de Ecuador condenó este martes al expresidente Rafael Correa a ocho años de prisión
y la retirada de sus derechos políticos por el delito de cohecho, al
considerar que dirigió una estructura de corrupción con la que se
financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado.
De acuerdo con el tribunal de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito, ha quedado probada la financiación ilegal del partido izquierdista Alianza País
por parte de empresarios, y que se reportaba a un "nivel jerárquico
superior", en el que figuraron tanto Correa, como el exvicepresidente y
estrecho colaborador Jorge Glas, en prisión por otro caso.
El dictamen, que puede ser recurrido, mencionó la existencia, entre 2012 y 2016, de una "estructura de corrupción" en contratos con las empresas que financiaron al movimiento izquierdista liderado por Correa, a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Por ellas, los sobornos habrían ascendido a 7,5 millones de dólares en efectivo, cantidad a la que se llegó mediante el cruce de facturas y, una parte, en metálico, según el fallo.
Tanto
Correa como Glas han sido condenados como autores mediatos de cohecho
en la misma causa, iniciada este año después de que una investigación
periodística en 2019 apuntara irregularidades en la adjudicación de
contratos bajo el Gobierno de Correa (2007-2017) a un entramado de
empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht.
La
mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron
declarados autores directos o coautores del mismo, y en este último
apartado están la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles
Duarte y el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, todos
con similar condena.
Para la ex
asesora presidencial Pamela Martínez, quien luego fuera designada
vicepresidenta de la Corte Constitucional, y su secretaria Laura Terán,
la única considerada cómplice del delito, se dictaminó una reducción de
la pena en un 90 por ciento o más tras haber actuado como testigos de
cargo y cooperado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.
El dictamen mencionó que de las actividades realizadas por la estructura corrupta se derivan otros delitos como lavado de activos y peculado, y que el Estado es la principal víctima de los hechos ilícitos.
También se analizarán los peritajes para determinar el monto de la reparación.
Correa
se enfrenta asimismo al pago de una suma por decidir por daños y
perjuicios, además de una reparación integral que incluye la colocación
de una placa en el edificio de la Presidencia de la República pidiendo
disculpas a la ciudadanía.
En
las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana
Salazar, acusó al expresidente de haber dado las órdenes para que se
cometiera el delito sin necesidad de participar directamente. "Todo estaba organizado desde arriba", dijo.
Y consideró necesario el pago de una compensación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción, según la resolución judicial.
Con
todo, la sentencia aún puede "ratificarse o no en segunda instancia",
de acuerdo con expertos legales, que precisaron que todavía no es firme y
puede ser apelada por los condenados.
De
ser declarado culpable en firme, el expresidente -que reside en Bélgica
y tiene más de una docena de causas abiertas en distintas fases-
perdería la opción de presentarse a los comicios de 2021, a los que
podría concurrir como candidato a vicepresidente o asambleísta, lo que
contemplaría el derecho a la inmunidad.
Prófugo
de la justicia por esta y otra causa en la que es acusado del secuestro
de un opositor en Colombia en 2012, tras conocer su condena Correa
denunció hoy una "judicialización de la política" en su país.
"Están
desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las
próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos
las elecciones, y ampliamente", declaró Correa, quien criticó la "urgencia" del fallo del tribunal penal en plena crisis por la pandemia de coronavirus.
El
ex secretario jurídico presidencial Alexis Mera, quien anunció que
apelará el dictamen judicial, criticó por su parte que esté "lleno de mentiras" y que "los jueces penales tienen que obedecer órdenes".
Por su parte, el activista político Fernando Balda,
cuyo caso de secuestro -que no puede juzgarse en ausencia del acusado-
mantiene a Correa prófugo, consideró al expresidente un "cadáver
político".
"Reducido a su escondite en un ático, el prófugo de la justicia ahora es también un convicto y por ende un cadáver político. No podrá ser candidato a nada", aseguró en las redes.
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