Los agricultores y pescadores españoles piden detener la ley europea de Restauración de la Naturaleza

 

MADRID.- Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura que sale de Bruselas: la ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma obliga a los Estados a reparar todos los ecosistemas antes del año 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes del 2030. El mundo rural denuncia que se trata de una amenaza directa contra los cultivos y los caladeros por parte de un plan "irrealista que atenta contra la viabilidad del sector primario".

La Comisión Europea propuso el año pasado una ley de Restauración de la Naturaleza, introduciendo nuevos objetivos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que también influyen en los sectores de producción del sector primario. El objetivo según la UE es "restaurar los humedales, ríos, bosques, pastizales, ecosistemas marinos y entornos urbanos de la UE y las especies que albergan".

Según un comunicado publicado por Asaja, "la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto que no representa con precisión el impacto real en los productores primarios en Europa, sino que se centró en los beneficios que tendrá para la sociedad". O lo que es lo mismo, propone cambios drásticos en el campo y en el mar sin haber echado cuentas de las pérdidas económicas que podría suponer.

Además, señala Asaja, la Comisión "espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados; y se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición".

Las comisiones de pesca y agricultura rechazan la ley

En un movimiento sin precedentes, las Comisiones de Agricultura (AGRI) y Pesca (PECH) del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Todos los miembros del Parlamento Europeo que apoyaron el rechazo dijeron sí a la restauración de la naturaleza, pero no a una legislación mal pensada, "poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos" de los agricultores y pescadores en la UE, según recoge www.libremercado.com.

Aún así, la decisión no depende de ellos. Será la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo la encargada de tomar la decisión final este jueves 15 de junio. Los agricultores y pescadores piden desesperadamente que se les escuche y se les respete y también exigen a la Comisión que reanude el proceso desde cero porque estos sectores se están enfrentando "a políticas medioambientales radicales de la UE que están afectando profundamente a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria de la UE."

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Desde el sector de la pesca, Javier Garat, presidente de Europêche, comentó: "La Comisión ha creado un debate polarizado en torno a la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE. Del mismo modo, las ONG han politizado y simplificado el debate enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza. 

Pero el problema es que hemos llegado a un punto en el que la protección es sinónimo de exclusión. Debemos intentar compatibilizar la protección del medio ambiente con la actividad humana y, en particular, con la tan necesaria producción de alimentos. Ya estamos importando el 70% de los productos del mar que consumimos en Europa. La nueva Ley sin duda contribuirá a aumentar la brecha de seguridad alimentaria".

¿Qué propone la ley de Restauración de la Naturaleza?

En unos términos muy poco concretos, la propia Comisión Europea asegura que la ley "desarrollará las experiencias existentes en materia de restauración de la naturaleza, como la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir la recuperación de la naturaleza".

Con respecto al impacto económico, las autoridades europeas señalan que "la restauración no excluye la actividad económica. La restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades".

Los objetivos propuestos incluyen que haya más poblaciones de polinizadores (reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas para 2030), que no haya ninguna pérdida neta de espacios verdes urbanos y que haya una cubierta mínima de árboles del 10% en todas las ciudades para 2050, así como "espacios verdes integrados en edificios".

Con respecto a las tierras de cultivo, no especifica nada en absoluto sobre la producción. La prioridad es el "aumento global de la biodiversidad y tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de medios agrarios, el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas y los elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras agrícolas".

También insiste en la destrucción de presas y embalses a través de la "eliminación de las barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030". Con respecto al mar, el objetivo es restaurar "las praderas marinas o los fondos sedimentarios, y restauración de los hábitats de especies marinas emblemáticas, como delfines y marsopas, tiburones y aves marinas".

Según el sector rural, el "turbulento" debate sobre la nueva ley ambiental dejó una cosa clara: "Para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, la UE debe dar una respuesta directa a la pregunta fundamental: ¿Cuántos alimentos debe producir o importar la UE y es prudente confiar nuestra seguridad alimentaria a terceros países?"

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España aprueba la ley que concede la doble nacionalidad a sefardíes

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes el anteproyecto de ley que permitirá conceder la nacionalidad española a sefardíes descendientes de los judíos que fueron expulsados del país en 1492, bien acreditando su condición y tras llevar un mínimo de dos años en España o, si el caso presenta circunstancias especiales, por carta de naturaleza.

La norma, con la que se modifica el artículo 21 y 23 del Código Civil y podría afectar a hasta tres millones de personas en todo el mundo, permitirá mantener la doble nacionalidad a los sefardíes residentes principalmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía, México, Argentina o Chile.

Los interesados, que tienen dos años tras la aprobación de la ley para solicitar la nacionalidad española, tendrán que acreditar ante notario su condición de sefardí y su especial vinculación con la cultura de Sefarad - España en hebreo -, dijo el Ministerio de Justicia tras el Consejo de Ministros que dio luz verde a la norma.
Tras la toma de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos ordenaron la conversión al catolicismo o la expulsión de España de mahometanos y judíos, muchos de los cuales siguieron manteniendo las costumbres y el idioma de su país de origen.
Para probar la condición de sefardí se podrá presentar desde un certificado expedido por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Judías de España, así como un documento "elaborado por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de donde resida el solicitante o de la autoridad rabínica competente; o el idioma familiar, la partida de nacimiento o el certificado matrimonial que conste según las tradiciones de Castilla", añadió el texto del Ministerio.
Justicia valorará también haber realizado estudios de historia y cultura españolas o actividades benéficas.
Por su parte, para acreditar la especial vinculación con España tendrán que superar "una prueba de evaluación de conocimiento y la cultura españolas, que diseñará el Instituto Cervantes" a excepción de quienes procedan de un país donde el español sea idioma oficial.

La Unión Europea plantea un marco para que los minerales estén exentos de sangre

BRUSELAS.- Los importadores de minerales de zonas de conflicto podrán certificar que sus productos no han financiado a caudillos bajo un nuevo plan europeo propuesto el miércoles que permitirá también ayudar a los fabricantes a mostrar que sus productos están libres de "metales de sangre".

Buena parte del oro, tántalo, estaño y tungsteno usado en electrónica e iluminación se extrae de zonas de conflicto en África.

