MANILA.- La subida de los precios en Filipinas alcanzó en agosto su cota más alta
en casi una década, lo que abre la puerta a una crisis marcada por el
encarecimiento de alimentos básicos como el arroz, que empobrecerá aún
más a las clases desfavorecidas y pone en un aprieto al Gobierno de
Rodrigo Duterte.
La inflación en agosto fue del 6,4 %, la tasa más elevada desde marzo de 2009, según datos oficiales divulgados ayer.
En sus numerosos y prolijos discursos en dos años en el
cargo, Duterte apenas ha hablado de economía, asunto que confiesa no
dominar y que ha dejado en manos de los "tipos listos" del gabinete.
La popularidad de Duterte va en descenso al situarse en julio en el 65
%, su nivel más bajo desde que arrancó su mandato, según los más
recientes sondeos de Social Weather Station (SWS).
Mientras que su polémica guerra antidrogas o sus comentarios sexistas
apenas han minado su popularidad, las últimas encuestas reflejan que
sólo un 6 % de los filipinos está conforme con la gestión económica del
mandatario, con la inflación y los bajos salarios como principales
preocupaciones.
Con un proyecto económico basado en
un millonario plan de infraestructuras, el equipo de Duterte planea
lograr este año un crecimiento de hasta el 8 %, un objetivo cada vez más
inalcanzable por culpa de la escalada de los precios.
El encarecimiento de los alimentos fue del 8,5 %, alcanzando el 19,2 %
en los vegetales o el 7,1 % en el arroz, producto básico en la cesta de
las familias filipinas que atraviesa problemas de abastecimiento por el
exceso de monzones en julio y una plaga de gorgojo.
Por ello en el último mes se dejaron de distribuir 300.000 sacos de
arroz (50 kilos por saco) en el país y diversos sectores han pedido al
Gobierno medidas urgentes para atajar una inminente crisis alimentaria e
incluso varios legisladores han exigido el cese de su equipo económico.
De momento, tras conocerse ayer la inflación, el gobierno anunció la
liberación inmediata al mercado de 4,6 millones de sacos de arroz
almacenados y de otros 2 millones de sacos antes de fin de mes.
La situación apremia ya que el 48 % de los hogares filipinos, alrededor
de 11,1 millones de familias, se consideran pobres según el último
sondeo de SWS en el segundo trimestre del año, frente al 42 % en el
trimestre anterior.
También aumentó el número de
familias que confesaron pasar hambre: un 34 % (7,8 millones de hogares)
frente al 29 % del primer trimestre y entre los porcentajes más altos
del último lustro.
La Fundación IBON, especializada
en análisis socioeconómico en Filipinas, alertó de que "el Gobierno de
Duterte está perdiendo el control de la economía" y que los más
golpeados por esta situación son las clases más desfavorecidas del país.
La alimentación acapara ahora el 60 % de los gastos del 30 % de las
familias más pobres, que han sufrido en lo que va de año un fuerte
retroceso en su poder adquisitivo, según un informe de IBON publicado
hoy.
Economistas y grupos de la oposición achacan el
problema de la escalada de precios a la reforma fiscal impulsada por el
Gobierno de Duterte (TRAIN-2) bajo la promesa de ayudar a los más
pobres, aunque para muchos el resultado ha sido el opuesto.
TRAIN-2 reduce las tasas de corporaciones, controladas por las grandes
fortunas del país, y garantiza transferencias directas de dinero a los
más pobres, lo que según sus críticos aumenta su dependencia del
sistema, además de cargar con más impuestos a la exigua clase media
filipina.
"Las transferencias de dinero son una
cortina de humo para desviar el foco del hecho de que la administración
Duterte ha creado un sistema impositivo más pro-ricos y anti-pobres de
lo que ya era", ha dicho sobre la reforma el director de IBON, Sonny
Africa.
Aunque desde el Gobierno aseguran que la
sombra de la crisis está lejos, tras conocerse ayer la inflación de
agosto, la bolsa retrocedió un 1,7 % y el peso filipino se depreció
hasta su punto más bajo en doce años (53,8 pesos por dólar).
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