BRUSELAS.- Los países europeos discrepaban el martes sobre qué esquema adoptar para evitar que los contribuyentes asuman los costes de eventuales quiebras bancarias y redoblaban sus
esfuerzos para no retrasar una de las reformas clave abordadas durante
la actual crisis de la eurozona.
Las alargadas conversaciones muestran la naturaleza política de
un plan nacido para deshacer el vínculo entre los estados y los bancos.
Una futura agencia encargada de la resolución de los bancos y un fondo
para pagar por los rescates complementarán la supervisión de los bancos
de la eurozona que quedará en manos del Banco Central Europeo (BCE).
Los diferentes países de la UE y el Parlamento Europeo preveían inicialmente alcanzar un acuerdo esta semana pero los ministros, que se adentraban en el segundo día de las negociaciones el martes, reconocieron que las conversaciones podrían prolongarse durante más tiempo debido a las grandes diferencias.
Las divisiones quedaron al descubierto mientras España y Holanda intentaban convencer a Alemania para que apoyara su propuesta del fondo de resolución desde su nacimiento, cuando tendrá una capacidad reducida.
Esta forma de apoyo podría implementarse a través de créditos o garantías en un intento por mostrar a los inversores que el fondo dispone de efectivo necesario para abordar los problemas de entidades en dificultades desde el inicio.
"Esto es importante por las señales que envía a los mercados", dijo el ministro de Economía español, Luis de Guindos, a periodistas sobre una unión bancaria más amplia, reconociendo que las conversaciones podrían finalizarse la próxima semana.
De Guindos se sumó a la postura defendida por el propio ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, que consistía en destacar la necesidad de los países para unirse y abordar los problemas bancarios de forma conjunta.
"Durante los primeros cinco años del fondo, necesitamos la (suficiente) capacidad para afrontar situaciones difíciles en nuestros bancos", dijo De Guindos, mientras Dijsselbloem sugirió la posibilidad de que se pusieran a disposición de los bancos líneas de crédito por parte de los Gobiernos.
El ministro de Economía español incluso llegó a señalar que el fondo de resolución, al que España aportará entre un 10 y un 15 por ciento del total (teniendo en cuenta que el PIB español supone entre el 11 y el 12 por ciento del conjunto de la unión monetaria), incluso podría endeudarse si fuera necesario.
Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había mostrado esta mañana poca voluntad de compromiso.
"Hemos acordado en diciembre no tocar los temas de los mecanismos comunes de rescate", agregó. "No vamos a alcanzar una solución ahora".
A pesar de haberse alcanzado un principio de acuerdo en diciembre pasado, la letra pequeña sobre cómo funcionará el nuevo régimen de la "unión bancaria" ha desatado un nuevo debate.
El tiempo se está agotando porque el parlamento celebra su último período de sesiones a mediados de abril antes de la disolución previa a la convocatoria de elecciones en Europa.
Si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha esto supondría meses de aplazamiento e incertidumbre dado el creciente número esperado de legisladores euroescépticos tras las votaciones.
La unión bancaria es el proyecto político más ambicioso en Europa desde la introducción del euro. Además, esto significará diferentes cosas para los países implicados.
Mientras que Francia y España lo ven como un paso hacia adelante para compartir los riesgos bancarios con Alemania y un avance hacia una forma común para compartir los costes de financiación en la eurozona, Berlín pone un mayor énfasis a la hora de imponer pérdidas a los acreedores de los bancos en dificultades.
"Necesitamos deshacer el círculo vicioso entre la deuda bancaria y la deuda soberana", dijo con anterioridad a periodistas el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici. "Es una cuestión de unificar los tipos de interés en la Unión Europea".
En tanto, Schäuble enfatizó en la necesidad de estrictas reglas de 'bail-in' para imponer pérdidas a los tenedores de bonos y otros acreedores de bancos quebrados, tal como ocurrió cuando Chipre fue rescatada el año pasado.
"Está claro que las reglas de 'bail-in' son de aplicación", dijo Schäuble. "Éstas pueden ser suavizadas porque no tiene sentido hablar constantemente de que los contribuyentes no tengan que asumir los costes y luego empezar a no aplicar la normativa que estipule que los propietarios y acreedores deben asumir los riesgos desde el inicio".
