BRUSELAS.- La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que demandará a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir las reglas comunes que obligan a los gobiernos a perseguir y sancionar a quienes participan en las mafias que trafican con personas, después de que Budapest excarcelara a cerca de 1.500 extranjeros condenados por traficar con migrantes, a condición de que abandonaran el país en un plazo de 72 horas.
La Comisión Europea (CE) decidió este miércoles llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir la legislación del club comunitario sobre tráfico de migrantes.
Bruselas precisó en un comunicado que Budapest no ha respetado las obligaciones que establece una directiva de 2002 de imponer «sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por el delito de facilitación de la entrada, tránsito y residencia no autorizadas en la UE», y también en virtud de una decisión marco del Consejo que fija normas sobre las sanciones penales relativas a estos delitos.
La CE detalló que en abril de 2023 Hungría adoptó un decreto que prevé la conversión general de las penas privativas de libertad relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes en «detenciones de reintegración».
«En consecuencia, las personas condenadas por tráfico ilícito de migrantes son puestas en libertad, incluso si solo han cumplido una parte breve de su condena, y deben abandonar el territorio húngaro en un plazo de 72 horas para cumplir con su detención de reintegración en el país de su anterior residencia habitual o de su nacionalidad», expuso el Ejecutivo comunitario.
El caso se remonta a julio de 2023, cuando el Ejecutivo comunitario dio el primer paso del proceso de infracción al incoar un expediente por el decreto con el que el Gobierno de Viktor Orbán estableció en abril del mismo año la conmutación de las penas de cárcel de cerca de 1.500 traficantes de personas en órdenes de "reintegración".
El decreto estableció un plazo de 72 horas para que los liberados cumplieran con la orden de "reintegración" en su país de origen o de residencia antes de llegar a Hungría.
Bruselas considera que estas disposiciones suponen una violación de las directivas europeas que obligan a las autoridades a imponer "sanciones efectivas y disuasorias" a quienes participan en las redes que trafican con personas.
También concluye que la norma húngara "atenta contra el objetivo de luchar eficazmente" contra el tráfico de migrantes y merma el carácter disuasorio de la legislación comunitaria.
Desde la apertura del expediente sancionador en julio de 2023, la Comisión Europea ha mantenido varios contactos con las autoridades húngaras para resolver la situación pero la respuesta ha sido "insuficiente" en cada ocasión, tanto después de la primera carta de emplazamiento identificando las irregularidades como tras el dictamen motivado remitido a Budapest en octubre de 2024 insistiendo en el incumplimiento.
Por ello, explican los servicios comunitarios, el Ejecutivo comunitario ha decidido dar el tercer y último paso previsto en el procedimiento y que permite elevar el caso ante la Justicia europea, que podría multar a Hungría en caso de que Bruselas gane el caso.
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