La Unión Europea, que cada vez exige más a sus socios comerciales que adopten reformas políticas y de derechos humanos, quiere presionar a los importadores para que boicoteen a las milicias violentas que controlan las materias primas.
"Tenemos el compromiso de impedir que el comercio internacional de minerales intensifique o perpetúe el conflicto", dijo la comisaria de Comercio de la UE, Karel De Gucht, y la responsable de Política Exterior, Catherine Ashton, en un comunicado conjunto.
Según el marco voluntario de la UE, que podría entrar en vigor a finales del próximo año, las aproximadamente 420 empresas que importan minerales al bloque de 28 países podrían buscar la certificación de la UE de que sus productos proceden de zonas libres de conflicto.
Y lo que es más, compañías como Apple o Siemens, que obtienen metales de importadores certificados serían elegidas para optar a lucrativos contratos de gobiernos e instituciones de la UE.
En Estados Unidos, el acta Dodd-Frank obliga ya a las compañías cotizadas a desvelar el uso de minerales de una zona de conflicto de África en su cadena de suministros.
El grupo de defensa de derechos Amnistía Internacional dijo que la propuesta de la UE incumplía las expectativas y que sólo podrían funcionar las leyes vinculantes que exijan a un amplio rango de empresas con sede en la UE realizar comprobaciones de su cadena de suministro.
"Sin una ley de la UE clara que exija a las compañías trabajar con la debida diligencia e informar públicamente de ello, la Comisión Europea no conseguirá que las compañías de la UE cumplan los mismos patrones responsables que los competidores estadounidenses", dijo Amnistía.
EurAc, un grupo activista que trabaja en África central, dijo que la propuesta de la UE no era "respuesta suficiente" para frenar la comercialización de minerales de zonas de conflicto.
Las autoridades europea dicen que crear una versión europea de la ley estadounidense podría llevar a los importadores a abandonar África y hundir a comunidades mineras honestas de áreas sumidas en la pobreza.La Comisión Europea dice que la ley estadounidense presiona ya a las compañías para evitar comprar minerales de zonas de conflicto.
Algunas firmas cotizadas han cambiado sus proveedores a Australia, reduciendo el precio de minerales como el estaño a la mitad en la República Democrática del Congo y Ruanda, según un responsable oficial de la UE que ha viajado a la región.
La Comisión dice que su propuesta, que debe ser aprobada por los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo, cumple con el acta Dodd-Frank poniéndose como objetivo la compañías importadoras de la Unión Europea, uno de los mayores mercados mundiales de estaño, tántalo, tungsteno y oro.
Estados Unidos define la zona de conflicto de minerales a República Democrática del Congo y los países vecinos, incluidos Angola y Sudán del Sur. Representan hasta un 17 por ciento de la producción mundial de tántalo, un 4 por ciento de la producción mundial de estaño, un 3 por ciento de tungsteno y un 2 por ciento de oro.
La Unión Europea dice que su propuesta no se limita al África subsahariana y que podría aplicarse a todo el mundo, a lugares como Colombia, donde la guerrilla controla algunas regiones remotas donde se extrae oro.

El Gobierno español aprueba una ley para dar la nacionalidad a los judíos sefardíes

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un anteproyecto de ley por el que reconocerá la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, expulsados de España en 1492.

España venía concediendo la nacionalidad a los sefardíes que lo solicitaran de forma individual, pero la generalización anunciada ahora permitiría obtener la carta de naturaleza a unos tres millones de personas, residentes principalmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía, México, Argentina o Chile.
"El anteproyecto que hoy hemos aprobado tiene un significado histórico profundo: no es solamente porque se deriva de hechos de nuestra historia de los que obviamente no debemos sentirnos orgullosos, como el edicto de expulsión de los judíos de 1492, sino porque lo que hace es reflejar una realidad de la sociedad española como una sociedad abierta y plural", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La novedad de la nueva ley, avanzada por el ministro en noviembre de 2012, es que ahora no tendrán que renunciar a su actual nacionalidad.
"Ahora se abre la posibilidad sin que tengan que renunciar a su anterior nacionalidad. Esto va a permitir que numerosos judíos sefardíes la van a poder tener", dijo Ruiz-Gallardón en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La medida reconocerá a todo aquel que demuestre a través de un certificado de la federación de comunidades judías de España su condición de sefardí por apellidos, idioma, parentesco o especial vinculación con la cultura de Sefarad (España, en hebreo).
"No se exige que se pertenezca a ninguna religión. Sino que es la pertenencia a la comunidad sefardí lo que da derecho", dijo el ministro.
Tras la toma de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos ordenaron la conversión al catolicismo o la expulsión de España de musulmanes y judíos, muchos de los cuales siguieron manteniendo las costumbres y el idioma de su país de origen.
"Lo que hacemos hoy es reencontrarnos, dándoles la posibilidad de darles la oportunidad de formar parte de la misma", dijo, recordando que "había una deuda histórica" porque los sefardíes propagaron la lengua y cultura españolas.
"Muchos de ellos, como ocurre en Estambul, guardaban las llaves de la casa de la que fueron expulsados, hoy tienen la puerta abierta", dijo.

Plazo de dos años

Los judíos sefardíes tendrán un plazo de dos años para solicitar la nacionalidad española por el nuevo procedimiento que establece la ley por la que se modifica el Código Civil para la agilización de la concesión de la nacionalidad española, cuyo anteproyecto ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
   Los interesados deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque este plazo podrá ser prorrogado un año más si así lo decide el Gobierno, según informa el Ministerio de Justicia.
   En cuanto al procedimiento de solicitud, se establecerá un modelo normalizado por parte del Ministerio de Justicia, para su presentación por escrito, siendo necesaria su ratificación presencial ante el encargado del Registro Civil municipal o consular correspondiente.
   Los sefardíes deberán aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente y todo aquello que consideren necesario para acreditar su especial vinculación con la cultura y las costumbres españolas. Se tendrán en cuenta de manera especial los estudios cursados y las actividades benéficas o sociales realizadas, según apunta el Ministerio.
   Igualmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado podrá recabar informes que corroboren la veracidad de las condiciones aportadas de instituciones como la autoridad rabínica competente y la comunidad judía de origen, así como de los organismos que puedan acreditar la ausencia de antecedentes penales del interesado.
   El texto también incluye una disposición transitoria, por la que los sefardíes que hubieran solicitado la nacionalidad española con anterioridad a esta reforma legislativa y aún no se hubiera resuelto, podrán continuar la tramitación de su expediente con el nuevo procedimiento que se aprueba mediante esta ley. En este caso, deberán solicitarlo expresamente y aportar la documentación necesaria para ello.
   Para aprobar esta ley, el Gobierno modifica el artículo 23 del Código Civil, según el cual, es "requisito" para la validez de la adquisición de la nacionalidad española que la persona "declare que renuncia a su anterior nacionalidad". Ahora, la reforma permitirá la doble nacionalidad, aunque se trate de países con los que hasta ahora no existía esta posibilidad.
   El anteproyecto destaca los "especiales vínculos" de la comunidad sefardí con España. Además, Justicia pone de relieve sus aportaciones a la Literatura y al Derecho, "como prueban las Partidas del Rey Alfonso X, el Sabio, escritas en gran parte por sefardíes en el castillo de Monteagudo, en Murcia", así como "la contribución de esta comunidad al descubrimiento de América".
   La concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Marruecos ya se estudió cuando Fernando de los Ríos era ministro de Estado, aunque finalmente se frustró el proyecto. En 1886, por impulso de Práxedes Mateo Sagasta y en 1900, del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento a los sefardíes que culminó en la autorización para abrir sinagogas, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid (1910) y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920.
   En 1924 se aprobó un Real Decreto destinado a conceder la nacionalidad a los "antiguos protegidos españoles o descendientes de estos" en el que no se nombra expresamente a los sefardíes, pero que permitió en la II Guerra Mundial salvar a muchos judíos gracias a la misión humanitaria que realizaron diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, Bernardo Rolland de Miotta en París, Julio Palencia en Sofía, Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, José Rojas en Bucarest o Eduardo Propper de Callejón en Burdeos.

The Financial Times critica que el Gobierno español recurra tanto al decreto para legislar

LONDRES.- El rotativo 'Financial Times' (FT) publica este viernes un artículo en el que critica que el Gobierno de Mariano Rajoy recurra tanto al decreto a la hora de legislar, ya que debilita el poder del Parlamento y eleva la inseguridad jurídica del país.

