MADRID.- El 94 por ciento de las empresas del Ibex 35 
tenían presencia en paraísos fiscales en 2011 --un 8% más que en 2010--,
 lo que supone 33 de las 35 empresas que forman el selectivo español, 
según recoge el informe 'La Responsabilidad Social Corporativa en las 
memorias anuales de las empresas del Ibex 35', realizado por el 
Observatorio de la RSC y presentado este martes en Madrid.
   En este sentido, el director del estudio, Carlos Cordero, ha 
explicado que "desde el inicio de la crisis, en vez de decrecer la 
presencia de las empresas españolas en paraísos fiscales ha aumentado 
muy significativamente".
 "Todas las empresas del Ibex 35 tienen 
presencia en estos territorios, pero de éstas al menos dos han informado
 de que su actividad se debe a operaciones que se desarrollan en esa 
misma zona --ha precisado--. Mientras que el resto de las empresas que 
cotizan en el Ibex 35 tienen presencia en paraísos fiscales por motivos 
distintos a los operativos o comerciales".
   Asimismo, Cordero ha señalado que "no hay ninguna empresa que 
informe sobre los impuestos pagados o subvenciones recibidas país a 
país, por lo que es muy difícil entender cuál es la transparencia fiscal
 de cada una de ellas o su responsabilidad fiscal".
 "Las empresas apenas
 pagaron el 11,6 por ciento de sus resultados contables, frente a las 
familias que en ese mismo ejercicio pagaron más de un 12 por ciento, 
aquí la proporcionalidad de la contribución en tiempos de crisis es 
totalmente desequilibrada", ha denunciado.
   En lo referido a la progresión de la presencia del número de 
sociedades en paraísos fiscales, el análisis muestra que durante el año 
2009, el número de filiales españolas en estos territorios era de 273, 
frente a las 354 de 2010 y  las 437 que había en 2011, lo que supone un 
incremento del 23 por ciento en 2011 respecto a 2010 y del 60 por ciento
 en relación a 2009.
   El texto apunta también que los principales territorios 
considerados como paraísos fiscales preferidos por las empresas del Ibex
 35 son Delaware en Estados Unidos, con 115 filiales; seguido de 
Holanda, con 85; y Luxemburgo, con 30 entidades españolas.
   Por otro lado, el documento subraya la "escasa información" que 
las empresas proporcionan en sus memorias anuales, la cual además ha 
disminuido durante el ejercicio de 2011. Además, Cordero ha manifestado 
que se han detectado "ausencias de transparencia que generan 
preocupaciones y riesgos sobre aspectos económicos, sociales y 
medioambientales de la gestión que desarrollan las empresas". 
"La 
calidad de información en vez de mejorar ha sufrido un leve descenso 
--ha añadido--. En 2011 cuatro empresas han ofrecido una información 
puramente anecdótica, casi nula".
   Para el director del informe, la corrupción es uno de los temas 
"más relevantes para la sociedad española". Así, ha indicado que hasta 
el momento hay siete empresas que "no han realizado un reconocimiento 
expreso contra la corrupción y los sobornos".
 "Desde el 2009 continua el
 descenso de las empresas que detallaban la corrupción de funcionarios, 
pasando de 12 en 2009 a 6 en el año 2011; también la información sobre 
incidencia política es prácticamente ausente", ha apostillado.
   Además, ha planteado que hay una presencia "muy elevada" de 
directivos en los consejos que en los diez últimos años han ostentado 
cargos políticos. "Al menos el 7 por ciento de los consejeros de 
empresas del Ibex 35, en los últimos años habían tenido altos cargos en 
la administración pública como ministros o secretarios de estado, por lo
 que podríamos decir que nos encontramos ante lo que la Unión Europea 
considera un problema grave en el 'Buen Gobierno', como es el problema 
de 'puerta giratoria'", ha expuesto.
   "También llama la atención que durante 2011 hubiera 260 directivos
 con cláusulas de blindaje ubicados en 31 empresas de las 35, solamente 
son cuatro las empresas que informaron que ninguno de los miembros de su
 alta dirección está protegido por estas cláusulas", ha manifestado 
Cordero. 
   En cuanto a los derechos humanos, el texto revela que son "muy 
pocas" las empresas que siguen los principios rectores de Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos humanos. Ante esto, Cordero ha señalado
 que "muy pocas aportan información relevante sobre el concepto de 
'Debida Diligencia' y sobre la responsabilidad de respetar los derechos 
humanos allá donde operen --trabajo infantil o seguridad laboral--". 
   Asimismo, el creador del estudio ha lamentado la falta de datos 
que aportan las empresas sobre derechos laborales, sobre cuestiones 
medioambientales e impactos de sus acciones, sobre sistemas de gestión 
de la responsabilidad social corporativa, así como la falta de 
información sobre el derecho de los consumidores.
   Por último, el análisis indica que el tema de la opacidad "sigue 
siendo la tónica en lo que respecta al blindaje de los cargos 
directivos" y recuerda que tan sólo una de las 35 empresas "aporta 
información al respecto y exige que se informe de qué órgano autoriza 
los blindajes, y sólo dos empresas establecen una relación entre la 
remuneración directiva y la consecución de objetivos no financiero".

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