MADRID.- El ministro español de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha calculado  que el gasto destinado a la protección de los parados, que alcanza los  2.500 millones de euros al mes, ascienda a casi 30.000 millones de euros  anuales, esto es, alrededor de dos terceras partes del presupuesto con  el que cuenta el departamento que dirige. 
   En la inauguración del curso de verano de la Universidad Autónoma  de Madrid 'La reforma laboral, luces y sombras de un debate permanente',  el ministro alertó de los "elevados" costes sociales derivados de la  inestabilidad del mercado laboral, en el que un 25% de los asalariados  dispone de una empleo temporal, la tercera tasa de temporalidad más alta  de la UE.
   En este sentido, Gómez concretó que dos de cada diez contratos  temporales tiene una duración inferior a una semana, lo que da lugar,  subrayó el ministro, a una "permanente" entrada y salida de trabajadores  en el mercado de trabajo o a un cambio de diversos puestos de trabajo. 
   En un repaso a las reformas impulsadas por el Gobierno en materia  laboral, el titular de Trabajo intentó desmontar algunas "afirmaciones  controvertidas", tales como la de vincular la evolución del empleo a la  legislación laboral. Por ello, advirtió de que los tipos de interés  oficiales "tienen más importancia" sobre el paro que las leyes  laborales.
   "La evolución del empleo no se mide por la evolución de la  legislación laboral, sino por el conjunto de decisiones de la economía y  el sistema financiero", explicó, para después esgrimir como ejemplo de  la "sobrereacción" de la economía con la destrucción de dos millones de  puestos vinculados en la construcción por la crisis, así como lo que  calificó de "lógico": la reducción de la temporalidad desde 1990.
   Para combatir la temporalidad, el ministró descartó que existan  "soluciones mágicas", como la propuesta de un contrato único, al  considerar que éste no ataca las "causas reales" de la temporalidad y  tampoco acaba con la segmentación laboral. Además, dijo que de  implantarlo, España sería el "único país" en contar con este tipo de  contratos.
   Gómez defendió reformas "claves" más allá de la materia laboral  para potenciar la competitividad, como en el sistema financiero, y no  caer sólo en la moderación salarial. "El mercado laboral puede ayudar,  pero tienen que haber más reformas  para ganar competitividad, no sólo  en base a la moderación salarial", argumentó.
    En cuanto a los cambios en los convenios, el ministro urgió a los  agentes sociales a culminar un acuerdo intercofenderal que recoja la  voluntariedad de la mediación y arbitraje en el bloqueo de convenios.

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