   "El Gobierno de Mariano Rajoy ha emitido más leyes de emergencia que ninguno de sus predecesores en su primer año de Gobierno", señala FT, tras recordar que, según la Constitución española, el Gobierno debe usar los decretos solo en casos de "extraordinarios y de urgente necesidad".

   Los críticos, según FT, creen que Rajoy ha recurrido a los decretos más a menudo que otros gobiernos aún gozando de mayoría absoluta en las Cámaras, e incluso para aplicar leyes que van más a allá de las medidas temporales, como la "controvertida y ambiciosa" reforma del mercado laboral.

   En concreto, señala que en 2012, el primer año completo de gobierno de Rajoy, el Ejecutivo ha aprobado 29 reales decretos, a los que hay que sumar el aprobado en diciembre de 2011 y los cuatro que se han aprobado ya en lo que va de 2013. Desde que España es una democracia, afirma FT, los gobiernos han aprobado una media de 14 decretos al año, cifra que cayó a una media de 12 decretos al año en el periodo anterior a Mariano Rajoy.

   El rotativo asegura que la oposición ha sido muy crítica con esta forma de legislar y que los expertos constitucionales han expresado su preocupación por el apego del Gobierno del PP a las leyes de emergencia, que deberían ser usadas sólo en casos excepcionales.

   En concreto, FT asegura que el Gobierno de Rajoy ha recibido muchas críticas de inversores españoles y extranjeros por los seis decretos aprobados que afectan al sector energético, que han creado incertidumbre en la regulación para los inversores en energías renovables.

   Un ejecutivo de una empresa del Ibex señala al periódico británico que cuando un Ejecutivo gobierna por decreto puede privar a los ciudadanos y las empresas de sus derechos, puesto que no pueden recurrir los decretos directamente y no tienen forma de defender sus intereses.

   En cambio, un miembro del equipo de Rajoy explica al FT que el Gobierno ha recurrido mucho al real decreto para hacer frente a la crisis económica. "El uso de decretos está justificado por la urgencia de la situación", afirma, tras asegurar que en el primer año han tenido que actuar con mucha determinación, aunque las cosas ya se están normalizando.

De Guindos propone en España medidas para paliar el problema del desahucio

MADRID.- El Gobierno español propondrá, mediante un "código de buenas prácticas" bancarias no vinculante, una serie de medidas para intentar aliviar el problema de los desahucios, dijo el miércoles ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

En dicho código se incluiría la posibilidad de aplazamiento en dos años de los desahucios a las personas incluidas en un "umbral de exclusión" y que solo afectaría a la primera vivienda.

"En el código de buenas prácticas se incluía la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevara a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial como, por ejemplo, dos años", dijo Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados.

Según el titular de Economía, este plazo podría ser prorrogable mediante el pago de una renta "justa y aceptable" a la entidad prestamista.

De Guindos también señaló, aunque sin entrar en detalles, que el Ejecutivo propondrá que se permita acogerse a la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca --la denominada dación en pago-- a las familias con todos sus miembros en paro y que carezcan de ingresos adicionales para afrontar el pago de la hipoteca.

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", indicó.

De Guindos también se refirió a la posibilidad de que la entidad de crédito asuma parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías en las ejecuciones de viviendas.

"Parece razonable (...) que la entidad, como consecuencia de una deficiente tasación o de una actuación no excesivamente diligente sea copartícipe de la diferencia que existía entre la tasación y el valor que se obtiene por la ejecución del valor en última instancia", añadió.

Los sindicatos españoles preparan un documento con propuestas para corregir la reforma laboral

MADRID.- CC.OO. y UGT están trabajando en un documento de "propuestas concretas" para corregir la reforma laboral, que presentarán a los Grupos Parlamentarios a lo largo de los próximos días, antes del debate de convalidación del decreto ley, el jueves 8 de marzo, informaron fuentes sindicales.

   Así pues, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tendrá sobre la mesa las propuestas concretas a las que refería este lunes, después de haberse mostrado dispuesta a hablar con los agentes sociales y los grupos parlamentarios de todas las materias que forman parte de la reforma laboral "sin exclusiones".

   Las mismas fuentes indicaron que en los gabinetes jurídicos de CC.OO. y UGT "se está trabajando en un documento definitivo", que incluirá "cambios de artículos".

   No obstante, aún no es seguro que este texto esté listo para la reunión que mantendrán los sindicatos con el Grupo Popular en el Congreso de los diputados el próximo jueves, 23 de febrero, un encuentro que las centrales entienden más como "una toma de contacto".

   En rueda de prensa, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, llamaron este lunes una vez más al Gobierno a abrir un debate con los interlocutores sociales "paralelo" al trámite parlamentario para "reformular" la reforma laboral vía enmiendas y evitar una "escalada" de la conflictividad social.

   Durante el acto, Toxo avanzó que los sindicatos presentarían en la reunión del jueves al Grupo Popular "alternativas distintas" a su real decreto.

   Por su parte, fuentes de la CEOE han indicado que los empresarios están "hablando (de su parecer sobre la reforma laboral) en las reuniones" con los Grupos Parlamentarios, pero que, de momento, no se ha presentado ninguna propuesta concreta de cambio de la reforma laboral. Su turno con el Grupo Popular será el miércoles, 22 de febrero, un día antes que los sindicatos.

   No obstante, el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Confederación, José Luis Feito, ha señalado que la reforma laboral es "incompleta" y ha sugerido la posibilidad de no permitir a los parados rechazar una oferta de empleo.

   El presidente de CEOE, Juan Rosell, señaló la pasada semana que la patronal trataría de introducir durante el trámite parlamentario medidas para aumentar aún más la flexibilidad en el seno de las empresas y reducir por debajo de dos años el límite de la ultraactividad de los convenios (prórroga automática tras el fin de la vigencia de los convenios colectivos).

   Asimismo, Rosell dejó caer la posibilidad de revisar la Ley de Huelga, pero fuentes de la patronal indicaron que esta última cuestión "no es urgente ahora mismo" y que, dada su naturaleza, debería abordarse "en una ley aparte".

Zapatero confirma el apoyo de Merkel en la reforma constitucional española

PARÍS.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado la felicitación de la canciller alemana, Angela Merkel, por la reforma constitucional para limitar el déficit y le ha avanzado que esta iniciativa le va a ayudar en el plano político doméstico para "seguir manteniendo un compromiso europeo".

   "Me ha trasladado que ha sido muy importante para la credibilidad y el compromiso de España ante el futuro y ante la Unión Europea y los mercados, pero que también era importante en el debate interno de Alemania en tanto en cuento ella podía trasladar al conjunto de las fuerzas políticas alemanas el sentido de la responsabilidad de países como España para que Alemania pudiera seguir manteniendo un compromiso europeo y para el debate que vamos a tener todos los parlamentos sobre los cambios en la llamada Facilidad Financiera", es decir, el fondo de rescate europeo, ha explicado en declaraciones a los medios al término de la cumbre de los Amigos de Libia en París.

   Poco antes de comenzar la cumbre de los 'Amigos de Libia', el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha saludado a la canciller Angela Merkel y al presidente español, que poco después se han quedado solos y han tenido la ocasión de intercambiar unas palabras.

   Los 17 países que comparten el euro acordaron en la cumbre de julio reforzar el fondo de rescate europeo hasta los 440.000 millones de capacidad efectiva y flexibilizar su utilización para permitir que adquiera deuda soberana en el mercado secundario de forma excepcional o dar líneas de crédito preventivas a países en dificultad, además de pactar el segundo rescate de Grecia, valorado en 109.000 millones de euros sin contar con los 50.000 millones que de forma voluntaria aportaría por su parte el sector privado.

