viernes, 8 de agosto de 2025

El presidente de Portugal tumba la reforma migratoria del Gobierno con el apoyo del Tribunal Constitucional



LISBOA.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro junto con el apoyo del partido conservador Chega! tras la decisión del Tribunal Constitucional, que dictaminó la inconstitucionalidad de varias normas. 

Rebelo de Sousa indicó en un comunicado publicado en la página web de la Presidencia lusa que devolverá la reforma sin promulgar a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) «a raíz de la sentencia dictada hoy por el Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales cinco disposiciones de la ley».

En una rueda de prensa, el presidente del Tribunal Constitucional luso, José João Abrantes, explicó que la decisión fue aprobada por mayoría en la corte. Abrantes, al argumentar la decisión, precisó que las nuevas normas de reagrupación «pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia» y violar los derechos consagrados en la Constitución.

Además, el tribunal consideró que imponer un plazo de dos años para pedir la reunificación, como planteaba la ley, es «incompatible con la protección constitucionalmente debida a la familia».

El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio, con los votos del partido gobernante y de Chega!, una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los inmigrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.

La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a «actividades altamente cualificadas» y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.

Su aprobación vino acompañada de críticas por parte de los partidos de izquierda y de organizaciones de la sociedad civil, que pidieron audiencias con el presidente luso para trasladarle sus dudas sobre la legislación.

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