BRUSELAS.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la
Comisión Europea una "respuesta coordinada" y "sin demora"
con medidas "temporales y específicas" para contener el encarecimiento
de los combustibles y abaratar la electricidad, en un esfuerzo por
frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la
energía.
En las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo celebrado en
Bruselas, los líderes han subrayado que la escalada está teniendo un
"impacto inmediato" en los precios energéticos para ciudadanos y
empresas europeas, en un contexto marcado por las tensiones en la región
y las amenazas sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
Por ello, los Veintisiete han pedido a la Comisión que presente una
"caja de herramientas" con medidas urgentes para actuar "en todos los
componentes del precio de la electricidad" con el objetivo de facilitar
un abaratamiento a corto plazo, aunque teniendo en cuenta las distintas
situaciones nacionales y sin poner en riesgo las señales de inversión
necesarias para las energías renovables y bajas en carbono.
En este contexto, los líderes europeos han reabierto el debate sobre
el papel del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en
inglés), al que señalan como uno de los factores que inciden en la
factura energética, junto al coste de los combustibles o los impuestos.
Aunque el Consejo Europeo mantiene por ahora el calendario previsto
para su revisión, fijada para julio de este año, la discusión ha
evidenciado una creciente división entre los Estados miembro sobre hasta
qué punto debe flexibilizarse el sistema ante la subida de los precios
energéticos.
Por un lado, países como Italia, Polonia o Alemania defienden
introducir ajustes para aliviar el impacto sobre la industria y los
consumidores, en algunos casos planteando también medidas como rebajas
fiscales o ayudas a sectores intensivos en energía.
Frente a esta posición, otros como España, Portugal o los nórdicos
aboga por preservar el ETS como instrumento central de la política
climática europea, al considerar que debilitarlo podría poner en riesgo
la transición energética y aumentar la dependencia de los combustibles
fósiles.
"España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y
otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad
no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas
verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que
sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite
defender el bolsillo de los ciudadanos", ha remarcado el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en su llegada a la reunión.
En esta línea, ha advertido de que algunos ejecutivos están
aprovechando la crisis para "poner en cuestión" las políticas climáticas
y ha defendido reforzarlas como parte de la solución.
"Creo que España
puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética,
de cómo esa apuesta por las renovables, están haciendo que nuestros
conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros
trabajadores", ha insistido.
Lo que está por ver es de qué manera se afronta la revisión de este
mecanismo al que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
atribuye un papel clave en la reducción de emisiones industriales y
sobre el que reconoce la necesidad de preservar sus logros.
"La próxima revisión del sistema de comercio de emisiones resolverá
algunos problemas importantes", ha afirmado la jefa del Ejecutivo
comunitario en rueda de prensa tras el Consejo Europeo, aludiendo en
concreto a cuestiones como la volatilidad del precio del carbono o el
impacto sobre la industria.
En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo comunitario trabaja en
ajustes del sistema, como la actualización de los parámetros de
referencia para las asignaciones gratuitas y el refuerzo de mecanismos
destinados a reducir la volatilidad de los precios, con el objetivo de
responder a las preocupaciones de los sectores más expuestos.
Von der Leyen ha defendido el papel del ETS como instrumento clave de
la política climática europea, al subrayar que en sus casi dos décadas
de funcionamiento ha incentivado la inversión en tecnologías limpias y
ha contribuido a reducir la dependencia de los combustibles fósiles
importados.
"Ha habido una actitud muy positiva hacia el sistema de comercio de
emisiones, porque en el contexto de la crisis actual ha quedado claro
que somos vulnerables debido a nuestra dependencia de la volatilidad de
los precios de los combustibles fósiles a nivel global", ha señalado la
mandataria alemana.
En paralelo, ha insistido en que la respuesta a la crisis energética
debe combinar iniciativas a corto plazo con reformas estructurales, en
un momento en el que los precios del gas han repuntado tras los ataques a
infraestructuras energéticas en la región y persisten los riesgos sobre
el suministro.
Este debate energético se enmarca en una discusión más amplia sobre
competitividad, que los jefes de Estado y de Gobierno han abordado bajo
la nueva agenda 'Una Europa, un mercado', con la que buscan dar un
impulso político a la integración del Mercado Único y eliminar barreras
internas.
En este sentido, los líderes han fijado una hoja de ruta con hitos
concretos en los próximos meses, entre ellos la presentación en junio de
este año de una declaración electrónica común para empresas, en el
marco de los esfuerzos por simplificar trámites y facilitar la actividad
transfronteriza.
El calendario prevé además avances durante este año en ámbitos clave
como el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales en otoño y
la publicación de un informe sobre la competitividad del sector
bancario en verano, así como la puesta en marcha antes de finales de año
del denominado 'régimen 28' o 'EU Inc' para facilitar la actividad de
empresas en el mercado único.
Asimismo, los Veintisiete apuestan por reforzar la digitalización y
simplificación administrativa, con iniciativas como el 'European
Business Wallet', y reclaman una reducción de las cargas burocráticas
tanto a nivel europeo como nacional, evitando nuevas exigencias durante
el proceso legislativo y limitando la sobreregulación por parte de los
Estados miembro.
Además, la agenda vincula la competitividad con la política
industrial y de inversión, al incluir iniciativas como la adopción de un
paquete de redes energéticas, el desarrollo del euro digital, el
impulso a la titulización y a los sistemas de pensiones complementarias,
así como un futuro de la Ley de Aceleración Industrial para reforzar la
base industrial europea.
