BRUSELAS/BERLÍN/SOFÍA/BUCAREST. La retirada el próximo 1 de enero de las restricciones
que aún se aplican en la Unión Europea (UE) a trabajadores de Bulgaria y
Rumanía preocupa a países como el Reino Unido,
que ya ha anunciado medidas para desalentar una temida oleada de recién
llegados que presione su sistema de beneficios sociales.
Bulgaria y Rumanía forman parte de la Unión Europea (UE) desde 2007 y
sus ciudadanos pueden desde entonces desplazarse y residir libremente
(sin necesidad de visados) en cualquier país miembro.
En materia de empleo, en cambio, solo 19 Estados miembros abrieron
sus puertas desde el principio a los trabajadores de estos dos socios,
ambos países incluidos. Croacia, último país en incorporarse a la UE en
julio de 2013, abrió desde el principio sus puertas a los trabajadores
búlgaros y rumanos.
Otros ocho países comunitarios -Bélgica, Alemania, Francia,
Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria y el Reino Unido- prefirieron
adoptar medidas transitorias para limitar el acceso de rumanos y
búlgaros a su mercado laboral.
España, por su parte, también optó por imponer restricciones temporales para los trabajadores de origen rumano.
A partir del 1 de enero, todas estas limitaciones tendrán que
desaparecer para que búlgaros y rumanos puedan trabajar libremente en
cualquier país de la UE y beneficiarse de las mismas condiciones
laborales que los nacionales del país de acogida.
El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha
anunciado que con el comienzo del nuevo año su país aplicará cinco
nuevas medidas para protegerse del supuesto impacto del fin de las
restricciones.
Esta decisión ha sido criticada por su posible incompatibilidad con
las normas europeas y sus tintes xenófobos, y es vista por algunos como
una maniobra electoralista de Cameron para retener votos y contener el
avance del antieuropeo y antiinmigrante Partido por la Independencia de
Reino Unido (UKIP, en sus siglas en inglés).
Londres pretende, en concreto, limitar los beneficios sociales
durante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, así como
retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses.
También quiere cuadruplicar las multas a las empresas que no lleguen a
pagar el salario mínimo y deportar a los ciudadanos europeos llegados
de otros Estados miembros que se encuentren en la calle por falta de
lugar de residencia.
La Comisión Europea (CE) asegura que no ha recibido ninguna
notificación oficial de las medidas y advierte de que si el Reino Unido
las pone en marcha el día 1 como tiene previsto, tendrá que atenerse a
las consecuencias.
"Todavía no tenemos los detalles, pero si entran en vigor y se
confirma que son ilegales tendremos que abrir un procedimiento de
infracción contra el Reino Unido", indicó a Efe el portavoz comunitario
de Empleo, Jonathan Todd.
Cameron sí se refirió expresamente a esta cuestión en Bruselas al
término del último Consejo Europeo del año donde recalcó que se trata de
"mandar una señal clara de que solo es posible venir a trabajar, no a
reclamar".
Desde las propias filas de su Gobierno, el viceprimer ministro
británico, el liberaldemócrata Nick Clegg, ya se ha mostrado
abiertamente en contra de las restricciones que intentan imponer sus
socios conservadores y ha amenazado con bloquearlas.
El Ejecutivo comunitario asegura que no cree que el fin de las
restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos vaya a provocar
ninguna oleada masiva a partir de enero, tras los desplazamientos que ya
se produjeron a raíz de su incorporación a la UE.
Según datos de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, desde
2007, 3,1 millones de búlgaros y rumanos se trasladaron a otros Estados
miembros.
Italia (1,12 millones) y España (1,04 millones) fueron los
principales receptores de este flujo interno y, aunque Alemania, el
Reino Unido y Francia fueron los siguientes en la lista, las cifras son
sensiblemente menores: 272.000 desplazados, 149.000 y 91.000,
respectivamente.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
por su parte, señala en su informe "Impacto fiscal de la migración" que
es improbable que estos trabajadores supongan una carga para los
sistemas de protección social de los Estados miembros porque en la
mayoría de los casos son contribuyentes netos al sistema de protección
social del país de acogida.
En esta misma línea, el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS,
por sus siglas en inglés) recalca en su documento "Prestaciones sociales
y migración" que no hay ninguna relación estadística entre la
generosidad de los sistemas del bienestar y los flujos de ciudadanos
procedentes de otros países de la UE.
