WASHINGTON.- El plan de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés) de deportar a miles de familias que cruzaron recientemente y
de forma ilegal la frontera con México, provoca alarma y sitúa el tema
migratorio en la campaña por la presidencia estadounidense en 2016.
Luego de años de fracasos para conseguir una reforma integral de las
leyes migratorias, los estadounidenses enfrentan en 2016 fuertes
desafíos, pues, si se concreta la iniciativa del ICE a partir de este
enero, el margen entre republicanos y demócratas será muy borroso,
comentan analistas del tema.
El diario The Washington Post, citando fuentes anónimas, informó de esta campaña de deportaciones y, desde entonces, no cesan las críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes que repudian la expulsión de las familias.
En noviembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció medidas que convertían en prioridad la deportación de "los individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza".
Pero, alarma ahora que ICE eche en un gran saco a todos los que entraron al país recientemente y recibieron una orden final de deportación el 1 de enero 2014 o después de esa fecha, según indicaron voceros.
A cambio de endurecer la política de expulsiones para aquellos que cruzaron recientemente la frontera, Obama decidió también en noviembre de 2014 emitir otras medidas, actualmente bloqueadas, para frenar de forma temporal la salida de padres con hijos estadounidenses y de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Varios analistas coinciden en que, con esta supuesta campaña de deportaciones, la Casa Blanca quiere desmotivar el cruce fronterizo de indocumentados.
En realidad, provoca una revuelta entre la comunidad latina y defensores de los derechos de los inmigrantes que plantean estos deben tener derecho a comparecer ante cortes judiciales para defenderse.
Por otra parte, comentaristas políticos estiman que el plan gubernamental es hoy un verdadero dolor de cabeza para los demócratas y sus aspiraciones de mantenerse en el poder.
El tema es espinoso y puede acaparar importantes espacios de cara a las elecciones presidenciales de 2016, comentan expertos y medios de prensa.
Análisis indican que si la Casa Blanca pone en práctica la idea acuñaría la retórica antiinmigrante del puntero en las encuestas por los republicanos, Donald Trump, cuyas posiciones apuntan a expulsar del país a 11 millones de personas sin papeles.
Influyentes medios de prensa como The New York Times consideran que de consumarse sería como la explosión de una bomba para los demócratas, quienes se sienten optimistas sobre sus perspectivas con los votantes hispanos, dada la dura retórica de Trump y otros candidatos republicanos.
En 2012, Obama ganó casi el 70 por ciento del voto hispano y los del partido azul creen que su casi segura nominada, Hillary Clinton, podría mejorar en ese número si los republicanos mantienen sus posiciones contra la inmigración ilegal.
No obstante, si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) actúa contra cientos de familias de inmigrantes que huyen de la violencia en América Central, ello supondría un duro golpe para Clinton, pese a que su mensaje no acoge la iniciativa de la Casa Blanca y trata de moverse hacia una posición que respalde las leyes sin dejar de lado el problema humanitario.
El gobierno de Obama expulsó ya a más de dos millones de indocumentados desde 2009, según activistas que preparan actos de protesta con la esperanza de frenar esta política.
Frank Sharry, director ejecutivo de America Voice, expresó su esperanza de que la prioridad no sea deportar a familias vulnerables de vuelta a la violencia de la que huyeron, sino buscar formas de protegerlas.
Observadores miran con preocupación que las protestas estarán dirigidas al DHS, a la sede del Comité Nacional Demócrata y a sus precandidatos presidenciales, para que presionen a la Administración, lo cual da una idea de la amenaza en cierne para el partido en el gobierno y la pérdida del importante apoyo de la comunidad latina.
Por otra parte, críticos de la administración de Obama estiman que las políticas de "mano dura" contra los indocumentados no lograron concesiones de los republicanos en el Congreso respecto a una reforma migratoria ni frenaron la emigración ilegal desde Centroamérica.
En octubre y noviembre, la Patrulla Fronteriza arrestó a 12.505 familias a lo largo de la frontera suroeste, frente a 4.577 familias durante esos mismos meses del año pasado.
Ahora los principales amenazados del primer programa de deportaciones masivas son refugiados centroamericanos, la mayoría mujeres y niños que tratan de escapar de los ataques de pandillas, la violencia relacionada con las drogas y la brutalidad por los servicios de seguridad respaldados por Estados Unidos en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Hasta ahora no trascendió si Obama apoyará la iniciativa represiva que se inicia en 2016, aunque fuentes citadas por la publicación canadiense Global Research aseguran que el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, presiona a favor de la decisión.
En este contexto, destaca que el puntero entre los aspirantes republicanos para las elecciones de 2016, el multimillonario Donald Trump, forjó su ventaja con un mensaje basado en diatribas racistas contra los inmigrantes y refugiados.
Según Global Research la medida del DHS contra los refugiados centroamericanos es una luz verde para Trump y otras fuerzas anti-inmigrantes de ultraderecha, y perjudicaría los intereses demócratas de ganar un histórico tercer mandato consecutivo en la Casa Blanca.
A este espinoso asunto se suman los intentos del estado de Texas para que la Corte Suprema de Justicia evite la revisión de una orden de un tribunal de primera instancia que bloqueó las medidas ejecutivas de Obama en materia migratoria.
En la última semana de 2015 documentos presentados por los demandantes ante el Supremo sostuvieron que las normativas del mandatario encaminadas a evitar la salida de cerca de cinco millones de inmigrantes van más allá de las leyes establecidas y de su autoridad constitucional.
