«Desde 2012, más de 770.000 inmigrantes de países no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo han ingresado en Suecia», dijo el primer ministro, Ulf Kristersson.
«Debido a una política de integración que casi no plantea exigencias ni proporciona incentivos para integrarse en la sociedad, esta forma de inmigración ha creado una Suecia dividida», añadió Kristersson.
Con esa división, se refería a «la segregación, la exclusión social, el desempleo, los malos resultados escolares y la falta de valores suecos comunes».
El país escandinavo, de 10,3 millones de habitantes, tiene «problemas significativos con extranjeros desempleados y que dependen únicamente de las prestaciones, especialmente las mujeres.
La reforma legal exigirá a los inmigrantes una «actividad» a tiempo completo y eliminará la posibilidad de múltiples subvenciones, por hijos, manutención, desempleo, enfermedad, permiso parental, etc., y establecerá un período por determinar de estancia antes de solicitar beneficios sociales.
También aumentará los protocolos de acceso al empleo para los recién llegados. Además, se exigirá a este grupo de inmigrantes que aprendan sueco.
Desde los 90, Suecia ha acogido a numerosas personas procedentes de países en crisis como la antigua Yugoslavia, Afganistán, Siria, Irak y Somalia.
La violencia rampante de las bandas del crimen organizado, integradas y dirigidas por extranjeros, ha llevado sin embargo a una actitud diferente hacia la realidad migratoria.
Kristersson habla de una «política de inmigración irresponsable y una integración fallida».
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