Esta normativa podría empezar a aplicarse en 2016 pero Alemania quiere que se aplique dentro de la eurozona cuando el BCE asuma sus funciones supervisores a finales de este año.
Esto supondría un tratamiento más duro en los inversores de bancos que resulten estar en una situación de salud más débil en el examen que el BCE realice a la banca este año.
La unión bancaria y la limpieza de los balances de los bancos que le acompañará, busca recuperar la confianza de los bancos e incrementar el crédito en los países del bloque, algo que ayudaría a recuperar el crecimiento en las 18 economías que utilizan el euro.
Los préstamos se han hundido entre los esfuerzos de la banca de conseguir capital y recortar su exposición al riesgo durante la recesión, especialmente en los países más golpeados por la crisis de deuda soberana.
Se supone que la unión bancaria romperá la unión entre los estados endeudados y los bancos que compran su deuda, considerada legalmente como libre de riesgo pese a la bancarrota de las finanzas griegas.
Los bancos de la zona euro tienen ahora cerca de 1,75 billones de euros de deuda soberana, equivalente al 5,7 por ciento de sus activos y la mayor exposición desde 2006, según el Banco Central Europeo. En Italia y España, cerca de un 10 por ciento del sistema bancario está actualmente en préstamos a los Gobiernos.
En el corazón de la disputa sobre el esquema está el complejo proceso de liquidar un banco. Los países son reacios a ceder autoridad a Bruselas y quieren un sistema laborioso que compruebe previamente que se han estudiado todas las alternativas.
Pero el Parlamento no quiere que los ministros de la UEM estén involucrados en el proceso, argumentando que sería complicado.
Los Gobiernos y los parlamentarios también difieren en cómo construir rápidamente el fondo, que contaría con unos 55.000 millones de los bancos de la zona euro, y cuándo los países podrían disponer de estos fondos.
Este asunto quedó en un segundo plano el martes ante la pregunta de cómo se apoyaría o se nutriría el fondo desde su inicio.
No obstante, De Guindos sí quiso dar una señal de progreso en las negociaciones al señalar que se había avanzado para reducir de diez a ocho o incluso a siete años el plazo en el que se construirá el fondo de resolución mutualizado para el cierre de entidades.
"Es una señal de que efectivamente el fondo tiene flexibilidad y que da prioridad a la parte común mutualizada con respecto a los compartimentos nacionales, dijo.
Los diferentes países de la UE y el Parlamento Europeo preveían inicialmente alcanzar un acuerdo esta semana pero los ministros, que se adentraban en el segundo día de las negociaciones el martes, reconocieron que las conversaciones podrían prolongarse durante más tiempo debido a las grandes diferencias.
Las divisiones quedaron al descubierto mientras España y Holanda intentaban convencer a Alemania para que apoyara su propuesta del fondo de resolución desde su nacimiento, cuando tendrá una capacidad reducida.
Esta forma de apoyo podría implementarse a través de créditos o garantías en un intento por mostrar a los inversores que el fondo dispone de efectivo necesario para abordar los problemas de entidades en dificultades desde el inicio.
"Esto es importante por las señales que envía a los mercados", dijo el ministro de Economía español, Luis de Guindos, a periodistas sobre una unión bancaria más amplia, reconociendo que las conversaciones podrían finalizarse la próxima semana.
De Guindos se sumó a la postura defendida por el propio ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, que consistía en destacar la necesidad de los países para unirse y abordar los problemas bancarios de forma conjunta.
"Durante los primeros cinco años del fondo, necesitamos la (suficiente) capacidad para afrontar situaciones difíciles en nuestros bancos", dijo De Guindos, mientras Dijsselbloem sugirió la posibilidad de que se pusieran a disposición de los bancos líneas de crédito por parte de los Gobiernos.
El ministro de Economía español incluso llegó a señalar que el fondo de resolución, al que España aportará entre un 10 y un 15 por ciento del total (teniendo en cuenta que el PIB español supone entre el 11 y el 12 por ciento del conjunto de la unión monetaria), incluso podría endeudarse si fuera necesario.
Sin embargo, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había mostrado esta mañana poca voluntad de compromiso.