   Los acuerdos están pendientes de cerrar algunos detalles técnicos, como las garantías colaterales que ha exigido Finlandia para participar en el rescate griego y del visto bueno de los Veintisiete parlamentos nacionales, incluido el alemán, muy crítico con el apoyo a los rescates.    

   El presidente del Gobierno español ha subrayado la importancia "que supone la flexibilidad" pactada para recurrir al fondo de rescate europeo "hasta el punto de poder comprar bonos en el mercado secundario" hasta "poder poner en marcha una especie de embrión de eurobonos", iniciativa que rechaza Merkel por completo. "Ha sido una conversación en ese sentido interesante y positiva", ha concluido Rodríguez Zapatero.

   Merkel y Sarkozy trasladaron en una misiva al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, este agosto su deseo de que los Estados miembros de la zona euro incluyan "de aquí al verano de 2012 una regla de equilibrio presupuestario en su legislación nacional", en principio "de nivel equivalente" a la norma constitucional.

   "La regla debe poner en marcha los objetivos del pacto de Estabilidad y Crecimiento y garantizar que cada Estado miembro de la zona euro presenta lo antes posible un presupuesto equilibrado. Garantizará también una reducción sostenible del nivel de deuda en el caso de superar el nivel de referencia (60 por ciento del PIB)", subrayan ambos mandatarios en la misiva.

   Alemania ya introdujo en 2009 el límite de déficit en su Constitución, una iniciativa que en las últimas semanas se han mostrado dispuestos a impulsar además de España, otros países de la eurozona como Italia y Portugal.

El nuevo Reglamento de Extranjería entrará en vigor en España el próximo 1 de julio

MADRID.- El nuevo Reglamento de Extranjería, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, entrará en vigor el próximo 1 de julio, dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

   El texto, aprobado el pasado 15 de abril en el Consejo de Ministros tras un periodo de audiencia pública y consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones especializadas en inmigración, llega así con un año de retraso respecto del calendario marcado en la norma que desarrolla y, según el cual, debió estar aprobado en los primeros seis meses del año pasado.

   Entre otras novedades, el Reglamento recoge más protección para víctimas de violencia de género en situación irregular, a quienes no se incoará expediente de expulsión hasta que no se produzca una resolución judicial sobre el su denuncia de malos tratos. Además, mientras se dirime el proceso, tanto la mujer como sus hijos podrán tener acceso a permisos temporales de residencia y trabajo.

   Otro de los aspectos destacados es la previsión legal de que las administraciones autonómicas acrediten el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar.

   "Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la autorización", indica el texto que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

   En concreto, este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".

   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.

   Respecto a las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con una investigación policial está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.

   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.

   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".

La nueva Ley Postal abre en España al sector privado un negocio de 1.000 millones

MADRID.- La nueva Ley Postal abrirá a la entrada de operadores privados un área de negocio de unos 1.000 millones de euros que hasta ahora estaba reservado a Correos, según denuncia CC.OO.

   El sindicato considera así que el nuevo texto legal, que mañana martes aprobará definitivamente el Congreso, "dejará en entredicho la viabilidad del operador postal, la mayor empresa pública del país".

   El área de negocio que hasta ahora tenía reservada Correos y que quedará abierta a partir del próximo año es la de envíos interurbanos e internacionales de cartas de menos de 50 gramos de peso, según recuerda CC.OO.

   El sindicato estima que el nuevo texto legal "potenciará" la entrada de operadores privados, "que tendrán que pagar un ínfimo peaje por acceder al nuevo mercado postal liberalizado" lo que, en su opinión, afectará a Correos.

   "Conlleva un claro recorte del servicio público a la ciudadanía en beneficio del negocio de los operadores privados, a los que cede más de 1.000 millones", añade CC.OO. en un comunicado.

   Asimismo, asegura que durante la tramitación de la Ley no se ha dialogado con los representantes de los 60.000 trabajadores de Correos.

El nuevo Código Penal obligará a las empresas españolas a aumentar el control interno a partir de mañana

MADRID.- La reforma del Código Penal que entrará en vigor mañana 23 de septiembre, obligará a las empresas a aumentar sus sistemas de control interno, ya que serán penalmente responsables de los delitos cometidos por administradores y también por sus empleados, según informó hoy KPMG en un comunicado.

Esto supone una gran novedad en el Derecho español, que tradicionalmente no ha considerado que las personas jurídicas pudieran delinquir.

El socio del área legal de KPMG Abogados Alain Casanovas, explicó que "el cambio que se ha introducido era completamente previsible, viendo las tendencias de otros países de nuestro entorno".

En este sentido, señaló que "otras jurisdicciones ya se han manifestado al respecto, estableciendo incluso directrices y buenas prácticas para mitigar la responsabilidad penal de las empresas".

El futuro Código Penal no establece qué controles son los que las empresas deben aplicar para evitar ser imputadas penalmente, "lo que unido a la falta de doctrina y jurisprudencia sobre la materia arroja cierta sensación de inseguridad jurídica", comentó Casanovas.

Sin embargo, las empresas pueden acoger las recomendaciones de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos donde de sus autoridades federales emanan recomendaciones concretas, "perfectamente trasladables a la realidad española", explicó Casanovas.

Es en este aspecto, es donde KPMG proyecta sus técnicas de 'corporate defense' para ejercer controles específicos como forma de evidenciar la diligencia de la empresa y conseguir acotar la responsabilidad penal al ámbito exclusivo de las personas físicas involucradas en la actividad ilícita.

"La responsabilidad penal de la empresa puede suponer su intervención e incluso su disolución, lo que avala la necesidad de poner los medios necesarios para evitarlo a toda costa", apuntó el socio de KPMG Abogados.

KPMG informe que aunque existan estándares internacionales en materia de controles internos, éstos tienen un marcado carácter financiero y adolecen de limitaciones a la hora de evitar fraudes. En este sentido, los programas de 'corporate defense' requieren un diseño específico y de personas que velen por su aplicación efectiva.

"El cambio legislativo que se produce en España constituye un nuevo hito en la transformación de la mentalidad empresarial española, pasando de una filosofía de reacción a una de prevención", concluyen desde el departamento de Forensic de KPMG.

Sólo una de cada tres empresas españolas conoce la legislación sobre morosidad

MADRID.- A falta de dos meses para la puesta en marcha de la reforma de la Ley de Morosidad, sólo una de cada tres empresas españolas conoce la legislación sobre morosidad, según datos del 'Índice Riesgo 2010', estudio del que se hace eco Intrum Justitia.

Ante esta situación, el director general de Intrum Justitia Ibérica, Luís Salvaterra, señala que "es necesario que las empresas conozcan las implicaciones que tiene la nueva Ley de Morosidad y cómo afrontarlas ya que en el plazo de menos de tres años deberán pagar sus facturas antes de 60 días cuando ahora el plazo medio de pago se sitúa en los 98".

Desde Intrum Justitia se recomienda a las empresas que "presten más atención a su área de gestión de crédito y cobro como elemento clave para mejorar los plazos de pago", ya que según datos del 'Índice de Riesgo 2010', el 66% de las empresas españolas espera 95 días antes de asignar las facturas impagadas a un especialista.