En este complejo escenario, además, desentonan las deportaciones del ICE cuando el tema migratorio reviste especial importancia para tres de cuatro hispanos en capacidad de votar el año próximo durante las elecciones presidenciales y el 56 por ciento dijo que no concibe sufragar por un candidato que quiera revocar las medidas de Obama.
El diario The Washington Post, citando fuentes anónimas, informó de esta campaña de deportaciones y, desde entonces, no cesan las críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes que repudian la expulsión de las familias.
En noviembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció medidas que convertían en prioridad la deportación de "los individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza".
Pero, alarma ahora que ICE eche en un gran saco a todos los que entraron al país recientemente y recibieron una orden final de deportación el 1 de enero 2014 o después de esa fecha, según indicaron voceros.
A cambio de endurecer la política de expulsiones para aquellos que cruzaron recientemente la frontera, Obama decidió también en noviembre de 2014 emitir otras medidas, actualmente bloqueadas, para frenar de forma temporal la salida de padres con hijos estadounidenses y de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Varios analistas coinciden en que, con esta supuesta campaña de deportaciones, la Casa Blanca quiere desmotivar el cruce fronterizo de indocumentados.
En realidad, provoca una revuelta entre la comunidad latina y defensores de los derechos de los inmigrantes que plantean estos deben tener derecho a comparecer ante cortes judiciales para defenderse.
Por otra parte, comentaristas políticos estiman que el plan gubernamental es hoy un verdadero dolor de cabeza para los demócratas y sus aspiraciones de mantenerse en el poder.
El tema es espinoso y puede acaparar importantes espacios de cara a las elecciones presidenciales de 2016, comentan expertos y medios de prensa.
Análisis indican que si la Casa Blanca pone en práctica la idea acuñaría la retórica antiinmigrante del puntero en las encuestas por los republicanos, Donald Trump, cuyas posiciones apuntan a expulsar del país a 11 millones de personas sin papeles.
Influyentes medios de prensa como The New York Times consideran que de consumarse sería como la explosión de una bomba para los demócratas, quienes se sienten optimistas sobre sus perspectivas con los votantes hispanos, dada la dura retórica de Trump y otros candidatos republicanos.
En 2012, Obama ganó casi el 70 por ciento del voto hispano y los del partido azul creen que su casi segura nominada, Hillary Clinton, podría mejorar en ese número si los republicanos mantienen sus posiciones contra la inmigración ilegal.
No obstante, si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) actúa contra cientos de familias de inmigrantes que huyen de la violencia en América Central, ello supondría un duro golpe para Clinton, pese a que su mensaje no acoge la iniciativa de la Casa Blanca y trata de moverse hacia una posición que respalde las leyes sin dejar de lado el problema humanitario.
El gobierno de Obama expulsó ya a más de dos millones de indocumentados desde 2009, según activistas que preparan actos de protesta con la esperanza de frenar esta política.
Frank Sharry, director ejecutivo de America Voice, expresó su esperanza de que la prioridad no sea deportar a familias vulnerables de vuelta a la violencia de la que huyeron, sino buscar formas de protegerlas.
Observadores miran con preocupación que las protestas estarán dirigidas al DHS, a la sede del Comité Nacional Demócrata y a sus precandidatos presidenciales, para que presionen a la Administración, lo cual da una idea de la amenaza en cierne para el partido en el gobierno y la pérdida del importante apoyo de la comunidad latina.
Por otra parte, críticos de la administración de Obama estiman que las políticas de "mano dura" contra los indocumentados no lograron concesiones de los republicanos en el Congreso respecto a una reforma migratoria ni frenaron la emigración ilegal desde Centroamérica.
En octubre y noviembre, la Patrulla Fronteriza arrestó a 12.505 familias a lo largo de la frontera suroeste, frente a 4.577 familias durante esos mismos meses del año pasado.
Ahora los principales amenazados del primer programa de deportaciones masivas son refugiados centroamericanos, la mayoría mujeres y niños que tratan de escapar de los ataques de pandillas, la violencia relacionada con las drogas y la brutalidad por los servicios de seguridad respaldados por Estados Unidos en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Hasta ahora no trascendió si Obama apoyará la iniciativa represiva que se inicia en 2016, aunque fuentes citadas por la publicación canadiense Global Research aseguran que el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, presiona a favor de la decisión.
En este contexto, destaca que el puntero entre los aspirantes republicanos para las elecciones de 2016, el multimillonario Donald Trump, forjó su ventaja con un mensaje basado en diatribas racistas contra los inmigrantes y refugiados.
Según Global Research la medida del DHS contra los refugiados centroamericanos es una luz verde para Trump y otras fuerzas anti-inmigrantes de ultraderecha, y perjudicaría los intereses demócratas de ganar un histórico tercer mandato consecutivo en la Casa Blanca.
A este espinoso asunto se suman los intentos del estado de Texas para que la Corte Suprema de Justicia evite la revisión de una orden de un tribunal de primera instancia que bloqueó las medidas ejecutivas de Obama en materia migratoria.
En la última semana de 2015 documentos presentados por los demandantes ante el Supremo sostuvieron que las normativas del mandatario encaminadas a evitar la salida de cerca de cinco millones de inmigrantes van más allá de las leyes establecidas y de su autoridad constitucional.
En este complejo escenario, además, desentonan las deportaciones del ICE cuando el tema migratorio reviste especial importancia para tres de cuatro hispanos en capacidad de votar el año próximo durante las elecciones presidenciales y el 56 por ciento dijo que no concibe sufragar por un candidato que quiera revocar las medidas de Obama.
