LISBOA. El jefe del Estado portugués, Aníbal Cavaco Silva,
promulgó los Presupuestos de 2014 aprobados previamente por el
Parlamento sin someterlos a la fiscalización preventiva del
Constitucional luso.
Según recoge hoy el Boletín Oficial del Estado, Cavaco Silva sancionó
el texto este lunes, lo que garantiza su entrada en vigor desde el 1 de
enero.
El presidente luso, sin embargo, todavía puede solicitar la opinión
del Alto Tribunal para algunas normas concretas que incluye el documento
en caso de que dude de su legalidad, tal y como hizo con los
Presupuestos de 2013.
El jefe del Estado tenía de plazo hasta el pasado 25 de diciembre
para enviar el texto completo al Constitucional, por lo que en Portugal
ya se daba por segura desde entonces su promulgación.
Los Presupuestos Generales de 2014 incluyen por quinto año
consecutivo duros ajustes, centrados en lograr un mayor recorte del
gasto público, además de mantener la elevada presión fiscal.
El recorte de las pensiones de los trabajadores del sector público
-de un 10 % de media- era la medida más polémica de todas las recogidas
en el documento, y Cavaco Silva decidió solicitar el dictamen del Alto
Tribunal sobre esa norma en concreto a finales de noviembre.
La semana pasada, los jueces del Constitucional decidieron por
unanimidad considerar ilegal ese nuevo ajuste, lo que obligará al
Gobierno luso del primer ministro, Pedro Passos Coelho, a encontrar una
alternativa, y en el país ya se especula con la posibilidad de un nuevo
aumento de impuestos.
El recorte de las pensiones iba a suponer un ahorro a las arcas
públicas de unos 700 millones de euros, aunque su anulación vuelve a
activar una tasa especial aplicada a los funcionarios en 2013 que
volverá a ser implantada en 2014 y que garantiza la entrada de ingresos
por valor de 340 millones de euros.
De esta forma, el Ejecutivo luso, de signo conservador, debe buscar
otras opciones para economizar en torno a 370 millones de euros más, tal
y como se comprometió con la troika en su última visita a Lisboa.
Portugal está a sólo seis meses de cerrar su programa de asistencia
financiera, acordado con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2011 a cambio de su
rescate.
Como contrapartida por el préstamo de 78.000 millones de euros
concedido por los organismos internacionales, el país ha aplicado
durante los últimos tres años severas medidas de austeridad con el
objetivo de cumplir sus metas de reducción del déficit público.
El propio Cavaco Silva ha explicado en ocasiones que sancionar los
Presupuestos es prácticamente una obligación para él, debido a las
"consecuencias extremadamente negativas" que conllevaría retrasar su
entrada en vigor.
"El principio por el que normalmente me rijo es hacer una evaluación
cuidadosa, recogiendo el máximo de información posible sobre los costes
de que el Presupuesto no entre en vigor el día 1 de enero y los costes
que resultan de que una norma sea considerada inconstitucional una vez
el Presupuesto ya está en vigor", justificó el pasado mes de octubre.
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