Así, sectores como banca o telecomunicaciones cuentan con una mayor trayectoria en la externalización del área de gestión de crédito, aunque se observa que otro tipo de sectores y pymes optan cada vez más por esta opción para gestionar este área de una manera más profesionalizada.

Argentina cada vez más cerca de aprobar la ley de protección de glaciares

BUENOS AIRES.- Una ley de protección de glaciares que limita la actividad minera en Argentina y que ratifica una norma vetada en 2008 por el Gobierno, fue aprobada en general la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados que la seguirá debatiendo en particular en la próxima sesión.

Tras unas 10 horas de debate, los diputados votaron el texto que busca preservar los glaciares "como reservas estratégicas de resursos hídricos" y los considera un "bien de carácter público".

Tras la votación, la sesión se cayó por falta de quórum durante el debate de sus doce artículos en particular, que seguirá en la próxima sesión ordinaria, tras lo cual deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto aprobado en general por 129 votos a favor y 86 en contra, fue impulsado por el diputado Miguel Bonasso, un ex aliado centroizquierdista del oficialismo y contó con el respaldo del arco opositor, que domina la Cámara Baja.

"Lo que estamos debatiendo aquí no es una cuestión paisajista y menor, todos queremos el desarrollo económico, pero no lo queremos a costa del agua", dijo el legislador.

El plenario de Diputados analizó un proyecto que retoma el texto de una ley aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en 2008, pero luego vetada por la presidenta Kirchner alegando problemas técnicos en su texto.

Poco antes de la sesión, Bonasso había accedido a introducir algunos cambios para lograr un apoyo unánime de sus colegas, pero el oficialismo no lo acompañó y respaldó otro proyecto originado en el Senado, donde había sido aprobado por unanimidad.

La iniciativa de los Diputados prohíbe "la explotación minera e hidrocarburífera" en la zona de glaciares y periglaciares, ambas formaciones diseminadas en la Cordillera de los Andes y consideradas grandes reservas de agua dulce.

Ambos proyectos diferían sobre todo en la definición de zonas periglaciares, considerado un aspecto clave para la preservación porque son los sitios de la alta montaña andina donde se concentra la riqueza minera.

Tras las modificaciones aceptadas por Bonasso, el nuevo texto establece a la zona periglacial como el área "con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".

La ley crea además el Inventario Nacional de Glaciares.

Sectores de la oposición acusaron al Gobierno de ser "funcional a intereses privados" y apuntó a la minera canadiense Barrick Gold, con inversiones en la provincia de San Juan (al oeste) y al frente de Pascua-Lama, una mina binacional enclavada a 4.000 metros de altura en la frontera chileno-argentina, en la Cordillera de Los Andes.

El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, quien pidió el miércoles sin éxito posponer el debate en el Parlamento por 15 días, aseguró que el Gobierno aceptará esta vez la decisión del Congreso.

"La Presidenta me dijo que lo que se vote no va a ser vetado. Si esto se ratifica en el Senado será la ley que vamos a tener", afirmó y recordó que el veto de 2008 fue un reclamo de varios gobernadores de las provincias andinas.

El Gobierno de EE.UU. demanda a Arizona por su ley anti-inmigrante

WASHINGTON.- El departamento de Justicia demandó hoy al estado de Arizona por su nueva ley anti-inmigrante, que autoriza a los agentes de policía a detener a personas que sospechen que son indocumentadas.

Según informan medios de prensa locales, los abogados del gobierno argumentan en la demanda que la ley viola la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

España aprueba una reforma laboral para apuntalar su economía

MADRID.- El parlamento español aprobó el martes un esperado paquete de reformas laborales que busca apuntalar la economía nacional, aquejada por un índice de desempleo del 20%.

El paquete, que busca hacer más fácil y económico para las empresas el despido de trabajadores, fue aprobado en la cámara baja por 168 votos a favor, ocho en contra y 173 abstenciones.

Esa votación mostró cuán aislado se ha quedado el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento en que trata de hacer frente a una crisis económica que ha provocado en todo el mundo temores de que España caiga en una situación semejante a la que provocó la pesada deuda en Grecia.

Sólo el Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece Rodríguez Zapatero, votó a favor, y sólo uno de sus legisladores _ un ex dirigente sindical _ se abstuvo en una rara violación de la disciplina partidista. Las abstenciones fueron de los partidos de oposición, que consideraron inefectivo el paquete de reformas.

Las reformas están vigentes desde que fueron aprobadas por el gabinete la semana pasada, tras haber fracasado las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, y luego que la agencia de clasificación de riesgos Fitch redujo nuevamente la solvencia de la deuda pública española, la segunda en unas pocas semanas.

La votación del martes ratificó el decreto ministerial pero sin admitir enmiendas. Ahora, el Parlamento debatirá la ley y considerará los posibles cambios.

El plan reduce los días de indemnización por año trabajado _ ahora hasta 45 días por año y desamina el uso de los contratos temporales. Los nuevos contratos tendrán una indemnización de 33 días por año trabajado, aunque seguirán vigentes los de 45 días en los pactados con anterioridad a esta ley.

El nuevo plan encarecerá gradualmente el uso de los contratos temporales por parte de las empresas, los llamados contratos basura que contienen menos beneficios _ una práctica tan común que casi un tercio de la fuerza laboral labora bajo esa modalidad.

"No se equivoquen, las medidas contenidas en este decreto contribuirán a la creación neta de empleo", dijo el portavoz del gobernante Partido Socialista José Antonio Alonso.

Empero, uno tras otro, los dirigentes de la oposición subieron a la tribuna de oradores para explicar por qué votaban en contra de las reformas o se abstenían.

El centrista Partido Popular dijo que el plan de Zapatero es una reacción de pánico ante las presiones de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional tras ignorar durante dos años la crisis que ha duplicado la tasa del paro.

"¿Qué ha hecho en los últimos dos años?", preguntó a Zapatero la vocera parlamentaria del PP Soraya Sáinz de Santamaría.

Agregó que las reformas del gobierno se centran equivocadamente en abaratar el despido en lugar de inyectar confianza en la economía y fomentar la creación de empleo.

"El gobierno ha presentado una reforma aislada, parcial, confusa y equivocada", dijo Sáinz de Santamaría.

El gobierno calculó que las reformas crearán más de dos millones de empleos en dos años.

Empero, algunos no están convencidos de que animará a las empresas a contratar en masa, lo que necesita España desesperadamente para reactivar su economía que ha empezado a salir de dos años de recesión.

El gobernador del Banco de España Miguel Fernández Ordóñez consideró la reforma laboral un primer paso, pero insuficiente. Indicó el martes a una comisión parlamentaria que el plan no modifica el sistema de convenios colectivos que consideró engorroso para las empresas, e insistió que la derogación de los contratos temporales no debería hacerse hasta que las empresas comiencen a generalizar los permanentes.

"Debemos mantener abiertas todas las oportunidades de crear empleo", agregó el gobernador del banco central.

Sandalio Gómez, profesor de gerencia empresarial de la madrileña Escuela de Ciencias Empresariales IESE, dijo que el gobierno intenta ocultar que facilitará y abaratará el despido laboral _ algo que prometió en repetidas ocasiones que nunca haría.

Agregó que el hecho de que la reforma sea debatida ahora en el Parlamento y casi con seguridad sea alterada no infunde confianza a los empresarios ni los inversionistas.

