BRUSELAS.- La Comisión Europea ha propuesto crear una tasa sobre las transacciones financieras, a imitación de la tasa Tobin, y un nuevo IVA comunitario para financiar el presupuesto de la UE del periodo 2014-2020 y reducir así las contribuciones directas de los Estados miembros, que en la actualidad representan casi dos tercios del total.
   Los dos nuevos impuestos europeos podrían generar alrededor de  60.000 millones de euros a la altura de 2020, según ha explicado el  comisario de Presupuestos, Janusz Lewandowski.
   El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,  ha asegurado que se trata de aumentar los recursos propios de la UE y  evitar la percepción de países "ganadores y perdedores" en las  negociaciones sobre el presupuesto comunitario. En paralelo, Bruselas  propone "simplificar" las compensaciones que reciben algunos países  contribuyentes, como el cheque británico, aunque no suprimirlas.
   "En el nuevo sistema no hay lugar para la noción de retorno justo.  La solidaridad significa que los que son relativamente más ricos  contribuyan relativamente más. Pero la solidaridad implica también que  las contribuciones nacionales no pueden ser desproporcionadas", ha dicho  Barroso. Además de Reino Unido, se beneficiarán de las compensaciones  Suecia, Países Bajos y Alemania.
   La iniciativa para aumentar los recursos propios de la UE, que  debe ser aprobada por unanimidad por los Veintisiete, chocará  previsiblemente con la oposición de Estados miembros como Reino Unido o  Alemania, que rechazan la creación de impuestos europeos.
   Pero Barroso ha asegurado que todos los Estados miembros han  respaldado en el Consejo Europeo la creación de una tasa a las  transacciones financieras, aunque ha admitido que "una minoría ve  difícil implantarla únicamente en la UE" y no en todo el mundo. Además  ha resaltado que "algunos de los países que la rechazan a nivel europeo  la tienen a nivel nacional, por ejemplo Reino Unido".
   Para los próximos siete años, Bruselas propone un presupuesto para  la UE de 971.500 millones de euros en pagos, cifra que representa un  incremento del 5% respecto a las actuales perspectivas financieras  2007-2013. No obstante, el gasto comunitario se mantendría en el actual  nivel del 1% del PIB comunitario. Barroso ha defendido que se trata de  un presupuesto "relativamente pequeño" y "realista" y ha arremetido  contra los países que, como Reino Unido, lo tachan de excesivo.
   Londres, París y Berlín habían exigido al Ejecutivo comunitario  que congelara el presupuesto de la UE de aquí a 2020 en línea con las  medidas de austeridad adoptadas por la mayoría de Estados miembros para  hacer frente a la crisis. En cambio, la Eurocámara, que también es  autoridad presupuestaria, ha pedido un aumento de al menos el 5%.
   El presidente de la Comisión ha admitido que las negociaciones con  los Estados miembros serán "muy difíciles", pero se ha mostrado  convencido de que será posible lograr un acuerdo "ambicioso". Su  objetivo es lograr un compromiso preliminar en el primer semestre de  2012 y concluir las negociaciones sobre las nuevas perspectivas  financieras a finales de ese año.
   La política agrícola común (PAC) tendrá una financiación de  281.000 millones de euros (el 30% del presupuesto) excluyendo el  desarrollo rural. "El presupuesto de la agricultura no aumenta pero  mantenemos la estabilidad del apoyo a los agricultores", ha dicho  Barroso.
   En cuanto a la política de cohesión, Bruselas propone dedicar  376.000 millones (el 38% del presupuesto) a ayudas a las regiones. Se  creará una nueva categoría de 'regiones en transición' que podría  beneficiar a Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, que perderán la  mayor parte de las ayudas por superar el 75% del PIB de la UE. Sólo  Extremadura mantendrá previsiblemente su actual nivel de ayudas  europeas.
   La Comisión pide crear un nuevo fondo para financiar proyectos de  infraestructuras que contará con 40.000 millones de euros (más 10.000  millones del fondo de cohesión). Y concentrará 80.000 millones de euros  en I+D+I.
   El presupuesto para la política exterior aumenta un 25% hasta  situarse en 70.000 millones para los siete años. Además, Bruselas quiere  invertir 4.100 millones de euros en seguridad para luchar contra el  terrorismo y el crimen organizado y 3.400 millones para política de  inmigración.
   Los gastos administrativos de las instituciones comunitarias ascenderán a 50.400 millones.
   Para España, la propuesta es importante porque a partir de 2014 se  convertirá por primera vez previsiblemente en contribuyente neta al  presupuesto de la UE tras haber sido la principal beneficiaria de las  ayudas comunitarias.

 
 
 
 
