
Así lo ha asegurado la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, dentro de una investigación judicial que se lleva a cabo respecto de un municipio de la Región de Murcia.
Fuentes próximas a la investigación han señalado que una empresa constructora, a la que se adjudicó una obra pública -en concreto, la construcción de un colegio público-, presentó un aval de Swiss Finantial como garantía de que llevaría adelante el proyecto. Cuando éste no se ejecutó, el Consistorio intentó ejecutar el aval y se encontró con que no le era posible, pues en apariencia no tiene validez alguna.
Así lo ha certificado ya la AEAT, y ello ha llevado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a abrir diligencias para determinar qué persona entregó esa póliza de garantía al Ayuntamiento murciano, supuestamente a sabiendas de que no tenía validez.
La declaración realizada por la Agencia Tributaria y la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tienen especial trascendencia, ya que son numerosos los ayuntamientos y las sociedades que vienen operando con Swiss Finantial a la hora de contratar avales.
Esta sociedad mantiene que puede realizar ese tipo de operaciones en España, pese a que la Dirección General de Seguros advierte en su página web que los contratos de seguro suscritos por esta compañía «son nulos de pleno derecho».
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