La estrategia de utilizar el lenguaje como herramienta de transformación y cambio social es una práctica consolidada en las agendas políticas de partidos de izquierda, centroizquierda y movimientos progresistas globales. Su aplicación varía desde un uso institucional regulado hasta fórmulas más disruptivas de activismo lingüístico.
Un ejemplo reciente, en España, lo tenemos en el cambio del Reglamento del Congreso de los Diputados para adaptarlo al lenguaje inclusivo de género y erradicar las "expresiones sexistas"; una modificación planteada por PSOE y Sumar que ha apoyado la mayoría del Pleno, a excepción de PP y Vox, a pesar de que la denominación constitucional sigue siendo Congreso de los Diputados. Un intento más imponer una agenda “izquierdista” en el lenguaje, incluso por encima de la legalidad.
En este mismo entorno, en este trabajo, pretendo demostrar que el concepto de “Seguridad y Defensa”, más allá de que en la literatura especializada puede considerarse superado, es fruto de la misma política de transformación del
lenguaje y, que su empleo sigue teniendo consecuencias en la vida cotidiana
de nuestra sociedad, que tal vez se deberían erradicar o, cuando menos, superar.
Lo “woke”
La cultura woke se suele entender como un movimiento social y cultural que
promueve la conciencia sobre injusticias y desigualdades, buscando equidad,
inclusión y justicia social.
La palabra woke, derivada del término inglés “awake” (despierto). Lo Woke
hace referencia a estar alerta y sensible a las injusticias que afectan a
diferentes comunidades. El lenguaje woke, por su parte, busca promover un
discurso inclusivo que respete la diversidad en todas sus formas: género,
orientación sexual, etnia, capacidades diferentes, etc. Se originó en la
comunidad afroamericana de Estados Unidos y con el tiempo, su significado se
amplió para incluir la conciencia sobre desigualdades de género, orientación
sexual, derechos de minorías, medio ambiente y otras problemáticas sociales.
Más recientemente, movimientos como Black Lives Matter han ayudado a
popularizar el término,
El término woke ha generado debates intensos, ya que para algunos
representa empatía, justicia social y activismo consciente, mientras que para
otros sectores se trata de una exageración ideológica con imposición de
valores, asociado a la “cultura de la cancelación” y la censura de opiniones
discrepantes.
El lenguaje woke
En relación con la instrumentalización del lenguaje, la estrategia de utilizarlo
como herramienta de transformación y cambio social es una práctica
consolidada en las agendas políticas de partidos de izquierda, centroizquierda
y movimientos progresistas globales, hoy asociada al movimiento “woke”.
¿Qué propone el lenguaje desde la perspectiva woke?
Para los defensores de este enfoque, el lenguaje tradicional ha invisibilizado a
las mujeres, al colectivo LGTBIQ+ y a las minorías al utilizar el masculino
genérico o normas gramaticales consideradas patriarcales. Su uso inclusivo
pretende modificar el léxico, evitar expresiones estereotipadas y emplear
desdoblamientos o recursos no binarios y varios medios de comunicación y
plataformas han adoptado parte de este glosario para hablar de sexismo,
identidad de género y discriminación, partiendo de la premisa de que cuidar las
palabras ayuda a crear entornos más respetuosos y justos.
Su aplicación varía desde un uso institucional regulado hasta fórmulas más
disruptivas de activismo lingüístico, utilizadas por líderes políticos.
En España tenemos claros ejemplos, como Pedro Sánchez y el PSOE, que
desde las instituciones recurren de forma sistemática al desdoblamiento por
sexos ("todos y todas"), "ciudadanos y ciudadanas"), impulsando reformas
lingüísticas en los reglamentos oficiales para erradicar el masculino genérico y
sustituirlo por términos abstractos o colectivos (por ejemplo, priorizar
"presidencia" frente a "presidente") o figuras de la izquierda alternativa
española, que han llevado la estrategia un paso más allá de la división binaria:
Irene Montero (exministra de Igualdad) defendiendo abiertamente el uso del
morfema neutro «e» (todes; niñes; elles;) bajo la premisa política de que "lo
que no se nombra, no existe" y que el masculino neutro invisibiliza identidades
o Yolanda Díaz (líder de Sumar), Ione Belarra o Alberto Garzón que también
han integrado fórmulas de lenguaje inclusivo y de visibilización sistemática de
colectivos vulnerables en sus discursos parlamentarios y mítines; práctica que
no es nueva, ya que Carmen Romero, excónyuge de Felipe González, ya en la
década de 1990, siendo diputada socialista, fue una de las pioneras en la
política institucional española introduciendo de forma consciente el debate del
lenguaje de género en los discursos políticos públicos.
