MADRID.- El Gobierno nacionalista y conservador de Mariano Rajoy está preparando
un plan de medidas para responder a las últimas maniobras de las
autoridades de Gibraltar, que el Ejecutivo considera que han dado un
salto cualitativo con el reciente episodio del lanzamiento de bloques de
hormigón a la Bahía de Algeciras que ha dejado inutilizado el caladero
para los pescadores españoles.
Según han informado hoy fuentes gubernamentales, con el
paquete de medidas que se está elaborando, y que incluye la anulación
de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez
Zapatero, se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España
tienen un coste".
Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa
índole, que van desde la creación de una 'tasa de congestión' a los
vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en Gibraltar a un
plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los
cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el
Peñón, pero su residencia "real' en España.
Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se
hicieron en el marco de la 'Declaración de Córdoba', firmada en 2006 en
el marco del Foro Tripartito que instauró el anterior Gobierno con Reino
Unido y Gibraltar y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza ahora
de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico
al de los dos países.
El Gobierno se plantea "volver a la situación previa" a la
Declaración firmada en Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en
Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría
la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba
las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.
De esta manera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone ahora
redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente
prohibida para todos los vuelos a excepción de los civiles, con un plan
de vuelo autorizado, para que pase a ser "zona prohibida a todos los
vuelos", una medida que dificultaría las maniobras de acceso al
aeropuerto de Gibraltar.
Además, el Gobierno mantendrá su firmeza en el ámbito de la Unión Europea a
la hora de bloquear la aprobación de cualquier normativa en materia de
aviación civil que no contenga una cláusula de suspensión de su
aplicación al aeropuerto de Gibraltar.
Al margen de esto, también se está revisando el acuerdo por el
que, en el marco de la Declaración de Córdoba, España "concedió" a
Gibraltar en 2006 la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que
atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción, cuyo ayuntamiento
recibe "apenas 4.000 euros anuales" como 'servidumbre de paso'.
En la actualidad, Gibraltar está preparando un nuevo proyecto para
potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas que
consiste en un cable submarino que, al parecer, atravesaría la zona
donde faenan los pescadores españoles. A juicio del Gobierno, aquí puede
estar también otra causa del lanzamiento de los bloques de hormigón que
han disparado las tensiones: además de perjudicar la labor de los
pescadores españoles, facilitar el tendido del cable.
Pero, como ya le trasladara el pasado domingo el jefe de la
diplomacia, José Manuel García-Margallo, a su homólogo británico,
William Hague, el Gobierno español va a continuar defendiendo "los intereses" de
los pescadores que faenan en las aguas que rodean el Peñón.
De hecho, el Gobierno contempla en su plan "una actividad marítima
moderada y continuada por parte española" en la zona de Gibraltar, con
la que transmitir "un mensaje de firmeza y perseverancia" en la defensa
de sus posiciones tradicionales. Esto es, en la reivindicación sobre las
aguas próximas a Gibraltar.
Además, mantendrá su oposición total al lanzamiento de bloques de
hormigón al fondo del mar, que el Gobierno ha denunciado ante la
Fiscalía de Medio Ambiente y notificado a la Comisión Europea. Las
primeras consecuencias de esta denuncia se han concretado en la
inmovilización de varios camiones cargados de grava, hormigón y material
de construcción que esta semana pretendían cruzar la verja con
dirección a Gibraltar.
El Gobierno ha dejado también claro, en sus conversaciones con las
autoridades británicas, la "gravedad extrema" que otorgaría a un nuevo
lanzamiento de bloques como los que arrojaron al mar la semana pasada y
que, según la denuncia, han dañado a
"la totalidad" de especies de la zona y dejado "inutilizado" el caladero
para la pesca con rastro remolcado y "muy probablemente para el resto de
las artes".
El paquete de medidas que está
elaborando el Gobierno español también incluye un amplio plan contra el fraude
fiscal que contempla nuevas actuaciones de control en los ámbitos de la
imposición directa, indirecta y aduanera.
Para empezar, se tomarán medidas para evitar el fraude fiscal que
cometen aquellos gibraltareños que tienen su residencia real, pero no
fiscal, en España. El Gobierno estima en unos 6.700 los gribraltareños
que se benefician o disfrutan de la red de servicios sociales y las
infraestructuras en España sin pagar impuestos.
Ahora, se va a tratar de comprobar su residencia real en
territorio nacional para "realizar las oportunas liquidaciones
tributarias". Además, se va a luchar contra la evasión fiscal
consistente en la constitución de sociedades en Gibraltar que tienen
como objetivo ocultar la verdadera titularidad de bienes inmuebles en
España. De este modo, evitan el pago de impuestos de transmisiones de
estos bienes en España.
El paquete se completa con medidas contra el fraude en la
tributación indirecta. Para ello, se va a seguir persiguiendo el
contrabando de tabaco, a través de exhaustivos controles aduaneros en la
verja y vigilancia en su perímetro y en las playas limítrofes. Además,
se intensificarán los controles aduaneros y fiscales de los trasvases de
combustible en aguas próximas al Peñón.
La lucha contra estos fraudes es uno de los motivos por los que
España seguirá realizando controles en la verja como los de los últimos
días, que han provocado las protestas de las autoridades del Peñón y
del Gobierno británico, que ayer convocó al embajador español en
Londres para expresarle su "preocupación" y obtener garantías de que no
se repetirán.
Sin embargo, España defiende que es su "obligación" realizar estos
controles de personas, vehículos y mercancías, dado que Gibraltar no
forma parte del Espacio Schengen. El Gobierno considera que son
"irrenunciables" y seguirá haciéndolos cuando lo considere "necesario".
Ahora, el Gobierno está estudiando además imponer una 'tasa de
congestión' a los vehículos que atraviesan la Línea de la Concepción con
destino u origen en Gibraltar, cuyos ingresos irían destinados al
desarrollo económico del Campo de Gibraltar, con una atención especial
al sector pesquero, perjudicado por la política de "hechos consumados"
de las autoridades del Peñón.
