MADRID.-  En plena tormenta económica en España, con los mercados preocupados  por el elevado déficit del país y la sociedad alarmada por el paro y los  recortes sociales, pocos esperarían que una de las cuestiones más  espinosas de las cuentas públicas con las que tendrá que lidiar el  gobierno que salga de las urnas el 20-N esté relacionada con la Defensa.
 
Y sin embargo, las deudas que acumula esta cartera - que oscilan  entre los 26.000-27.000 millones de euros y cuyo pago se extiende hasta  2025 -, serán previsiblemente uno de los asuntos más urgentes sobre la  mesa del próximo presidente del Gobierno.
 
"Esta es la patata caliente (para el próximo gobierno), o lo resuelve  en seis meses o le va a estallar en las manos", dijo Enrique Navarro,  presidente de la consultora IC2 Partners.
 
La implicación de España en grandes programas con los que modernizar  las Fuerzas Armadas, así como su presencia en misiones internacionales,  creció notablemente en el anterior gobierno del PP y se mantuvo durante  la primera legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.  Aprovechando los últimos coletazos del periodo de expansión económica,  el presupuesto de Defensa creció un 57 por ciento entre 1998 y 2008  hasta los casi 8.500 millones de euros.
 
España se unió a ambiciosos proyectos europeos, como el caza  Eurofighter 2000 y el avión de transporte A-400M, además de otros  contratos importantes a nivel nacional, como el del carro de combate  Leopardo, las fragatas F-100 y los submarinos S-80, que ahora algunos  ponen en duda que sean adecuados para las necesidades reales de las  Fuerzas Armadas.
 
"Estamos pagando cosas que probablemente no vamos a necesitar",  afirmó Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad  Complutense de Madrid.
 
Estos contratos de modernización contaron con el apoyo imprescindible  de los créditos blandos concedidos por el Ministerio de Industria bajo  el concepto de ayudas a la innovación tecnológica en el sector de la  defensa y en forma de anticipos reintegrables a las empresas, para que  pudieran ir fabricando el material hasta que Defensa les pagara.
 
Pero esta política expansiva se dio de bruces con el estallido de la  crisis en 2008 y, al igual que el resto del presupuesto público, Defensa  tuvo que ajustarse el cinturón.
 
En estos tres años, su presupuesto - del que hasta un 65 por ciento  corresponde a gastos de personal, una cifra que ha ido en aumento - ha  bajado un 15 por ciento, y el capítulo de inversiones reales, de donde  paga estos programas, ha caído a la mitad en ese mismo periodo hasta los  1.000 millones de 2011.
 
Sin embargo, tiene que afrontar una deuda de unos 26.000 millones de  euros hasta 2025 - tras haber pagado ya unos 5.000 millones -, explica  Navarro. Según el analista, 14.000 millones de euros pendientes de pago  corresponden a los créditos anticipados por Industria y que habría que  devolver a partir de 2014; 4.000 millones de euros figuran entre los  retrasos que Defensa ya tenía que haber pagado a las empresas y 8.000  millones deberían ser pagados en los próximos cinco años a la entrega  del material.
 
Ante la dificultad de conseguir cifras oficiales sobre la deuda  pendiente y los calendarios de pago, se espera como agua de mayo la  comparecencia el miércoles en el Congreso del secretario de Estado de  Defensa, Constantino Méndez. El funcionario, que ha llegado a hablar de  un "festín de gasto público" en defensa en la época del PP, cifró hace  un año la deuda en 27.000 millones de euros.
  
Los rígidos compromisos de consolidación fiscal con Bruselas  dificultan aún más el panorama lo que, según diversos analistas, podría  llevar a Defensa a paralizar sus inversiones durante hasta 10 años.
 
"El ministerio tiene para gastar este año en inversiones 200 millones y tiene que pagar unos 1.000 millones", dijo Fonfría.
 
Los analistas explican que se han barajado varias opciones: desde  condonar los créditos de Industria a alargar el calendario de pago,  pasando por crear un organismo que asuma las deudas o permitir que las  empresas exporten parte de los encargos y así reducir el déficit.  Además, Defensa podría optar por vender sus participaciones en empresas  como Hispasat o Isdefe, según analistas.
 
En un momento en el que se teme que la economía de los países  desarrollados pueda caer en una nueva recesión y en el que hasta Estados  Unidos -el país con mayor gasto militar del mundo- ha aprobado recortes  en el presupuesto del Pentágono, también está en juego la supervivencia  de la industria española de Defensa, que ha sufrido ajustes de hasta el  25 por ciento de su fuerza laboral en estos tres años.
 
"Si en los próximos años hay que dedicarse a pagar lo que se ha  construido y las empresas mientras están de brazos cruzados, cierran en  dos años el 80 por ciento", afirmó Enrique Navarro, de IC2 Partners, que  destacó que "muchas de las decisiones industriales que se tomaron  fueron por política industrial".
 
Dominada por cuatro compañías - EADS-Casa, General Dynamics, Indra y    Navantia -, la industria de defensa cuenta en España con unos 50.000  empleos directos e indirectos y factura entre 2.500 y 3.500 millones de  euros al año.
 
"¿Es necesario mantener una industria española de Defensa? Yo parto  de la base de que sí, por cuestiones estratégicas y de soberanía  nacional, pero otra cosa es si su capacidad competitiva es la adecuada",  señaló Fonfría, que ha formado parte de un grupo de trabajo encargado  por el ministerio para estudiar esta situación. "Además, está  sobredimensionada".
  
Ante esta situación y en vísperas de una cita electoral que podría  suponer un cambio de gobierno en favor del Partido Popular, según las  encuestas, las empresas no quieren hablar de problemas en los pagos  mientras tratan de abrirse a mercados exteriores.
 
Fonfría se mostró partidario de contratos más pequeños "pero más  necesarios, sobre todo con el tipo de conflictos que tenemos  actualmente", y menciona por ejemplo los UAV, aviones no tripulados, de  los que el Ejército español está utilizando algunos en la misión en  Afganistán de procedencia extranjera.
 
En sentido similar, Navarro explica que parte del problema radica en  la pretensión de jugar un rol en las misiones internacionales quizás  excesivo para el peso del país. "Esto es consecuencia de tener un  Ejército que gasta menos de la mitad que el resto de los países y sin  embargo estamos en las mismas misiones que el resto de los países, las  cuentas no cuadran", dijo.
 
El Partido Popular, que ha apostado por mantener la presencia  española en misiones como la de Libia o Afganistán, aún no ha presentado  públicamente sus propuestas de defensa y declinó hacer declaraciones  sobre esta situación.
 
Un borrador de su programa mencionado por medios habla de reducir el  número de mandos militares y de instalaciones. También considera  prioritario sacar la deuda del balance del ministerio, aunque no  especifica cómo, mientras sus "ideas en defensa" recogidas en su web  (www.pp.es) hablan de impulsar el proceso de modernización de las  Fuerzas Armadas y cumplir los planes de capacidades militares.
 
Cuando el partido de centroderecha ya ha anunciado que llevará a cabo  recortes en la Administración y varias de las comunidades autónomas en  las que gobierna han reducido recursos en áreas como sanidad y  educación, parece difícil que se vaya a mejorar la dotación para la  defensa en un país con un profundo sentimiento antimilitarista, a pesar  de que las Fuerzas Armadas son de las instituciones mejor valoradas en  las encuestas.