ASUNCIÓN.- La
Fiscalía paraguaya se reunió este domingo con los responsables de la
Policía Nacional para preparar un dispositivo de seguridad especial para
las movilizaciones de los campesinos que se celebrarán el lunes en
distintos puntos del país, ante el riesgo de que pueda desencadenar
disturbios.
El
Ministerio Público informó en un comunicado que el objetivo del
encuentro es "implementar sistemas de control y de esa manera evitar
incidentes que pongan en riesgo la seguridad de los mismos o de
terceros" durante la jornada de marchas a nivel nacional.
La
Fiscalía ha conformado varios grupos de trabajo para preparar los
"procedimientos de control e investigación" que se aplicarán si se
producen "conductas que pudieran tener relevancia penal" durante la
marcha.
Paralelamente,
el ministro del Interior, Euclides Acevedo, recibió este domingo en la
sede ministerial de Asunción a los líderes de la Federación Nacional
Campesina (FNC), la organización que ha convocado las protestas.
Las
manifestaciones se desarrollarán de forma simultánea en al menos ocho
de las principales ciudades paraguayas, donde se realizarán marchas, se
repartirán octavillas y se leerán mítines.
Además,
los campesinos han anunciado que realizarán cortes en las carreteras
más importantes del país, una medida que fue cuestionada esta semana por
el ministro del Interior, quien afirmó a los medios locales que tendrá
"tolerancia cero" con los bloqueos de las rutas.
La
movilización tiene carácter indefinido y persigue denunciar los
desalojos de asentamientos y la "represión policial" del Estado contra
los pequeños productores que han ocupado fincas rurales para instalar
sus colonias.
Desde
la organización, calculan que hay cerca de 800 asentamientos en
Paraguay bajo la amenaza de un desahucio por parte de las autoridades,
en un contexto, añadieron, en que un 30 % del territorio agrícola está
en poder de latifundistas de otros países como Brasil.
Además,
alertan de que se ha agilizado el proceso de los desalojos desde que en
septiembre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia
derogaran un protocolo del año 2012 que establecía unas fases y
regulación previa para llevarlos a cabo.
Ante
esta situación, el viernes hicieron un llamamiento a la ciudadanía, en
especial a colectivos como indígenas, desempleados o estudiantes o
activistas medioambientales a sumarse a las concentraciones.
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