MADRID.- El Gobierno español
aprobó este viernes el mecanismo que regulará la recuperación y resolución
de entidades financieras en el marco de la unión bancaria europea con
la intención de reforzar la protección de los depositantes y evitar el
uso de fondos públicos.
Las aportaciones de los bancos para eventuales cierres,
actualmente a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), se
canalizarán también al Fondo de Resolución en virtud de la normativa de
la unión bancaria europea y tendrán en cuenta el perfil de riesgo de las
entidades.
Fuentes de del Ministerio de Economía explicaron que las aportaciones de
la banca no variarán sustancialmente desde las actuales, repartiendo los
esfuerzos entre los dos fondos.
Las mismas fuentes señalaron que desde la entrada en
vigor del nuevo sistema, el próximo 1 de enero de 2016, hasta el año
2024, el objetivo es que el Fondo de Reestructuración alcance al menos
5.300 millones de euros, mientras que las aportaciones al FGD habrían de
sumar alrededor de 6.400 millones de euros.
El estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) se convierte en la autoridad nacional en la materia y calculará
las cantidades a aportar al fondo de resolución teniendo en cuenta el
tamaño y el perfil de riesgo de las entidades.
Una entidad con la actividad centrada en derivados, por
ejemplo, deberá aportar más a la hucha para eventuales quiebras que
otra con centrada en negocio minorista.
El Real Decreto, que regula el procedimiento de
intervención temprana de entidades para evitar cierres traumáticos,
establece que los depósitos de 100.000 euros no estarán ya sujetos a
absorción de pérdidas en caso de resolución y tendrán preferencia de
cobro mediante la mutialización de los costes a través del Fondo Único
de Resolución Europeo.
La nueva norma, enmarcadao en el fondo único europeo
que mutualizará los costes de las resoluciones entre los países de la
eurozona, implica que los accionistas y algunos inversores serán los
primeros en afrontar las pérdidas para tratar de proteger a los
contribuyentes y evitar costes en las arcas públicas.
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