
Para estos operadores, según denunció su patronal ALA, el carburante representa más del 30% de sus gastos y «apenas quedan procesos de gestión que permitan reducir el consumo, como no sea la reducción de la propia actividad».
Resulta evidente que las compañías aéreas no quieren llegar a esos extremos y por eso reclaman ahora «una actuación conjunta, mancomunada e interesada de toda la cadena de valor del transporte aéreo y sus intervinientes», entre los que no sólo incluyen a otras compañías privadas sino también a las propias administraciones públicas, al ser éstas responsables de las infraestructuras aeroportuarias.
Consideran que el camino recorrido ofrece ya «pocas más alternativas».
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