BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) presentó hoy un plan de
acción que permitirá a la UE luchar con más cohesión y fuerza contra el
fraude y la evasión fiscal, que hacen perder a los Veintisiete un
trillón de euros al año o 2.000 euros por ciudadano.
El comisario europeo de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas
Semeta, subrayó que se trata de una "pérdida escandalosa de ingresos
públicos, en particular en estos tiempos de crisis", que hacen la lucha
contra esos delitos económicos "todavía más urgente".
Pero esa batalla no puede librarse sola y la estrategia debe incluir
"una posición fuerte y cohesionada" de la Unión Europea (UE) y la
combinación de fuerzas a nivel nacional, europeo y global para tener
éxito, recalcó el comisario lituano al presentar su iniciativa.
Ese plan de acción incluye 34 medidas y dos recomendaciones que, en
su conjunto, crean "una nueva posición de la UE basada en que la
competencia fiscal en la Unión no puede abrir puertas a evasores y a
defraudadores.
Igualmente es una posición más fuerte contra países terceros que
facilitan esos delitos y la práctica de ir en busca de las mejores
condiciones para eludir al fisco en casa, lo que se conoce como
"tax-shopping".
Por último, obligar a las empresas a "pagar su cuota justa" por desarrollar sus negocios en el mercado único, explicó Semeta.
En sus dos recomendaciones, la CE alienta a los países miembros a
tomar medidas "inmediatas y coordinadas" en problemas urgentes.
La primera prevé la adopción en la UE -más allá de las medidas
internacionales actuales- de una posición de fuerza contra los paraísos
fiscales.
Mediante la definición de criterios comunes, la CE insta a los
Estados miembros a identificar esos paraísos y a incluirlos en unas
"listas negras" nacionales.
La segunda aborda el tema de la planificación fiscal agresiva, por lo
que la CE propone diferentes vías para corregir los tecnicismos y las
lagunas que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que
equitativamente les corresponde.
El texto urge a Estados miembros a reforzar sus convenios de doble
imposición para evitar que puedan dar como resultado una ausencia total
de tributación y a adoptar para la lucha contra las prácticas abusivas
una norma general común que permita basar los impuestos en las
actividades económicas reales y dejar de lado cualquier montaje
artificial con el que se pretenda eludirlos.
Los Veintisete pueden tratar de conseguir sistemas impositivos
competitivos siempre y cuando lo hagan de manera abierta y transparente,
señaló Semeta, quien subrayó que los problemas llegan cuando se diseñan
artificialmente los regímenes con el fin de "robar bases impositivas o
alentar una planificación agresiva".
El comisario indicó que la UE dispone de un instrumento para
garantizar una competencia fiscal justa: el código de conducta sobre
impuestos de sociedades en el que se trabaja y que permite a los Estados
miembros evaluar las prácticas de los demás países y exigir
correcciones en los regímenes fiscales si resultan perjudiciales.
La CE propone ampliar su ámbito de aplicación para que en él se
incluyan regímenes fiscales especiales destinados a los más ricos.
En el plan de acción figuran iniciativas como la adopción de un
código del contribuyente, la creación de un número de identificación
fiscal de la UE, la revisión de las disposiciones contra las prácticas
abusivas en directivas europeas claves y la creación de unas directrices
comunes para rastrear los flujos de dinero.
Para garantizar que se logra el efecto deseado, la CE creará
instrumentos de control y unos mecanismos de gestión activos que
permitan mantener el ritmo en la lucha contra la evasión y el fraude
fiscal.
Con el fin de velar por la buena gobernanza fiscal, se creará también
una nueva plataforma de seguimiento de la aplicación de las
recomendaciones en los Estados miembros.
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