PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) ha advertido de que la crisis generada por la pandemia provocará
fuertes aumentos de la informalidad laboral, la desigualdad y la pobreza
en varios países de América Latina, por lo que los Gobiernos de la
región deberán enfocar sus políticas en el desarrollo de sólidos
sistemas de seguridad social y políticas para frenar la informalidad.
Así lo ha indicado el organismo en su último informe, donde
resalta que tras un 2020 "devastador" por la crisis sanitaria, las
perspectivas futuras están mejorando, señalando que la respuesta de los
gobiernos de aquí en adelante debe abordar los obstáculos estructurales
para el crecimiento económico.
En este escenario, la institución con sede en París ha realizado
una serie de recomendaciones ha analizado las situaciones de Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica y México, citando además varias
recomendaciones en materia fiscal, educativa, laboral o social.
La OCDE menciona en su informe la poca integración económica de
Argentina en la economía mundial si se compara con otras economías
emergentes, una situación que se ha agravado con el impacto de la
contingencia sanitaria.
Así, el organismo considera relevante reducir los controles
regulatorios y arancelarios por parte de las autoridades, lo que
generaría nuevas oportunidades tanto a los ciudadanos como a las
empresas.
Según la OCDE, este tipo de medidas fomentaría la exportación de
empresas locales, generando puestos de trabajo más cualificados y con
mayor posibilidad de ser formales. Además, la reducción de barreras
comerciales supondría un aumento en el poder adquisitivo de los
consumidores, especialmente para los de bajos ingresos.
En el ámbito laboral, el organismo apunta que el país sudamericano
debería combatir las altas de informalidad y reforzar los sistemas de
protección social de empleo, a través de esquemas de transferencia de
dinero efectivo.
En el lado tributario, la OCDE cita varias recetas, como la
eliminación gradual de los impuestos provinciales y sobre transacciones,
así como la ampliación de la base del IVA. Asimismo, recomienda aplicar
unas contribuciones más reducidas para los empleados de menos ingresos,
con el objetivo de fortalecer el empleo formal.
En el caso de Brasil, la OCDE ha resaltado la necesidad del país
de reactivar su actividad económica tras el paso de la pandemia, además
de enfocar los programas de protección en los sectores de la población
más vulnerables.
Las recomendaciones de la Organización pasan por cambiar el
enfoque del gasto social para beneficiar a los más necesitados de cara a
reducir los niveles de desigualdad y pobreza.
Asimismo, el organismo recomienda la construcción de una red de
seguridad social más sólida y universal, que aumente los beneficios para
los trabajadores y que incluya a los empleados informales que
actualmente no están cubiertos por ningún régimen de protección social.
Por otra parte, la OCDE recomienda la reducción de barreras
comerciales y arancelarias para los bienes y servicios, así como la
simplificación de la burocracia para los emprendedores del país a la
hora de montar una empresa.
En términos de deforestación, la institución con sede en París
aconseja aprovechar el éxito de épocas pasadas en la lucha contra esta,
así como fortalecer los esfuerzos para combatirla y garantizar la
dotación de personal y presupuesto suficiente para la agenda ambiental.
De su lado, la OCDE aconseja evitar un debilitamiento de la
protección actual de las áreas protegidas. En el caso del Amazonas, el
consejo pasa por centrarse en un uso sostenible de su posible
explotación económica.
En México, la OCDE ha advertido de que el Gobierno deberá
garantizar la independencia de las autoridades de competencia y de los
órganos especiales, además de otorgarles los recursos adecuados para su
correcto funcionamiento.
En otro orden de cosas, el organismo recomiendo reducir las
adjudicaciones directas en las licitaciones públicas y consolidar el uso
de un sistema centralizado para las adquisiciones federales, además de
aliviar las restricciones a la inversión extranjera directa en sectores
clave como el transporte, la logística y la banca.
La OCDE también ha recomendado al país norteamericano reducir la
burocracia a nivel local, reducir las altas tasas de informalidad y
consolidar un sistema de seguridad social. Para conseguir esta caída de
la informalidad, la institución aconseja destinar más recursos a las
inspecciones laborales y el establecimiento de un sistema de seguro de
desempleo a nivel estatal.
En Chile, la OCDE ha alertado sobre la exposición de las
vulnerabilidades persistentes en el tiempo, como la desigualdad, el gran
número de pequeñas y medianas empresas y una productividad débil.
Si bien el organismo ha reconocido que la actuación del Gobierno
ha amortiguado algunos efectos negativos de la crisis, es necesario una
acción de política estructural para evitar que los efectos de la crisis
deshagan los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad
durante las últimas décadas.
En Colombia, la institución ve probable que la pandemia conduzca a
una mayor informalidad, desigualdad y pobreza, revirtiendo años de
mejora. Por ello, advierte de que será necesario abordar las brechas de
conectividad y la alta desigualdad entre las regiones del país, así como
impulsar el crecimiento y el empleo a medio plazo.
En el caso de Costa Rica, la OCDE considera que para lograr una
recuperación sólida e inclusiva, la máxima prioridad política debe ser
impulsar la creación de empleo formal, con reformas que van desde la
eliminación de obstáculos a la entrada de empresas y la competencia,
hasta la mejora de la calidad de educación.
