MADRID.- La Unión Europea ha exigido reforzar el poder y la independencia del Banco de España, de acuerdo a las condiciones pactadas por el Gobierno ibérico con el Eurogrupo para recibir ayuda financiera. Además, el ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que la recapitalización de la banca empiece en julio y concluya en 18 meses.
El memorándum obliga a todos los bancos españoles a reforzar
su capital básico hasta el 9% al menos hasta finales de 2014, un
requisito que según Guindos ya cumple la mayoría de entidades. Además,
se revisará la política de provisiones teniendo en cuenta los últimos
decretos aprobados por el Gobierno.
La UE pide además a España que prepare para finales de
noviembre una ley que reduzca la capacidad de control de las antiguas
cajas sobre los bancos que surgieron a partir de ellas.
Así, para reforzar la independencia y el poder del Banco de
España, las autoridades españolas deberán transferirle como muy tarde el
31 de diciembre de 2012 los poderes de sanción y autorización que ahora
están en manos del ministerio de Economía. El Banco de España podrá
además elaborar directrices o interpretaciones con carácter obligatorio.
La comisión, el BCE y la Autoridad Bancaria verificarán
"regularmente", en contacto con el Fondo Monetario Internacional que se
cumplen todas estas condiciones, enviando incluso misiones a Madrid. Las
autoridades españolas estarán obligadas a proporcionar todos los datos
exigidos.
Además, la Unión Europea ha exigido a España el cierre de las
entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en riesgo al
conjunto del sector.
"Para los bancos no viables que necesitan fondos públicos, las
autoridades españolas tienen que presentar un plan de resolución
ordenada", señala el memorándum. Estos planes deberán garantizar la
estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los
clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que
los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.
El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro
grupos: en primer lugar, las nacionalizadas (Bankia, Novacaixagalicia,
Banco de Valencia y Catalunya Caixa), que son las que recibirán la ayuda
más pronto. En segundo lugar, las que necesitan más capital y no pueden
lograrlo en el mercado. En tercer lugar, los bancos que requieren
reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados. En
cuarto lugar, los bancos que no necesitan ningún tipo de ayuda, grupo en
el que los analistas sitúan al BBVA, Santander y Caixa Bank.
Además, la UE considera que la liquidación ordenada puede
aplicarse tanto a los bancos del primer grupo como a los del segundo. A
finales de agosto, España deberá aprobar una norma que refuerce los
poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en
materia de resolución.
El resto de entidades que reciba ayudas deberá presentar un
plan de reestructuración que compense cualquier posible distorsión de
competencia. El plan debe minimizar los costes para los contribuyentes y
para ello se obligará a asumir pérdidas en primer lugar a los
accionistas y después a los inversores en capital híbrido y deuda
subordinada.
Así, los bancos estarán obligados a vender participaciones y
activos que no sean centrales a sus actividades, así como a prohibir el
pago de dividendos y limitar el sueldo de los directivos.
Los activos problemáticos de los bancos que reciban ayudas se
segregarán rápidamente de su balance y se transferirán a una sociedad de
gestión de activos a precios razonables. El marco legal para la
separación deberá aprobarse a finales de agosto y España debe
consultarlo con la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional.
De hecho, el FROB contribuirá con capital a esta especie de
'banco malo' -aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho
que no está decidido si será uno o varios-, que emitirá bonos
estructurados de forma que puedan usarse como colateral ante el Banco
Central Europeo (BCE).
También, la UE ha pedido a España reformas fiscales, laborales
y energéticas en el memorándum de ayuda a la banca. En concreto,
"invita" al Gobierno a poner en marcha un sistema de impuestos acorde
con los esfuerzos de consolidación fiscal y que proporcione mayor
soporte al crecimiento económico, en referencia a una eventual revisión
del IVA.
Asimismo, la UE plantea eliminar las bonificaciones fiscales
por compra de vivienda, implementar las reformas del mercado laboral y
adoptar medidas adicionales para aumentar la efectividad de las
políticas activas de empleo.
También propone medidas adicionales para liberalizar los
servicios profesionales, reducir los plazos en la concesión de licencias
para desarrollar actividades económicas y eliminar las barreras para
hacer negocios.
En otro orden de cosas, demanda a España que complete las
interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos y que
aborde de una forma exhaustiva el problema del déficit tarifario.
España debe garantizar el logro de los objetivos de reducir el
déficit al 6,3% en 2012, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014. También
deberá presentar antes de que acabe julio un plan presupuestario bianual
para 2013 y 2014 y poner en marcha una oficina independiente de control
presupuestario.
Por su parte, De Guindos ha dicho que la recapitalización del
sector bancario con el préstamo de hasta 100.000 millones de euros
aprobado por el Eurogrupo podría comenzar a finales de julio, con un
primer tramo de 30.000 millones de euros, y concluirá en un plazo de 18
meses.
Esta cantidad podría utilizarse para las entidades que están
nacionalizadas. "Vamos a acelerar el proceso de análisis de capital de
las mismas y si está finalizado por ejemplo para finales de julio, que
para estas entidades podría ser, entonces se podría hacer la inyección
de capital rapidísimamente", ha indicado.
El ministro de Economía ha admitido que el memorándum recoge
expresamente la obligación de España de cumplir las exigencias de
recortes impuestas por el procedimiento por déficit excesivo así como
las recomendaciones realizadas por la Comisión, como la de subir el IVA y
suprimir la reducción de vivienda. No obstante, ha insistido en que "no
se exige ningún tipo de obligaciones adicionales".
De esta manera, ha admitido que el rescate bancario no bastará
para estabilizar el mercado de deuda, pero ha descartado recurrir a
otros instrumentos como pedir la activación del fondo de rescate para
que compre deuda española.
