JERUSALÉN.- La Knesset o Parlamento israelí ha aprobado este lunes por 64
votos frente a 48 la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma
legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento
y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya
que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado
por su carácter discriminatorio.
La norma solo se aplica en los
tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados
palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en
tribunales civiles.
El texto formalmente prevé que se aplique a
toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se
aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona
con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel", una
definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias
sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.
Además limita enormemente la discreción judicial, permite las
ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total
aislamiento a los condenados a muerte.
La ley permite imponer
la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad,
como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de
apelación.
Aunque la pena de muerte no se aplicará
retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de
2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí
prevé este castigo 'a posteriori'.
El proyecto de ley ha sido
aprobado en votación tras casi doce horas de debate.
"Es un día de
justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos.
No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras.
Quien elige el terrorismo, elige la muerte", ha destacado el ministro
de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío,
Itamar Ben Gvir, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
Ben Gvir ha sido el principal impulsor de la reforma legal, que
finalmente ha sido apoyada por el partido Likud del primer ministro,
Benjamin Netanyahu, que ha estado presente en la votación, y por el
partido Yisrael Beitenu, en la oposición.
Igualmente han respaldado la
norma los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
La Presidencia de la Autoridad Palestina ha expresado ya su "condena y
rechazo" a esta nueva ley israelí que considera "racista" y "una
flagrante violación del derecho internacional humanitario".
Considera además que supone un "crimen de guerra" contra el pueblo
palestino y recuerda la escalada de las medidas contra la población
palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
"Estas leyes no
van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su
resistencia, ni lo disuadirán de seguir con su lucha legítima por la
libertad, la independencia y el establecimiento de un estado palestino
independiente con Jerusalén Este como capital", ha subrayado.
Por último insta a la comunidad internacional a sumir sus
responsabilidades y a "tomar medidas serias, hacer que Israel rinda
cuentas e imponer sanciones por sus crímenes contra el pueblo palestino,
tales como torturas, aislamiento en solitario y asesinato sistemático
de prisioneros".
En particular supone una violación de la
Cuarta Convención de Ginebra sobre las garantías individuales y
salvaguardias para un juicio justo, así como una violación de la
Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, según la
Presidencia palestina.
"Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de
individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para
aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental
de igualdad y prohibición de discriminación racial", ha denunciado el
director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en
Israel, Adalah, Suhad Bishara.
El grupo recuerda que aplicar
la legislación interna israelí a palestinos residentes en Cisjordania
"es una flagrante violación del derecho internacional" porque la Knesset
"no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada".
Por ello
Adalah ha adelantado que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo
israelí "com custión de máxima urgencia".
Adalah denuncia que
la nueva ley "es una de las más violentas y discriminatorias" aprobadas
en Israel.
"Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación
podría suponer un crimen de guerra. Su aprobación es un nuevo paso en
la escalada letal de la tortura sistemática contra los palestinos bajo
detención israelí tan ampliamente documentada", ha resaltado Adalah.
