El documento, publicado íntegramente en El Economista y en el diario Cinco Días, reconoce que "aunque es previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tengan carácter sistémico individualmente debido a su tamaño, la consideración conjunta de sus problemas de viabilidad sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico que justifica tener previstos instrumentos adicionales y la utilización de recursos públicos".
Fuentes parlamentarias consideraron que el borrador del FROB publicado en la prensa "se ajusta prácticamente en su totalidad al borrador que circula entre los grupos políticos del Congreso", aunque no quisieron dar más detalles.
El Gobierno reconoce que algunos bancos o cajas de ahorros podrían ver comprometida su viabilidad en los próximos meses como consecuencia de un deterioro de las condiciones económicas.
El Banco de España reconoce que los pequeños y medianos bancos españoles podrían necesitar una intervención del banco central, pero que las grandes entidades gozan de buena salud.
Según el documento publicado en la prensa, las entidades que opten por un reforzamiento de sus recursos propios con apoyo del fondo tendrán hasta tres años para devolver el dinero público, aunque este plazo será prorrogable en "hasta dos años adicionales", previo informe del Banco de España.
En este caso el FROB servirá para respaldar procesos de integración entre entidades de crédito dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo.
Según el borrador que Economía negocia con los grupos parlamentarios, en el caso de que alguna entidad reciba ayuda pública para iniciar un "proceso de integración", el FROB podrá recibir "participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas y en aportaciones de capital social".
Si las entidades no devuelven las ayudas en cinco años, el FROB podría "solicitar su conversión en acciones, cuotas o aportaciones sociales", lo que supondría la entrada del Estado en el capital de las entidades.
El Gobierno continúa barajando un esquema para las ayudas en el que la primera opción pasa por la propia solución privada entre las entidades, seguido del instrumento del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y por último una posible intervención del Banco de España que conllevaría la inyección de dinero a través del Fondo de Reestructuración, si fuere preciso.
En el supuesto de la utilización del Fondo de Garantía de Depósitos, la entidad tendrá que presentar un plan de viabilidad al Banco de España, que contempla reforzar el patrimonio y la solvencia, la fusión o absorción y el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo.
Dos tercios del dinero para financiar el Fondo, que asciende inicialmente a 9.000 millones de euros, procederán de las arcas públicas - procedente del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) - y el resto de las propias entidades - procedente del Fondo de Garantía de Depósitos.
El fondo tendrá una capacidad de endeudamiento de tres veces su capital, ampliable hasta 10 veces con autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda.
La ministra de Economía, Elena Salgado, dijo a mediados de junio que las comunidades autónomas no podrán vetar fusiones entre cajas si estas entidades son receptoras de ayudas públicas tras la intervención del Banco de España.
