Richard Visek, asesor legal del Departamento de Estado y encargado de defender la postura de Washington ante la CIJ, ha recalcado que el tribunal "no debe determinar que Israel está obligado legalmente a retirarse de forma inmediata e incondicional del territorio ocupado" y ha afirmado que debe abordar estos asuntos "dentro del marco establecido, a partir del principio de tierra a cambio de paz y dentro de los parámetros establecidos por los principios de la Ley sobre Ocupación".
Así, ha incidido en que "cualquier movimiento hacia la retirada de Cisjordania y Gaza requiere tener en cuenta las muy reales necesidades de seguridad de Israel" y ha argumentado que "el marco establecido para lograr una paz exhaustiva y duradera está anclado en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU".
"En su núcleo, estas y otras resoluciones posteriores piden la aplicación de dos requisitos interdependientes e inseparables para una paz justa y duradera. Una es la retirada de todas las fuerzas del territorio ocupado y la otra es la paz y la seguridad para los Estados en Oriente Próximo a través del reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados en la zona", ha dicho.
"Al identificar estos requisitos interdependientes, el Consejo de Seguridad (de la ONU) decidió que la retirada de las fuerzas israelíes depende y está unida al fin a la belicosidad, el reconocimiento mutuo y el respeto al derecho de Israel y todos los Estados de la región a vivir en paz en unas fronteras seguras y reconocidas y libre de amenazas y actos de fuerza", ha sostenido.
Visek ha insistido por ello en que "el tribunal no debe aceptar las sugerencias de algunos de interpretar la cuestión en estos procedimientos como unas que abordan toda la cuestión de Palestina".
"Bajo el marco establecido, cualquier movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y Gaza requiere tener en cuenta las muy reales necesidades de seguridad de Israel, que nos fueron recordadas el 7 de octubre", ha reiterado, en referencia a los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
"El desafío al que hace frente el tribunal es cómo dar un opinión de forma que promueva el marco, en lugar de desequilibrarlo, potencialmente haciendo que la posibilidad de las negociaciones sea aún más difícil", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que la CIJ hace frente a una "tarea importante y difícil" y ha recalcado que "el Derecho Internacional tiene un papel importante y central en este asunto".
De esta forma, ha incidido en que "este conflicto no puede resolverse a través de la violencia y las medidas unilaterales" y se ha posicionado junto a Israel en lo relativo a la necesidad de unas "negociaciones entre las partes en conflicto" para lograr una solución que "genere un Estado palestino y en el que dos pueblos vivan juntos con la misma medida de libertad, seguridad, oportunidades y dignidad".
"Los ataques de Hamás, la toma de rehenes y otras atrocidades, las hostilidades y el sufrimiento de los palestinos en Gaza y la violencia en Cisjordania refuerzan la determinación de Estados Unidos para lograr urgentemente una paz definitiva que incluya la materialización de la autodeterminación palestina", ha manifestado Visek, que ha apuntado que "las negociaciones son el camino a una paz duradera".
Asimismo, ha lamentado "el horror de los ataques terroristas del 7 de octubre" y ha reseñado las "consecuencias graves, generalizadas y trágicas" registradas desde la fecha, incluido "un aumento del extremismo violento por parte de los colonos en Cisjordania".
Por ello, ha insistido en que Washington respalda un proceso de conversaciones para un acuerdo de paz que incluya "un camino para un Estado palestino".
Las vistas en la CIJ arrancaron el lunes en torno a las "consecuencias legales" de las políticas de Israel en los Territorios Ocupados Palestinos tras una petición en este sentido presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Durante dicha jornada, el ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, denunció las décadas de "impunidad" de Israel y reclamó al tribunal que ordene el fin "inmediato" de la ocupación, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país --que no comparecerá en los procedimientos-- "no reconoce la legitimidad" del tribunal en este caso.
Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, si bien sigue en pie.
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