"Esto no brinda seguridad a nadie. Esto transmite dudas", indicó.

Los sindicatos han convocado una huelga general de protesta, pero la postergaron hasta el 29 de septiembre, ante la escasa asistencia que tuvo el paro de los funcionarios este mes.

La Cámara de Representantes de EE UU aprueba la reforma sanitaria

WASHINGTON.- El presidente Obama sacó adelante esta noche su controvertida reforma sanitaria, el proyecto clave de su legislatura. Y todo ello tras vencer la intensa presión de los «lobbies» y las resistencias de muchos de sus propios congresistas. De hecho, hoy mismo pactó con los demócratas antiabortistas, encabezados por Bart Stupak, que se prohíba que los fondos federales se destinen a intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo.

Después de evitar la minoría de bloqueo de los republicanos en el Senado con ayuda de una compleja y polémica maniobra parlamentaria, la Cámara de Representantes respaldó por 219 votos a favor y 212 en contra la reforma sanitaria, que ha monopolizado la política doméstica desde la toma de posesión de Obama.

Una iniciativa en la que, según el propio presidente, estaba en juego su presidencia y que supone la mayor expansión de prestaciones sociales desde que en 1966 se empezó a subvencionar la cobertura médica de la tercera edad.

Al conseguir la aprobación de la ley, el presidente estadounidense Barack Obama avanza en el cumplimiento de una de las grandes prioridades de su mandato: darle cobertura de salud a unos 32 millones de estadounidenses que actualmente no están protegidos.

Se espera que sea la reforma más ambiciosa en el sistema de salud de este país en 45 años.

El Partido Republicano se opuso a la reforma pues, aseguran sus miembros, va a costar demasiado. Ninguno de los congresistas del opositor Partido Republicano votó a favor de la medida.

Tras pasar esta prueba de fuego, el proceso legislativo exige ahora que el Senado complete la tramitación impuesta por el Partido Demócrata. Lo planeado es que esta misma semana la Cámara Alta vote la llamada «ley sidecar», con las enmiendas introducidas por la Cámara Baja en el texto que originalmente aprobó el Senado el pasado diciembre. Bajo la táctica conocida con el inocente nombre de reconciliación, los demócratas sólo requieren de mayoría simple en el Senado.

A juicio de los republicanos, que esperan pasar factura en las legislativas de noviembre, lo aprobado esta noche en Washington no es más que una catastrófica nacionalización del sector sanitario, que representa 2,5 billones de dólares anuales en la mayor economía del mundo.

Según las cuentas esgrimidas por los conservadores, esta reforma supondrá diez años de subidas de impuestos y diez años de recortes en las prestaciones médicas a los jubilados, y todo para costear sólo seis años de beneficios que no entrarán en vigor hasta 2014.

El coste de esta significativa expansión sanitaria ha sido estimado por la Oficina Presupuestaria del Congreso en 940.000 millones de dólares durante su primera década. Con el compromiso de facilitar cobertura para 2019 a un total de 32 millones de estadounidenses actualmente sin seguro. El país más rico del mundo tendrá entonces cobertura sanitaria para el 95% de sus ciudadanos.

Bajo los términos de esta histórica reforma, que Obama podría rubricar en Semana Santa, el seguro médico —como ocurre con el seguro de accidentes para los propietarios de automóviles— pasará a convertirse en el plazo de cuatro años en una obligación para los estadounidenses. Tras abandonar la idea de crear un seguro público alternativo, los que no estén asegurados a través de su empresa tendrán que suscribir pólizas privadas.

Para aquellos con menos recursos económicos, se ampliará el programa de beneficencia existente, conocido como Medicaid, al que se podrán acoger los que ganen menos del 133% del umbral federal de pobreza (estimado en 29.237 dólares anuales por familia de cuatro miembros).

Para las personas de ingresos medios y pequeños negocios se facilitarán subvenciones. Las familias de cuatro integrantes que ingresen al año menos de 88.000 dólares se podrán acoger a esos subsidios progresivos, al igual que los individuos que ganen al año menos de 43.000. Se estima que unos 19 millones de americanos recibirán una media de 6.000 dólares anuales.

Los individuos que, pese a todas estas facilidades, no adquieran pólizas privadas se enfrentarán a multas anuales de hasta 700 dólares o un porcentaje de sus ingresos. Las empresas con más de cincuenta empleados tendrán la obligación legal de facilitar seguro médico. De lo contrario, afrontarán multas anuales de hasta 2.000 dólares por trabajador, quedando exentos en esos cálculos punitivos los treinta primeros empleados.

Con el fin de reducir costes, cada uno de los cincuenta Estados de la Unión contará con su propio mercado competitivo («exchange»), y las compañías de seguros podrán también ofrecer pólizas a nivel nacional. A su vez, las aseguradoras no podrán negar pólizas de cobertura sanitaria a personas ya enfermas, como hasta ahora han venido haciendo en virtud de las llamadas «condiciones pre-existentes». Tampoco podrán exigir co-pagos a sus clientes para cubrir cuidados preventivos. Además, se permite a los hijos adultos hasta 26 años la cobertura bajo las pólizas de sus padres.

Para los ancianos, la legislación aspira a cerrar gradualmente para el año 2020 lo que popularmente se conoce como el «agujero del donut». Esto significa que también se subvencionará la porción de los gastos de farmacia no cubierta actualmente por el programa Medicare. Aún así, el Gobierno se compromete a recortar en todo lo posible los gastos superfluos y la corrupción en el dinero público destinado a cubrir las necesidades sanitarias de los jubilados.

En cuanto a fuentes de financiación nuevas, la legislación prevé un aumento del impuesto de Medicare aplicado sobre las nóminas de los americanos con las rentas más altas. Ya que se contempla una subida, a partir de 2013, de nueve décimas, hasta llegar a un recargo del 2,35% para individuos con ingresos anuales superiores a los 200.000 dólares, y para aquellos matrimonios que hagan declaración de la renta conjunta y ganen más de 250.000 dólares al año.

Junto a un impuesto adicional del 3,8% sobre inversiones aplicable a los contribuyentes con mayores ingresos. Las compañías farmacéuticas también se enfrentan a una mayor fiscalidad.

Los titulares de los seguros médicos más completos y costosos, conocidos como «planes Cadillac», se verán obligados a pagar una cuantiosa sobrecarga del 40% a partir del año 2018, a pesar de la oposición de los sindicatos que en el pasado lograron para sus afiliados ese tipo de generosas pólizas. Y precisamente esta tasa aspira a convertirse en la principal fuente de nuevos ingresos para hacer frente a los gastos de la reforma sanitaria, con estimaciones de recaudar 149.000 millones de dólares en una década.

Las 10 claves

La reforma sanitaria, con un coste de 938.000 millones de dólares (700.000 millones de euros) en 10 años, se centra en ayudar económicamente a las familias que no pueden pagar las primas de los seguros y en frenar los abusos de las aseguradoras. Éstas son las 10 claves del proyecto:

1. ¿Esta reforma garantiza la cobertura universal?

La ley obliga a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales a disponer de un seguro médico a partir de 2014 o pagar una multa si no lo hacen. Para ayudar a las personas de rentas más bajas, el Estado subvencionará a todas aquellas familias con ingresos anuales inferiores a 88.200 dólares o individuos con ingresos hasta 29.300 dólares anuales.

2. ¿A quién cubre esta reforma?