En el plano internacional hay exponentes de esta tendencia, entre los que
destaca Justin Trudeau, el primer ministro canadiense desde noviembre de
2015 hasta el 14 de marzo de 2025 y líder del Partido Liberal de Canadá hasta
2025. Es un exponente globalista del uso del lenguaje inclusivo en el marco de
la diversidad multicultural.
También está Alexandria Ocasio-Cortez congresista del Partido Demócrata y ala progresista de los EE.UU. que utiliza el lenguaje no solo para la inclusión de género (promoviendo términos como Latinx en lugar de Latino/Latina), sino bajo una estricta estrategia de enmarcamiento de clase.
Ocasio-Cortez sustituye de forma deliberada el concepto conservador de contribuyentes (taxpayers) por el de clase trabajadora(working class),
argumentando que el primer término reduce la ciudadanía al poder económico
y a la propiedad, mientras que el segundo unifica los derechos sociales o
Gabriel Boric, expresidente chileno y su gobierno, que asumieron el lenguaje
inclusivo como una directriz en la comunicación oficial del Estado desde el
inicio de su mandato.
Terminamos esta enumeración con Gustavo Petro en Colombia, que implementó cambios léxicos sustanciales en sus intervenciones, utilizando términos como nadies en un ejercicio explícito de dignificación semántica a través de la política.
Europa no es ajena a este movimiento y políticos e instituciones en Francia y Alemania, desde la izquierda (partidos verdes y socialdemócratas), han fomentado la implantación de la escritura inclusiva (como el uso del punto medio en francés o el asterisco de género en alemán —Gendersternchen—) para incluir géneros masculinos, femeninos y no binarios en los textos oficiales de sus partidos y ministerios.
Esta implantación deliberada por parte de la izquierda ha convertido al lenguaje en un eje central de confrontación política, lo que provoca que bloques opuestos de centroderecha y derecha en todo el mundo articulen discursos de resistencia, existiendo auténticos debates sobre la eficacia real y, así, autores y analistas críticos señalan que modificar las categorías lingüísticas no soluciona los problemas materiales o de desigualdad de fondo, derivando en ocasiones en una cultura de la ofensa o autocensura
En nuestro país, partidos como el PP o Vox impulsan iniciativas para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales del Estado, ayuntamientos y colegios, de la misma manera que en el plano internacional gobiernos conservadores han legislado en contra de estas prácticas bajo la consideración de que se trata de una distorsión ideológica artificial. en otros países, políticos como Donald Trump, Javier Milei, en Argentina y José Antonio Kast en Chile, han criticado la cultura woke, argumentando que divide a la sociedad y promueve agendas progresistas que consideran excesivas, otros sectores, como la izquierda española, persiguen alcanzar sus objetivos
Para lo que interesa a efectos de este estudio, en la relación entre el movimiento o cultura woke y el lenguaje, el debate se sitúa en el centro de una intensa confrontación social y política sobre cómo las palabras moldean la realidad.
El concepto “Seguridad y Defensa”
Que la seguridad es cosa de todos está en el acervo cultural, al menos de las sociedades occidentales a las que pertenecemos. Por ello, antes de llegar a la relación que existe entre Seguridad y Defensa y el mundo (específicamente el lenguaje) woke, nos interesa conocer qué significado tienen tanto este término como el de “Seguridad Nacional”, en la medida que, como se verá más adelante, el segundo (al menos en la literatura y no tanto en la realidad) ha suplantado al primero.
Todo parte del concepto de “Seguridad” que definió la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, entendiéndolo como “una situación en la que los Estados consideran a resguardo de peligro el sufrir un ataque militar, presión política o coerción económica, obteniendo con ello libertad de acción para continuar con su propio desarrollo y progreso”.