"Hemos acordado en diciembre no tocar los temas de los mecanismos comunes de rescate", agregó. "No vamos a alcanzar una solución ahora".
A pesar de haberse alcanzado un principio de acuerdo en diciembre pasado, la letra pequeña sobre cómo funcionará el nuevo régimen de la "unión bancaria" ha desatado un nuevo debate.
El tiempo se está agotando porque el parlamento celebra su último período de sesiones a mediados de abril antes de la disolución previa a la convocatoria de elecciones en Europa.
Si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha esto supondría meses de aplazamiento e incertidumbre dado el creciente número esperado de legisladores euroescépticos tras las votaciones.
La unión bancaria es el proyecto político más ambicioso en Europa desde la introducción del euro. Además, esto significará diferentes cosas para los países implicados.
Mientras que Francia y España lo ven como un paso hacia adelante para compartir los riesgos bancarios con Alemania y un avance hacia una forma común para compartir los costes de financiación en la eurozona, Berlín pone un mayor énfasis a la hora de imponer pérdidas a los acreedores de los bancos en dificultades.
"Necesitamos deshacer el círculo vicioso entre la deuda bancaria y la deuda soberana", dijo con anterioridad a periodistas el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici. "Es una cuestión de unificar los tipos de interés en la Unión Europea".
En tanto, Schäuble enfatizó en la necesidad de estrictas reglas de 'bail-in' para imponer pérdidas a los tenedores de bonos y otros acreedores de bancos quebrados, tal como ocurrió cuando Chipre fue rescatada el año pasado.
"Está claro que las reglas de 'bail-in' son de aplicación", dijo Schäuble. "Éstas pueden ser suavizadas porque no tiene sentido hablar constantemente de que los contribuyentes no tengan que asumir los costes y luego empezar a no aplicar la normativa que estipule que los propietarios y acreedores deben asumir los riesgos desde el inicio".
Esta normativa podría empezar a aplicarse en 2016 pero Alemania quiere que se aplique dentro de la eurozona cuando el BCE asuma sus funciones supervisores a finales de este año.
Esto supondría un tratamiento más duro en los inversores de bancos que resulten estar en una situación de salud más débil en el examen que el BCE realice a la banca este año.
La unión bancaria y la limpieza de los balances de los bancos que le acompañará, busca recuperar la confianza de los bancos e incrementar el crédito en los países del bloque, algo que ayudaría a recuperar el crecimiento en las 18 economías que utilizan el euro.
Los préstamos se han hundido entre los esfuerzos de la banca de conseguir capital y recortar su exposición al riesgo durante la recesión, especialmente en los países más golpeados por la crisis de deuda soberana.
Se supone que la unión bancaria romperá la unión entre los estados endeudados y los bancos que compran su deuda, considerada legalmente como libre de riesgo pese a la bancarrota de las finanzas griegas.
Los bancos de la zona euro tienen ahora cerca de 1,75 billones de euros de deuda soberana, equivalente al 5,7 por ciento de sus activos y la mayor exposición desde 2006, según el Banco Central Europeo. En Italia y España, cerca de un 10 por ciento del sistema bancario está actualmente en préstamos a los Gobiernos.
En el corazón de la disputa sobre el esquema está el complejo proceso de liquidar un banco. Los países son reacios a ceder autoridad a Bruselas y quieren un sistema laborioso que compruebe previamente que se han estudiado todas las alternativas.
Pero el Parlamento no quiere que los ministros de la UEM estén involucrados en el proceso, argumentando que sería complicado.
Los Gobiernos y los parlamentarios también difieren en cómo construir rápidamente el fondo, que contaría con unos 55.000 millones de los bancos de la zona euro, y cuándo los países podrían disponer de estos fondos.
Este asunto quedó en un segundo plano el martes ante la pregunta de cómo se apoyaría o se nutriría el fondo desde su inicio.
No obstante, De Guindos sí quiso dar una señal de progreso en las negociaciones al señalar que se había avanzado para reducir de diez a ocho o incluso a siete años el plazo en el que se construirá el fondo de resolución mutualizado para el cierre de entidades.
"Es una señal de que efectivamente el fondo tiene flexibilidad y que da prioridad a la parte común mutualizada con respecto a los compartimentos nacionales, dijo.