La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que 32 millones de personas sin seguro contarán con asistencia sanitaria en los próximos años.

3. ¿Quiénes quedan fuera?

Entre 15 y 20 millones de personas, en su mayor parte inmigrantes irregulares. El Gobierno puede eximir también de la obligación del seguro a ciertos colectivos por razones religiosas o étnicas, como los indios americanos. Se calcula también que un grupo significativo quede sin cobertura por vivir en la marginalidad.

4. ¿Qué ventajas tiene la reforma para los que ya tienen seguro?

Mejorará las condiciones de sus actuales pólizas con las aseguradoras privadas. Entre otras cosas, las compañías no podrán rechazar a un cliente por sus condiciones médicas preexistentes o expulsarlo al contraer una enfermedad de larga duración. Esto permitirá, por ejemplo, asegurar a miles de enfermos de sida o de mujeres que tuvieron una cesárea en el parto.

5. ¿Por qué no hay un seguro público, como en Europa?

La idea original de Barack Obama era la de incluir en la reforma la opción de un seguro público (para un 5% de la población, aproximadamente), pero eso fue rechazado durante el debate en el Congreso. Un seguro exclusivamente público al estilo europeo es de difícil implantación en un país de las dimensiones de éste y no cuenta en estos momentos con suficiente apoyo popular por razones de carácter cultural, histórico y político.

6. ¿Significa eso que la cobertura es peor o más restringida?

No necesariamente. Con esta reforma el Gobierno asume el papel de intermediario entre el público y las compañías privadas y se responsabiliza de que la cobertura sea adecuada y lo más universal posible.

7. ¿Cuándo entra en vigor la reforma?

Algunas medidas, inmediatamente. Pero las más relevantes, como las subvenciones a los no asegurados o la obligación de las aseguradoras a aceptar a todos los enfermos, empezarán a aplicarse en 2014. Técnicamente, es imposible que el sistema asuma de repente 32 millones de nuevos usuarios.

8. ¿Los estadounidenses no apreciarán ninguna ventaja hasta 2014?

Sí. Entre las medidas que entrarán en vigor en cuanto se firme hay algunas muy importantes, como la prohibición a que las aseguradas rechacen por condiciones médicas preexistentes a los menores de 19 años, la autorización a que los hijos puedan permanecer en el seguro de sus padres hasta los 26 años o las ayudas a los jubilados para pagar las medicinas.

9. ¿Todos los estadounidenses tienen que pagarse su seguro individualmente?

No. La mayor parte son asegurados por la empresa en la que trabajan. Hasta ahora, cuando perdían el trabajo, perdían también el seguro. Con esta ley, los desempleados recibirán ayuda para comprar un seguro en una bolsa que se creará para ese fin.

10. ¿Están obligadas las empresas a ofrecer seguro a sus trabajadores?

Con esta reforma lo estarán. Habrá ayudas para las pequeñas empresas que no puedan afrontar este gasto por peligro de quiebra.

PwC cree que la Ley de Economía Sostenible no será efectiva en España

MADRID.- La economía española moderará su contracción en 2010, con un descenso del 1,2%, según las previsiones del 'Consenso Económico' correspondiente al cuarto trimestre de 2009 que elabora PricewaterhouseCoopers.

Además, el 94,7% de los expertos consultados califican como mala o muy mala la situación actual de la actividad en España, y, aunque aumenta en 13 puntos porcentuales, hasta el 51%, los que estiman que mejorará, la percepción sobre la economía española sigue siendo más negativa que la de todo el conjunto de la UE.

En este contexto, el 57% de los panelistas aseguran que la salida de España de la crisis vendrá dada por la evolución de la coyuntura internacional y no por factores internos.

En este sentido, aunque en un 53% consideran mala o muy mala la situación actual de la economía americana, son más optimistas en cuanto a su marcha en los próximos doce meses: Un 98% estima que irá a mejor y tan sólo un 7,2% considera que evolucionará igual o peor, mientras que un 71,1% cree que la coyuntura en la UE irá a mejor en el próximo semestre.

Por otro lado, el Consenso también refleja una tímida mejoría del consumo de las familias y de la demanda de vivienda para la primera mitad del año, mientras que un 54% de los expertos considera que la situación financiera de las empresas se mantendrán igual y un 67% asegura que será mejor.

Así, el 67% de los panelistas espera que los tipos de interés se sitúen entre el 1,25% y el 1,5% y sólo un 10% cree que permanecerán en el 1%. En materia de inflación, sus estimaciones apuntan a un crecimiento del 0,7% en diciembre de 2010.

Asimismo, los panelistas estiman una apreciación del tipo de cambio del euro frente al dólar en los próximos meses. Concretamente, el 43,6% estima que éste se situará entre el los 1,40 y los 1,45 dólares en junio de este año, un porcentaje que aumenta hasta un 69% cuando opinan sobre la estimación para diciembre de 2010.

LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE NO SERÁ EFICAZ

Por otro lado, el Consenso introduce como novedad la opinión de los panelistas cobre la efectividad que tendrá la Ley de Economía Sostenible. Al respecto, un 70,5% considera que contribuirá poco o nada a cambiar el modelo productivo, papel que hacen recaer en el sector empresarial.

Por otro lado, la mayoría de los encuestados considera que la innovación es el elemento más importante en el que debe sustentarse el nuevo modelo productivo y creen que para garantizar la sostenibilidad será fundamental apoyarse en algunos sectores y un clima de negocios favorable, impulsado por las administraciones públicas e institucionales.

Para los expertos, el principal instrumento que deben emplear las administraciones públicas para incentivar un crecimiento sostenible son las desgravaciones fiscales e insisten en que el compromiso del sector privado no puede limitarse a cumplir la ley y debe ir más allá. Además, estiman imprescindible el papel de las comunidades autónomas.

Los panelistas afirman en un 82,1% de los casos que es incompatible tener un modelo de crecimiento sostenible a la vez que una tasa elevada de paro y que la lucha contra el cambio climático y la necesidad de caminar hacia una economía baja en carbono no está bien abordado en la ley.

Expertos creen que España "no ha hecho los deberes" con la directiva de servicios

VALLADOLID.- Diferentes expertos han concluido en Valladolid que "España no ha hecho los deberes" para adaptarse a la Directiva Europea de Servicios antes del plazo máximo fijado por la UE, el 28 de diciembre, por lo que en el futuro podría enfrentarse a sanciones por parte de la Comisión Europea.

Catedráticos y profesores de varias universidades, así como varios especialistas relacionados con la Administración pública, han participado en Valladolid en unas jornadas de debate sobre la transposición de la Directiva Europea de Servicios a España, que implicará modificar "cerca de 8.000 leyes" para adaptar el marco normativo español al europeo.

El secretario general de la Universidad de Valladolid (UVa) y organizador de estas jornadas, Antonio Calonge, ha avisado de que "España no ha hecho los deberes" en la adaptación de su legislación a la directiva europea, entre otras causas debido a que desde la Administración central se han hecho las cosas "tarde" y se ha retrasado la posterior adaptación de las autonomías a la nueva norma.

El nuevo marco europeo de servicios simplificará los trámites para la concesión de licencias de todo tipo, desde las que rigen las grandes superficies comerciales hasta a obras de pequeño volumen, ha explicado.

"La vocación de esta directiva es poner menos trabas y obstáculos a empresarios y emprendedores en el ejercicio de directiva de servicio", ha indicado.

