LA HAYA.- España ha defendido este lunes ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) que los asentamientos israelíes en los territorios
palestinos no solo no tienen "validez legal" sino que constituyen un
"grave obstáculo" para la creación del Estado palestino.
Así lo
han hecho los representantes del Estado en su intervención durante las
audiencias organizadas por la CIJ antes de emitir una opinión consultiva
sobre las consecuencias legales de las políticas llevadas a cabo por
Israel en los territorios palestinos ocupados.
El jefe adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Emilio Pin, ha sostenido que conforme a la IV
Convención de Ginebra la "potencia ocupante", en este caso Israel, no
puede "deportar o trasladar a parte de su propia población civil al
territorio que ocupa" además de prohibir cualquier medida que anime al
traslado de parte de su población a dichos territorios.
"Los
asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluido
Jerusalén Este, no tienen validez legal, constituyen una violación
flagrante del Derecho Internacional y un grave obstáculo para la
consecución de la solución de dos Estados" como han señalado de forma
repetida varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, ha
sostenido.
La creación de estos asentamientos, ha proseguido
Pin en su argumentación, busca "alterar la composición demográfica de
esos territorios", lo cual contraviene la IV Convención de Ginebra.
Asimismo, ha afeado que las demoliciones de viviendas de palestinos
por parte de Israel tienen como resultado el "desplazamiento forzoso" de
estos e "impide el retorno de facto de las familias y comunidades
palestinas a sus alojamientos originales", lo cual es contrario al
Derecho Internacional Humanitario.
Por otra parte, durante su
exposición, Pin también ha dejado claro que Israel es la potencia
ocupante no solo de Cisjordania y Jerusalén Este, sino también de la
Franja de Gaza, pese a que se retiró unilateralmente en 2005, puesto que
ha mantenido "el control efectivo" dado que controla su espacio aéreo,
sus aguas territoriales y también sus fronteras exteriores.
También ha indicado que a España le preocupa particularmente "la
detención, interrogatorio, procesamiento y encarcelamiento" de numerosos
menores palestinos por parte de "las fuerzas de ocupación israelíes"
puesto que es contrario a la Convención de los Derechos del Niño.
España ha sido el penúltimo de los 52 países que han pedido
intervenir en estas audiencias, entre los que han estado buena parte de
los países de la UE así como Estados Unidos, China o Rusia. También han
tomado la palabra para expresar sus opiniones la Liga Árabe, la
Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Unión Africana.
Estas audiencias son el resultado último de la resolución adoptada el
30 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU por 87 votos a
favor, 26 en contra --entre ellos los de Estados Unidos y Reino Unido--
y 53 abstenciones --entre ellas España así como otros países europeos
como Francia, Grecia o Suecia--.
El texto pide a la CIJ que
"emita una opinión consultiva" en base a "las normas y los principios
del Derecho Internacional", incluida la Carta de Naciones Unidas, el
Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos así como las resoluciones tanto del Consejo de
Seguridad como de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.
Más en concreto, quieren que el órgano judicial se pronuncie sobre
las "consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe
violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de
sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del
territorio palestino ocupado desde 1967" tanto en Cisjordania como en
Jerusalén Este.
Asimismo, se pide su opinión sobre "cómo
afectan" estas políticas y prácticas de Israel "al estatuto jurídico de
la ocupación y qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto
para todos los Estados y para Naciones Unidas".
Después de que
el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, transmitiera por
carta a la CIJ la petición de opinión consultiva de la Asamblea General
el 17 de enero de 2023, se abrió un plazo para que todos lo países que
lo quisieran, incluida la Autoridad Palestina que tiene estatus de
observador, hasta el 25 de julio de ese año para presentar declaraciones
escritas.
A continuación se abrió un segundo plazo hasta el 25
de octubre para presentar comentarios escritos a las declaraciones
hechas por otros estados. Tanto las declaraciones escritas como los
comentarios son documentos secretos a menos que la CIJ finalmente decida
hacerlos públicos durante o después de la apertura de las audiencias
orales. Una vez concluyan dichas audiencias, la corte se retirará a
deliberar y posteriormente dará a conocer su opinión en audiencia
pública.
Las audiencias que se cierran esta lunes nada tienen
que ver con la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por la
posible comisión de genocidio en su actual ofensiva militar en la Franja
de Gaza, en virtud de la cual la CIJ dictó medidas preliminares el
pasado 26 de enero.