Este concepto de seguridad combina la capacidad militar, el poder económico, el desarrollo social, el progreso de la ciencia y la tecnología y la cooperación política mediante la diplomacia bilateral y multilateral.
El nacimiento del concepto de Seguridad y Defensa, aunque aparece en la literatura en la segunda mitad del siglo XX, tiene su germen ideológico en los movimientos obreros de finales de siglo XIX y primeros del siglo XX, cuando se produce la trasformación del “universo” rural como motor principal de la economía, hacia una sociedad industrializada y el auge de las grandes urbes; lo que trajo consigo no solo importantes transformaciones económicas y sociales sino una revolución en el mundo de la seguridad.
Es la época del auge de los movimientos sociales de protesta, del auge del comunismo, especialmente la Revolución rusa de 1917 y, poniendo de ejemplo nuestro propio país, las revoluciones sociales de los años 20 y 30 del siglo pasado.
En este contexto de creciente inseguridad urbana, cuando la gran masa social se había desplazado desde el campo para establecerse en las grandes ciudades, los crecientes desórdenes sociales se controlaban con los medios disponibles por los Estados. Por aquel entonces las fuerzas policiales no tenían ni los efectivos ni los medios suficientes para restaurar la convivencia y la normalidad y los gobiernos acudían al uso legítimo de la fuerza empleando las fuerzas militares disponibles, como único elemento con la capacidad suficiente para retornar a la normalidad.
Situándonos en España, en 1909 los acontecimientos conocidos como la “Semana Trágica de Barcelona" acabaron el 2 de agosto mediante una muy contundente intervención militar y unos treinta años después, la Revolución de Asturias de octubre de 1934, promovida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como parte de la huelga general revolucionaria y que solo arraigó completamente en Asturias, fue sofocada con una durísima intervención militar ordenada por el gobierno de la Segunda República.
En el resto de Europa la situación era similar, en lo que respecta al orden social.
Así, el gobierno británico, con una ya larga tradición democrática, desplegó fuerzas militares en 1910 para acabar con la huelga minera de Tonypandy (Gales) o en Glasgow en 1919 tras las huelgas masivas, por temor a un levantamiento de corte bolchevique. En Alemania, también en 1919, el gobierno socialdemócrata empleó al ejército para aplastar la insurrección comunista en Berlín y en 1920 en la cuenca del Ruhr.
Francia desplegó, por orden del gobierno de George Clemenceau, miles de soldados para deshacer las huelgas de mineros del Norte, en 1906, política o coerción económica, obteniendo con ello libertad de acción para continuar con su propio desarrollo y progreso”.
Este concepto de seguridad combina la capacidad militar, el poder económico, el desarrollo social, el progreso de la ciencia y la tecnología y la cooperación política mediante la diplomacia bilateral y multilateral.
El nacimiento del concepto de Seguridad y Defensa, aunque aparece en la literatura en la segunda mitad del siglo XX, tiene su germen ideológico en los movimientos obreros de finales de siglo XIX y primeros del siglo XX, cuando se produce la trasformación del “universo” rural como motor principal de la economía, hacia una sociedad industrializada y el auge de las grandes urbes; lo que trajo consigo no solo importantes transformaciones económicas y sociales sino una revolución en el mundo de la seguridad.
Es la época del auge de los movimientos sociales de protesta, del auge del comunismo, especialmente la Revolución rusa de 1917 y, poniendo de ejemplo nuestro propio país, las revoluciones sociales de los años 20 y 30 del siglo pasado.
En este contexto de creciente inseguridad urbana, cuando la gran masa social se había desplazado desde el campo para establecerse en las grandes ciudades, los crecientes desórdenes sociales se controlaban con los medios disponibles por los Estados.
Por aquel entonces las fuerzas policiales no tenían ni los efectivos ni los medios suficientes para restaurar la convivencia y la normalidad y los gobiernos acudían al uso legítimo de la fuerza empleando las fuerzas militares disponibles, como único elemento con la capacidad suficiente para retornar a la normalidad.
