Localidades portuguesas se enfrentan a las mineras de litio para proteger su tierra

LISBOA.- Las exuberantes y verdes colinas donde Paulo Pires ha llevado durante años a pastar a las ovejas alrededor de su pintoresco pueblo portugués podrían verse pronto transformadas por la carrera por dar carga a los vehículos eléctricos. 

Las señales del cambio ya le están provocando noches de insomnio. Cientos de perforaciones en el campo muestran dónde las mineras quieren excavar la tierra para obtener litio, un elemento vital para las baterías que se utilizan en los coches eléctricos, los teléfonos inteligentes y en el almacenamiento de energía.

“Si me quitan mi medio de vida, no tendré futuro en otro lugar”, dijo Pires, de 45 años, cuya aldea se encuentra en el distrito municipal de Boticas, muy cerca ya de Galicia, en España.

Pires y sus idílicos alrededores se encuentran en una de las primeras líneas de una batalla que enfrenta a empresas deseosas de explotar las 60.000 toneladas de reservas de litio conocidas de Portugal con unos lugareños decididos a preservar sus derechos sobre la tierra y detener la explotación.

Esto pone al Gobierno en minoría en una situación complicada en su país. La creciente oposición a la exploración de litio por parte de los grupos locales, que poseen y gestionan comunalmente las zonas rurales, podría significar que los mineros lleguen a un punto muerto y pidan el apoyo del Gobierno para expropiar las tierras.

Las medidas que tome Lisboa también tendrán repercusiones más allá de sus fronteras. Sus reservas pueden ser modestas en comparación con las de Australia y Chile, los principales productores de litio del mundo, pero Portugal es clave en los esfuerzos de Europa por reducir la dependencia de las importaciones de litio. 

Aprovechar los depósitos europeos del llamado “oro blanco” es una parte importante de la ambiciones de la Unión Europea de tener más control sobre la cadena de valor de las baterías a medida que los fabricantes de automóviles del Viejo Continente despliegan vehículos eléctricos, dijo un portavoz de la Comisión Europea.

Portugal, que produjo unas 1.200 toneladas de litio el año pasado, actualmente vende casi exclusivamente el litio a la industria de cerámica en lugar de producir el litio de alto grado necesario para las baterías de los coches. 

El país ya es el mayor productor de litio de Europa, pero todavía un actor pequeño en comparación con Australia y Chile, con una producción de 42.000 y 18.000 toneladas, respectivamente.

Europa, con apenas el 3% de la capacidad de producción mundial de baterías, no tiene refinerías de litio y depende de las materias primas importadas.

En un mundo en transición a las energías renovables desde los combustibles fósiles, docenas de grupos mineros como la australiana Fortescue han solicitado casi 100 licencias para explorar el litio en Portugal.

Algunas mineras ya están levantando instalaciones. La británica Savannah Resources tiene una licencia para la zona de Boticas en la que vive Pires y la portuguesa Lusorecursos tiene una licencia para la cercana Montalegre. Ambas áreas conforman la región de Barroso, patrimonio agrícola mundial.

Las dos compañías están esperando ahora la aprobación de la agencia medioambiental estatal para proceder con sus planes, que podrían implicar refinado de litio para elevar el grado del producto.

Una licitación internacional determinará quién se asegura los derechos sobre el resto del territorio portugués que contiene litio, abarcando nueve áreas con inversiones cuyo valor en sólo cinco de ellas se estima en 3.300 millones de euros (3.600 millones de dólares), según el Gobierno.

Pero la percepción social contra el litio va en aumento. Al menos cinco municipios han aprobado mociones contra la exploración y movimientos activistas han firmado un manifiesto nacional que se opone a la estrategia minera del gobierno.

“Estas empresas llegan con millones (de euros). ¿Qué podemos hacer con nuestro poco dinero? Sólo podemos tratar de detenerlas”, dijo Pires.

En un intento por aliviar las preocupaciones, el Gobierno luso está preparando una nueva ley de minería que endurecerá las normas sobre futuras licencias que debatirá con las autoridades locales durante el mes de febrero.

Las empresas y el gobierno dicen que la minería podría aportar capital y empleo a las regiones del interior que luchan contra el envejecimiento de la población y la escasa inversión.

“Cuando extraemos litio en Portugal, hay una cosa de la que estamos seguros: se cumplirán los más altos estándares ambientales, se cumplirán las prácticas sociales más responsables y esto es también una cuestión de seguridad de suministro”, dijo el ministro de Economía, Pedro Siza Vieira.

“El litio es crítico para el futuro de la economía verde”, añadió. “Es mejor extraerlo aquí que tomarlo de otros países donde no estamos seguros de que se observen las mismas normas”.

Gran parte de la tierra que previsiblemente contenga litio en Portugal, incluidas las áreas donde Lusorecursos y Savannah tienen derechos de exploración, está clasificada como tierra comunal, “baldíos” en portugués.

Las asociaciones locales tienen derecho a decidir cómo se utiliza, por ejemplo, para la caza o la agricultura. Muchas asociaciones han aprobado mociones contra la exploración para evitar que se dañe el campo y se altere un modo de vida ancestral.

“Una de nuestras montañas simplemente desaparecerá. La cortarán a la mitad. El impacto será brutal”, dijo Fernando Queiroga, alcalde de Boticas, uno de los municipios que han apoyado las mociones contra la minería del litio.

Tales mociones no tienen ningún peso legal, pero si los promotores inmobiliarios no logran llegar a un acuerdo en las negociaciones con asociaciones locales y propietarios particulares, las empresas mineras necesitarán que el Gobierno autorice la expropiación de tierras en aras del interés público.

“Cuando esta cuestión se plantee, si se plantea, el gobierno tomará la decisión en los términos de la ley aplicable”, dijo un portavoz del ministerio de Medio Ambiente sobre el tema.

Pero apoyar las expropiaciones complicaría la vida de los socialistas, que gobiernan el país sin mayoría, mientras las empresas señalan que esto podría abrir la puerta a largos procesos legales.

Savannah dijo que estaba en conversaciones con las partes interesadas locales y que había alcanzado varios acuerdos de acceso comercial. Lusorecursos dijo que no veía ninguna razón para contactar con las asociaciones antes de iniciar las negociaciones sobre los derechos de la tierra.

El activismo ya está ganando algunas batallas. Fortescue retiró una oferta para una licencia el año pasado en la región del Alto Minho ante la oposición local. El Gobierno retiró dos posibles áreas de licencia por las preocupaciones ambientales expresadas por las autoridades locales y los ecologistas.

Entretanto, 18 grupos de activistas han exigido más transparencia pública en la elaboración de la nueva ley de minería. “Estoy realmente dispuesta a ir hasta el fin del mundo por esto”, dijo la activista local Maria de Carmo Mendes.