También en Alemania
La Unión Socialcristiana (CSU), partido hermanado con la CDU de la canciller
Angela Merkel,
pretende adoptar, según publica hoy un diario alemán, una línea más
dura contra los ciudadanos de países comunitarios que llegan a
Alemania por lo que se conoce como "inmigración por pobreza".
Según informaciones publicadas hoy por el diario
Süddeutsche Zeitung,
la iniciativa, que la formación analizará en su próximo congreso de
enero, supondría que estas personas verían dificultado su acceso al
sistema social alemán.
Este proyecto surge, continúa el diario, cuando existe la
preocupación en la población alemana de que miles de personas
provenientes de Rumanía y Bulgaria, que desde enero tendrán libertad
para conseguir trabajo en el mercado laboral comunitario, traten de
instalarse en territorio germano.
Según la información publicada, se persigue llevar a cabo una
suspensión general de la remuneración de las prestaciones sociales a los
inmigrantes durante los primeros tres meses de estancia, al mismo
tiempo que proceder de un modo más activo contra los defraudadores.
Así, debería existir en este caso no solo la posibilidad para la
expulsión de la persona, sino también la capacidad de impedir que vuelva
a entrar.
Ambas medidas se encuentran dentro de las reglas comunitarias por las
cuales el país de acogida no está obligado a conceder prestaciones
sociales durante los primeros tres meses de estancia, al tiempo que es
también posible un bloqueo del reingreso de estas personas en el
territorio.
La dirigente del CSU, Gerda Hasselfeldt, explicó al periódico germano
que su partido apoya la libertad de movimiento en la Unión Europea,
pero rechazó una inmigración hacia el sistema de seguridad social.
El documento que está preparando la formación bávara remarcará esta
idea al afirmar que "el abuso continuo de la libre circulación europea a
través de la emigración por pobreza amenaza no solo la aceptación entre
los ciudadanos del libre tránsito sino que también lleva a los
municipios a los límites de su capacidad financiera".
Por ello, según la CSU, es necesario disminuir los estímulos a la emigración.
El Instituto para el Mercado Laboral y la Investigación Laboral (IAB)
calcula que el número de rumanos y búlgaros que viven en territorio
germano crecerá en un número entre los 100.000 y los 180.000 personas.
Actualmente habitan en Alemania unos 370.000 ciudadanos de ambos
países y desde hace tiempo los municipios advierten de una amenazante
sobreexigencia en sus servicios sociales.
Sin embargo, los investigadores del IAB sostienen en su último
informe sobre el tema que "las cifras sobre ocupación y percepción de
ayudas sociales no permiten calificar globalmente a la inmigración de
Rumanía y Bulgaria como una inmigración de pobreza"
La propuesta recibió las críticas de su socio en la coalición de
gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD), cuyo portavoz parlamentario
en política interior, Michael Hartmann, aseguró hoy al
Tagesspiegel am
Sonntag que "quien tal melodía entona, prepara el baile para la extrema
derecha".
Del mismo modo, los partidos de la oposición, Los Verdes y La
Izquierda, acusaron a la CSU de avivar resentimientos contra la
emigración por pobreza de ciudadanos procedentes de las naciones de la
Unión Europea.
Rumanos y búlgaros con sentimientos encontrados
Los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria viven con
sentimientos encontrados, entre la alegría y la ironía pero también el
desinterés y el enojo, el levantamiento de las restricciones del mercado
laboral en el resto de la Unión Europea.
Especialmente sensibles reaccionan en relación al
Reino Unido,
cuyo Gobierno quiere limitar los derechos de búlgaros y rumanos una vez
levantadas todas las restricciones de acceso al mercado laboral.
Algunos rumanos han mostrado una buena dosis de humor ante la actitud de Londres por el temor a una supuesta invasión balcánica.
"Muchos están cabreados por la propaganda política y el sensacionalismo de la prensa británica", señala Claudio Pandaru.
"Por eso, hemos lanzado campañas para contrarrestar esas afirmaciones
de manera irónica", explica este periodista, encargado de "Why
don't you come over?" ("¿Por qué no vienes aquí?"), una campaña en
internet que pretende atraer a británicos a vivir y trabajar en Rumanía.