Rusia también acudió a las fuerzas militares, tanto con el régimen zarista, cuando el ejército disolvió en 1905 a tiros una manifestación en San Petersburgo (conocida como “domingo rojo”), como en 1921 con el gobierno bolchevique, que utilizó al ejército para aplastar el levantamiento de civiles que exigían mayores libertades políticas.
Junto a esta realidad social, la política mundial estaba dominada en esa misma época (finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX) por una continua serie de conflictos bélicos intergubernamentales que desembocaron en las dos garras mundiales; por lo que en 1945 nos encontramos con una sociedad excesivamente militarizada y con grandes tensiones sociales. Esto se vio agravado porque la Guerra Fría disparó la carrera armamentística en los años cincuenta.
Este panorama provocó en las sociedades occidentales, especialmente en Europa, un amplio rechazo social que, en mi opinión, estalló cuando los hijos de la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial protagonizaron la revolución social conocida como mayo del 68, centrada en Francia, pero con repercusiones en todo el mundo.
Los jóvenes del mayo del 68 cuestionaban la autoridad tradicional (aquí se enmarca perfectamente el empleo de las fuerzas armadas como principal elemento represor utilizado por los gobiernos), el capitalismo, el imperialismo y los valores conservadores de la posguerra.
La primavera de Praga o los movimientos por los derechos civiles y las protestas masivas en Estados Unidos (incluidas las organizadas en contra de la guerra de Vietnam o como protesta por el asesinato de Martin Luther King) o en México las protestas previas a la inauguración de los juegos Olímpicos de 1968, etc., marcaron hitos de gran violencia social, en un movimiento en el que, además de lo que ya se ha citado, aparecen dos elementos de protesta especialmente significativos y novedosos: la revolución sexual y el feminismo, éste último con el acceso a métodos anticonceptivos, la igualdad de derechos para las mujeres y el "pacifismo" como rechazo frontal a la violencia militar de la superpotencias.
Como he mencionado antes, el concepto de Seguridad y Defensa toma realmente cuerpo en la década de las 70 y continúa en los 80. Aunque formalmente el concepto nace con la pretensión de estructurar la idea de Seguridad Nacional, lo hace planteando una dicotomía real: por un lado, lo que se considera "Seguridad", cuyo principal objetivo es que los ciudadanos convivan en paz en su día a día, frente a la "Defensa" centrada en garantizar la supervivencia del propio Estado.
En este escenario se sitúa la política de Seguridad en esa época, en la que las cuestiones de “orden público” se asignan a las fuerzas de seguridad, que todos los países habían reforzado de forma progresiva de razón geométrica, potenciando unas fuerzas policiales que hoy son capaces de controlar
situaciones derivadas de la inseguridad, llamémosla "interior", mientras que las fuerzas militares se dedican esencialmente a los asuntos derivados de la “Defensa", fuera de las fronteras de los Estados respectivos.
Francia desplegó, por orden del gobierno de George Clemenceau, miles de soldados para deshacer las huelgas de mineros del Norte, en 1906, potenciando unas fuerzas policiales que hoy son capaces de controlar situaciones derivadas de la inseguridad, llamémosla interior mientras que las fuerzas militares se dedican esencialmente a los asuntos derivados de la “Defensa", fuera de las fronteras de los Estados respectivos.
Esta dicotomía está plenamente instalada en el orden social actual y los gobiernos democráticos siguen llevándola, hoy día, a rajatabla. Como muestra de ello tenemos innumerables ejemplos: desde el del bloqueo judicial a una de las medidas del presidente estadounidense Donald Trump de emplear fuerzas militares o de federalizar unidades de la Guardia Nacional para labores de orden interno, cuyo último intento data de 2025, hasta los recientes sucesos ocurridos en España, en Ceuta, en los que la intervención de las Fuerzas Armadas se ha situado en un plano de estricta ayuda a las fuerzas de seguridad, incluso en una crisis que muchos autores tildan ya como de "Seguridad Nacional”.
En este desdoblamiento tiene mucho que ver la revolución del 68 y su nuevo enfoque postcomunista y pacifista, que ha conseguido "demonizar" en el acervo popular el empleo de las fuerzas armadas en el retorno a la normalidad cuando su actuación debe hacerse en el interior de los Estados o del territorio nacional.
