WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes decidir la legalidad de una decisión del Congreso de hace décadas de excluir a Puerto Rico de un programa federal que brinda beneficios a personas mayores, ciegas y discapacitadas de bajos ingresos.
Los jueces tomaron una apelación del gobierno de Estados Unidos presentada originalmente por la administración del ex presidente republicano Donald Trump de un fallo de un tribunal inferior que encontró ilegal la exclusión.
Muchos puertorriqueños se han quejado durante mucho tiempo de que los residentes de la isla caribeña son tratados peor que otros estadounidenses a pesar de ser ciudadanos estadounidenses. Puerto Rico, que no es un estado, es el más poblado de los territorios de Estados Unidos, con alrededor de tres millones de personas.
La Corte de Apelaciones del primer Circuito de los EE. UU., con sede en Boston, falló el año pasado a favor de un residente puertorriqueño llamado José Luis Vaello-Madero, quien anteriormente había recibido beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) cuando vivía en Nueva York, pero perdió la elegibilidad cuando se mudó a Puerto Rico en 2013.
El primer Circuito decidió que la exclusión de Puerto Rico del programa violó una disposición de la Constitución de los Estados Unidos que requiere que las leyes se apliquen por igual a todos.
Vaello-Madero, quien tiene 66 años y está discapacitado, presentó su impugnación constitucional luego de que el gobierno lo demandara en una corte federal en Washington en 2017 pidiendo más de 28,000 dólares por pagos que le había hecho después de mudarse a Puerto Rico.
Los beneficios de SSI están disponibles para cualquier ciudadano estadounidense que viva en cualquiera de los 50 estados, Washington, DC y las Islas Marianas del Norte, pero no los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU. Y Guam.
La decisión de no incluir a Puerto Rico fue tomada por el Congreso cuando promulgó el programa en 1972. Los puertorriqueños son elegibles para un programa diferente, llamado Ayuda a los Ancianos, Ciegos y Discapacitados, que permite un mayor control local pero no tantos fondos federales. , dijo el Departamento de Justicia en documentos judiciales.
Después
de que el presidente demócrata Joe Biden asumiera el cargo en enero,
algunos grupos religiosos instaron a su administración a retirar la
apelación.
Jenniffer González-Colón, una republicana que es la representante sin derecho a voto de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, dijo en un comunicado que Biden debería "hacer lo correcto y retirar el caso".
González-Colón ha introducido una legislación que extenderá el programa SSI a Puerto Rico y los otros territorios.
Una portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.
Puerto Rico solicitó a la Corte Suprema que ratificara el fallo del Primer Circuito.
“Los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico disfrutan de derechos mucho menores que los que residen en los Estados simplemente por el estatus de Puerto Rico como territorio”, dijo el gobierno de Puerto Rico en documentos judiciales. "Esta desigualdad es inconstitucional e inaceptable".
Es probable que el tribunal escuche y decida el caso en su próximo mandato, que comienza en octubre y finaliza en junio de 2022.
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