"Unos dicen que habrá un éxodo, otros lo contrario. Pero en realidad, no se pueden hacer previsiones certeras", asegura.
Las señales de alarma procedentes de Londres radican en el supuesto
"asedio" sufrido, primero de ciudadanos polacos, y ahora de rumanos y
búlgaros.
El diario británico "The Sun" llegó a pedir al primer ministro David
Cameron que parara una "riada" de inmigrantes empobrecidos que se
beneficiarán de los servicios sociales en el Reino Unido.
El jefe de Gobierno conservador se apresuró a tomar medidas para
prevenir que los balcánicos puedan solicitar prestaciones de desempleo
al cabo de tres meses de estancia en el Reino Unido.
Sin embargo, un reciente estudio del Instituto Demoscópico rumano
"Inscop" revela que la gran mayoría de los rumanos en caso de emigrar
preferiría irse a Alemania y no tanto al Reino Unido.
España e Italia, que en el pasado recibieron a cientos de miles de
rumanos, se encuentran ahora entre los últimos lugares, debido a la
grave crisis que padecen.
"Se trata de un bulo, una exageración que pretende generar el pánico
entre los británicos e incentivar el odio hacia nosotros sin que existan
motivos para ello", explica en Bucarest Maria Ioardache, una
joven economista rumana que está terminando un doctorado en la London
School of Economics.
"Los que han querido se han largado ya. Desde que ingresamos en la
Unión Europea, las restricciones nunca han frenado a los más
cualificados de buscar un trabajo fuera", subraya.
De hecho, la salida de cerebros ha creado problemas a Rumanía, con un éxodo de 14.000 médicos y 50.000 enfermeros desde 2007.
Aun así quedan rumanos que sí están pensando seriamente en marcharse tras la apertura del mercado laboral.
Uno de ellos es la joven Gabriela Grigori, quien cuenta que tiene amigos que ya se han mudado a Londres para "buscarse la vida".
"Probaría unos tres o cuatro meses para ver si consigo un trabajo en el campo de las organizaciones no gubernamentales", dice.
El Gobierno rumano, por su parte, rechaza cualquier intento de restringir el acceso al mercado laboral para sus ciudadanos.
"No aceptaré que este tipo de medidas estén dirigidas sólo a rumanos y
búlgaros; deben ser aplicadas a todos los europeos, sin discriminación
alguna", señaló el primer ministro rumano, Victor Ponta, ante los
anuncios del Gobierno británico.
En la vecina Bulgaria, el país más pobre de la UE, la mayoría de los
ciudadanos parece tener poco interés en la apertura total del mercado
laboral de la UE.
Y es que más de 1,5 millones de búlgaros ya han abandonado este país
balcánico en los últimos 20 años, reduciendo el número de habitantes de
unos 9 millones a unos 7,5 millones en la actualidad.
"El que haya decidido emigrar para trabajar en el extranjero, ya lo
ha hecho. Y el que todavía no ha hecho las maletas, lo hará, con o sin
restricciones en vigor", dice en Sofía, Ighnat Stepanok, de 33
años, quien vive desde hace varios meses en Alemania, donde trabaja en
una agencia de viajes.
Una reciente encuesta de la agencia sociológica "Vitosha" revela que
el levantamiento de las restricciones no tendrá tanto efecto sobre los
búlgaros.
Sólo el 37 % de los encuestados dice que consideró en los últimos cinco años emigrar, mientras el 63 % nunca lo ha hecho.
La agencia apunta que en encuestas anteriores, hasta un 50 % afirmó
que deseaba abandonar su país, donde el salario medio ronda los 400
euros, aunque apenas un 6 % lo ha hecho finalmente.
"A lo largo de meses está en marcha una campaña sucia contra los
inmigrantes búlgaros y los rumanos. No existen datos sociológicos ni de
estadística que confirmen que habrá una invasión en el Reino Unido a
partir de 1 de enero de 2014", dijo recientemente el ministro búlgaro de
Exteriores, Kristian Vigenin.
Vigenin aclaró que, en general, los búlgaros ya radicados en el Reino
Unido tienen una buena formación y trabajos de prestigio, y si no,
ocupan empleos que los propios británicos no desean realizar.
Por eso, la inmigración búlgara nunca podría ser una amenaza para el sistema social británico, aseveró.