Pero ¿cuál es su conexión con la ideología woke?
La respuesta se encuentra en que ambas ideologías, la woke y el pacifismo comparten un mismo origen social.
Volviendo al lenguaje, los jóvenes del 68 también pusieron sobre la palestra el feminismo como como elemento de confrontación social y si bien es cierto que se ha conseguido que hombres y mujeres sean hoy, en el mundo occidental, sujetos de los mismos derechos en todos los órdenes (político social, económico…) un "feminismo” exacerbado está intentando romper el equilibrio logrado, en aras de una supuesta lucha por la igualdad sin sentido, porque ya existe plenamente. Muestra de ello es el artículo 14 de nuestro vigente Constitución que declara la igualdad absoluta ante la ley de todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El porqué de esta dialéctica, para mí, no está en la búsqueda de una verdadera igualdad, si no en conseguir el enfrentamiento de hombres contra mujeres y por ello utiliza como herramienta, no la ley, ya que reconoce la plena igualdad, si no solo el lenguaje.
Resumiendo, la reacción antimilitarista, la revolución de mayo del 68 y la ideología woke comparten un mismo origen e identidad de objetivos, por lo que creo que enfrentar la “Seguridad” a la “Defensa” como ámbitos antagónicos surge de la ideología poscomunista de la nueva izquierda, que también busca una “revolución” en el orden social, y que trata de reinventarse en el escenario político occidental.
Sin embargo, y como ya dijeron insignes figuras políticas como Lenin o el segundo presidente estadounidense, John Adams, la realidad es muy tozuda y, por tanto, acaba imponiéndose.
La muestra más evidente es la transformación observada en los documentos doctrinales actuales de Seguridad (hoy denominada de forma inequívoca, “Nacional”).
Volviendo a poner el foco en España, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN 2021), el concepto de “Seguridad Nacional” se fundamenta en una concepción amplia e integral de la seguridad, entendida como una política de Estado de carácter transversal.
Esta visión rompe el esquema clásico puramente militar y se alinea con la definición establecida en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional: “la seguridad nacional es la acción del Estado orientada a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
En este sentido, los estudios de Seguridad Nacional han evolucionado en la concepción del término y, así, documentos como la vigente ESN de 2021 (aprobada por el Gobierno del PSOE y sus socios de izquierdas, presidido por Pedro Sánchez), dice que es una política con carácter transversal que rompe con el esquema clásico puramente militar y sigue el establecido en la Ley 36/2015 de la seguridad nacional (aprobada por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y de ahí que estemos ante una verdadera política de Estado) que entiende por Seguridad Nacional “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
Quiere esto decir que “oficialmente” y al menos en España, ya no se habla de “Seguridad y Defensa”, sino del más amplio e integrador concepto de “Seguridad Nacional”, con la puesta a disposición de todos los recursos nacionales, incluso acudiendo a pedir ayuda (así como a prestarla) a los países aliados; por lo que el gobierno, en lo que se refiere a los medios policiales, militares y de inteligencia, debe ponerlos en conjunto e integrarlos y coordinarlos al servicio de los ciudadanos. para contribuir a la Seguridad Nacional.
Esto implica que lo lógico sería que el gobierno considerase que las Fuerzas Armadas deberìan ser utilizadas, en función de sus capacidades, para prevenir los riesgos y, en su caso, neutralizar las amenazas que atenten contra la seguridad, del país, superando un concepto que en sí supone una vulnerabilidad, como es la ya citada dicotomía entre el empleo de las fuerzas policiales y las fuerzas militares, en función de su empleo dentro o fuera de las fronteras.
Epílogo
La dialéctica que trajo consigo la aparición del concepto de “Seguridad y Defensa” en la segunda mitad del siglo XX no tuvo realmente un espíritu integrador, sino más bien todo lo contrario.
La realidad es que tras un periodo de fuerte militarización y de disturbios sociales, derivados de las situaciones de desigualdad económica y social de los nuevos trabajadores de las grandes ciudades, reprimidas con fuerzas militares, surge en ese colectivo que, además comienza a hacerse con el poder en las sociedades democráticas, una gran desconfianza hacia el papel de las fuerzas armadas en asuntos de “orden público”.
