BRUSELAS.- El ministro español de Asuntos Sociales y Cooperación, José Manuel
García-Margallo, ha matizado este lunes que la Comisión Europea no
tendrá un papel de "mediador" en el conflicto abierto sobre los costes
de las obras de ampliación del Canal de Panamá -porque esa labor
corresponde al "arbitraje"- sino que su objetivo es contribuir a hallar
una "solución financiera" que permita a las empresas concluir con el
proyecto "en el plazo previsto".
"Lo que la Comisión se está planteando y eso probablemente
sea lo más importante, es buscar una fórmula, una solución financiera,
para que las empresas resuelvan el problema de liquidez inmediato en el q
están inmersas y la obra pueda continuar al ritmo previsto", ha
declarado Margallo a la prensa en Bruselas, en donde participa en un
consejo de ministros europeos de Exteriores.
El jefe de la diplomacia española ha considerado que "se ha
entendido mal" el anuncio de este domingo del Ejecutivo comunitario de
intervenir en el conflicto que afecta aun consorcio de empresas europeas
del sector de la construcción: la española (Sacyr), la italiana (Salini
Impregilo) y una belga.
Una mediación que, sin embargo, la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado de plano.
El conflicto está derivado de un reclamo del consorcio GUPC
de más de 1.600 millones de dólares por "sobrecostos" que la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) no reconoce por injustificados. El Grupo
Unidos por el Canal (GUPC) está liderado por las empresas española Sacyr
y la italiana Salini Impregilo, con el 48 % accionarial cada una, e
integrado por la belga Jan de Nul, con el 3 %, y la panameña CUSA, con
el 1 %.
En un comunicado de un solo párrafo, el Grupo negó que tenga
previsto suspender las obras hoy, cuando vence el preaviso de 21 días
que envió a la ACP en diciembre pasado y en el que planteaba esa
posibilidad por falta de liquidez. El preaviso "da derecho al consorcio a
suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que
en este momento ese escenario este contemplado", dijo el consorcio,
aunque aclaró que su "Consejo de Administración podrá evaluar la
situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento".
La ACP, en un comunicado difundido este domingo, sostuvo
que la intención de suspensión "es inválida" porque la cláusula invocada
por el consorcio no aplica. "La subcláusula 16.1 del contrato (...)
aplica cuando el empleador, es decir, la ACP, incurre en un impago de
las cuentas que está obligada a pagar al contratista mensualmente, lo
cual no ha sucedido", señaló la misiva.
Añadió que "los niveles de producción en el proyecto son
bajos sin ninguna justificación", algo que ya había dicho esta semana el
administrador de la ACP, Jorge Quijano, al asegurar que el consorcio
había bajado el ritmo de trabajo en al menos un 70 % en comparación con
noviembre pasado. La Autoridad reiteró que "analizará toda propuesta"
para reflotar el proyecto que el consorcio "presente de manera formal" y
esté enmarcada en el contrato.
Aseveró que este "fin de semana ha mantenido comunicaciones
informales con el ejecutivo principal de Sacyr, líder del consorcio,
con el fin de que se encuentre una solución que normalice la situación
que se viene viviendo en el proyecto desde hace semanas", sin más
precisiones. En busca de una salida consensuada y enmarcada en el
contrato, las partes iniciaron el pasado 7 de enero conversaciones, un
día después de una visita a Panamá de la ministra española de Fomento,
Ana Pastor, para mediar en el conflicto.
La ACP propuso un desembolso conjunto de 200 millones de
dólares y la moratoria de dos meses en el pago de un anticipo 83
millones de dólares otorgado al GUPC, que Quijano calificó el pasado día
8 como "la oferta razonable". El consorcio ha planteado que la ACP
saque 400 millones de dólares y el GUPC otros 100, mientras que
Impregilo difundió a través de los medios una propuesta que implicaba
que la Autoridad desembolsara ente 500 y 1.000 millones de dólares.
Ambos planteamientos fueron rechazados por Quijano con el
argumento de que están "fuera del contrato".
"La propuesta de GUPC, la
única que puede ser practicada, es también la única que va a permitir
cumplir el proyecto en el menor tiempo posible", afirmó el miembro de la
junta directiva del GUPC, Paolo Moder, dijo en una declaración escrita
enviada este domingo. En ese escenario, el vicepresidente de la CE
y responsable de Industria, Antonio Tajani, dijo en entrevista
telefónica en Bruselas que ha aceptado la petición del consorcio para
que "intente mediar en la solución del problema".
"Pido desde ahora a todas las partes un esfuerzo para
converger hacia una posición común. Sirve de poco repetir las propias
posiciones sin avanzar hacia el punto de encuentro", advirtió Tajani. El
GUPC se adjudicó en el 2009 el proyecto de construcción del tercer
juego de las esclusas del Canal por su oferta de 3.118 millones de
dólares, y la ACP ha desembolsado 2.831 millones de dólares, incluidos
784 millones en anticipos reembolsables.