Por otro lado, la Guerra Fría introdujo un clima de desconfianza mutua en los dos bloques enfrentados y marcó el inicio de la distinción entre los asuntos de orden interno, para cuyo control se han ido potenciando las fuerzas de seguridad y las amenazas exteriores, campo tradicional de empleo de las fuerzas militares.
Esa dialéctica se ve favorecida, aún hoy en día, por la expansión de los movimientos transformadores de la realidad social desde la izquierda (entendida inicialmente como los partidos de las clases trabajadoras y más desfavorecidas) que, a su vez, buscan la transformación de las sociedades occidentales desde aspectos, como el pacifismo, la igualdad de razas y géneros, etc. utilizando para ello, entre otras herramientas, la transformación del léxico, no solo en sus fórmulas sexistas, si no también semánticas; yendo, por tanto, movimientos como lo woke y el pacifismo, de la mano y de los que en España tenemos ejemplos paradigmáticos como los partidos de extrema izquierda hoy encabezados por Sumar y Podemos, ERC, Izquierda Unida, ahora el posiblemente coyuntural “Frente Amplio (no tan amplio)…, herederos todos ellos del Partido Comunista, hoy relegado en muchos países al ostracismo político tras el estrepitoso fracaso del comunismo, incluso donde aún sigue activo, sin olvidar al mismo PSOE.
Por eso el concepto, aparentemente inocuo de “Seguridad y Defensa” esconde un sesgo “revolucionario” del que hoy en día casi todos los países democráticos son incapaces de desprenderse.
Sin embargo, esa realidad tozuda que mencionaba va por otro camino y en la actualidad, lo que se han integrado, generalizado y globalizado han sido las amenazas a la propia Seguridad Nacional, que comienzan a tomar cuerpo como fenómenos, que en décadas anteriores eran puramente de orden interno, especialmente el crimen organizado con sus dos grandes ramificaciones: el tráfico de drogas y la migración irregular (antes un problema de distintas “mafias” nacionales con escasa nula conexión), a lo que se suma la aparición de otros nuevos, favorecidos por los avances tecnológicos y la globalización, que hace que para combatirlos o prevenirlos los Estados se vean obligados a emplear conjunta y coordinadamente todos los recursos a su alcance, desde los económicos y diplomáticos a los que suponen el ejercicio legítimo del empleo de la fuerza para su defensa, hoy encarnados en las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y, como no, de los servicios de inteligencia.
Esto ha provocado que sobre el papel ya no se hable de “Seguridad y Defensa” como concepto o materia de conocimiento, habiendo sido sustituido por el más general y real de “Seguridad Nacional” (con un previsible giro hacia lo internacional en los próximos años), en el que ya no existen riesgos ni amenazas de índole militar o no militar y a los que hay que dedicar todos los recursos disponibles para neutralizar.
En España deberíamos dar un paso más en esta dirección y cambiar el nombre a la Directiva de Defensa Nacional, que elabora Presidencia del Gobierno (la última data de 2020 y no se ha actualizado con la ESN 2021) de la que deriva la Estrategia de Defensa elaborada por la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), que da inicio al proceso de planeamiento de las Fuerzas Armadas y empezar a denominarlas, por ejemplo, Directiva de Política Militar y Estrategia Militar, respectivamente, evitando e empleo de la locución “Defensa” en el planeamiento de la política militar.
Concluyo con una reflexión que ya hice en el seno de una conferencia en un curso de verano impartido en ISEN (Cartagena) en el año 2020, titulada “La Política Española de Seguridad Nacional: amenazas y desafíos para los años 20”, en la que afirmé que “siendo el recurso al legítimo ejercicio de la fuerza uno de los elementos de los Estados de Derecho para imponer, en última instancia, sus decisiones soberanas, tanto sobre sus ciudadanos, como sobre agentes externos ¿cabe imaginar un futuro no muy lejano en el que desaparezca la tradicional división administrativa estatal entre Ministerio del Interior como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el de Defensa como responsable de las Fuerzas Armadas?
(*) Coronal (ret.) del Ejército del Aire español- DEM
Licenciado en Derecho
Profesor de ISEN, Instituto Asociado a la Universidad de Murcia