Eliminará obstáculos, como el supeditar la concesión de una licencia comercial a una gran superficie a la cantidad de oferta y demanda que se estime que hay en un determinado lugar.

Para el director general de Comercio de Castilla y León, Carlos Teresa, esto facilitará que algunas licencias, como las de las grandes superficies comerciales, "tengan más facilidad a la hora de ser concedidas".

La adaptación en España se ha dividido en una Ley Ómnibus, que recoge diversas materias relacionadas con los servicios, y una Ley de Ordenación del Comercio Minorista, debido a las especificidades de este sector en concreto.

La Ley de Economía Sostenible española impondrá transparencia en los 'bonus' a los directivos

MADRID.- El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que hoy aprobó el Gobierno español reducirá los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo, y obligará a todas las sociedades cotizadas a realizar un informe sobre las remuneraciones de los consejos de administración y del equipo directivo, que deberá someterse a votación como un punto separado en las juntas de accionistas.

El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.

El anteproyecto contempla una modificación de la Ley del Mercado de Valores que obligará a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros, al tiempo que el Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración "coherentes" con una gestión del riesgo prudente y eficaz.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que presentó al término del Consejo de Ministros el citado texto, indicó que las políticas de retribución de las entidades financieras deberá ser "parte de una gestión prudente" para evitar que medidas centradas en el corto plazo "pongan en riesgo" la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

En materia de regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.

Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora mejoras en los organismos reguladores, con la finalidad de dotarlos de mayor independencia y transparencia. Así, se reduce el número de miembros de los consejos al presidente y cuatro consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de renovación y que deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia.

Para garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto como la estructura y procedimiento de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia. Asimismo, se presentará un plan de austeridad y calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.

En materia de contratación pública y colaboración público-privada, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Además, los modificados no podrán superar el 20% del precio inicial y se aumenta el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30% al 50%, con el fin de fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.

La Ley de Economía Sostenible también contempla medidas en aras de la simplificación administrativa. Así, se reducen los plazos para la creación de empresas: se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 3.100 y 30.000 euros, con un coste máximo de 250 euros, y de un día de plazo cuando el capital se sitúe entre los 3.000 y 3.100 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para la constitución de todas estas empresas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El anteproyecto incorpora, asimismo, medidas fiscales de impulso a la I+D+i, a la rehabilitación de viviendas, al alquiler y a la mejora medioambiental. En concreto, se eleva un 50% el porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% al 12%. Además, se incrementa el límite máximo de la deducción, que pasa a ser el 60% de la cuota íntegra minorada (frente al 50% actual) en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio).

En el Impuesto sobre Sociedades, también se mantiene la deducción medioambiental, que estaba previsto que desapareciera en 2011, y se incrementa, pasando del 4% al 8%, al tiempo que se incluirán las inversiones que eviten la contaminación acústica.

También se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual (se limita a las rentas inferiores a 24.107 euros anuales) a partir del 1 de enero de 2011, y se equipara fiscalmente el alquiler con la compra de vivienda, al establecer este mismo límite para aplicarse la deducción por alquiler.

En cuanto a los incentivos a la rehabilitación, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar un IVA reducido para las obras de rehabilitación de viviendas y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012.

La nueva ley introduce también mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales, al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40% de la que se benefician los rendimientos con periodo de generación superior a dos años, y en el IRPF, se establece la exención del cheque-transporte, hasta un máximo anual de 1.500 euros.

En materia de telecomunicaciones, se permitirá el uso de las bandas de frecuencia de 900 megahertzios para la prestación de servicios de tercera generación, se reducirá la tasa general de operadores de telecomunicaciones, estableciéndose para 2010 el 1 por 1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación. Además, a partir de 2011 se incluirá la banda ancha a una velocidad mínima de 1 mega por segundo como parte integrante del servicio universal.

La Ley incorpora, igualmente, medidas para garantizar la sostenibilidad medioambiental. En este contexto, se fija el objetivo de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20% de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruta para el año 2020.

Para lograrlo, se creará un 'sello' que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías de baja intensidad del carbono, al tiempo que se creará un fondo público para la compra de créditos de carbono. Además, las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse.

La ley crea también la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán coordinar las actuaciones de las distintas administraciones públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.

El Parlamento español aprueba la Ley de Extranjería por 180 votos a favor y 163 en contra

MADRID.- El Parlamento ha aprobado hoy la nueva ley de Extranjería con 180 votos a favor, 163 en contra y tres abstenciones, gracias al apoyo del PSOE, CiU y Coalición Canaria.

Se han opuesto a la reforma, que necesitaba 176 apoyos por ser de carácter orgánica, el PNV, UpyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai, mientras que el BNG ha optado por la abstención.

Al debate en el Congreso de los Diputados, ha asistido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que la ha definido como "una buena ley porque corrige elementos que discriminaban" y ha asegurado que "mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada y potencia los elementos de la integración".

A su juicio, España tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal y por otro lado, apostar "decididamente" por un proyecto de integración para construir una sociedad "rica y plural".

La cuarta reforma de la ley de Extranjería, que incorpora directivas europeas y sentencias del Constitucional, ofrece protección a las extranjeras maltratadas, acota la reagrupación, incorpora nuevas infracciones como los matrimonios fraudulentos y amplía el plazo máximo de internamiento de cuarenta a sesenta días.

La nueva ley permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y otorga a las Comunidades Autónomas competencias para conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, entre otros asuntos.

El diputado socialista Óscar Seco Revilla ha lamentado el uso por parte del PP de una "retórica xenófoba" en esta materia, así como el rechazo de IU-IcV-ERC al proyecto, porque "les ha dado vértigo aproximarse a un partido de Gobierno".

Ha opinado que la nueva ley es la más garantista de toda la democracia y que construye un nuevo modelo de convivencia e integración.

Carles Campuzano, de CiU, ha opinado que se mejora la regulación de extranjería, lo que justifica el apoyo de su grupo, a pesar de que mantenga algunas discrepancias en aspectos de reagrupación familiar y respecto a la ampliación del internamiento.

También ha defendido la ley, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien ha destacado "el avance" en la regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, porque lo aborda como "un tema de estado".

Frente a ella se ha posicionado el diputado popular, Rafael Hernando, quien ha considerado que se trata de una "reforma parcial y chapucera".

Ha opinado que la tramitación de urgencia ha sido "una auténtica chapuza", ya que de las 38 enmiendas aprobadas en el Senado, 30 han sido reformas técnicas y ha lamentado que no se hayan admitido ninguna de las 73 propuestas del PP.

Hernando ha aprovechado este debate para exigir al Gobierno que resuelva la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, que permanece en el aeropuerto de Lanzarote desde el pasado día 14.

Para el diputado de IU-ICV Joan Herrera, "la ley es mala, mantiene el discurso de la dureza y da pasos atrás", además de "abrir la puerta a la privatización en la tutela del menor".

Desde el PNV, Emilio Olabarría, ha dicho que su grupo combate la ley porque, entre otros motivos, "puede contravenir el contenido de determinados derechos de la Constitución".

El BNG se ha abstenido, ya que, según ha explicado la diputada Olaia Fernández, su formación considera "discriminatoria" la ampliación del plazo de internamiento de los extranjeros.

Fuera del hemiciclo, miembros de unas sesenta asociaciones y ONG, disfrazados con los monos naranjas de los presos de Guantánamo, han tachado la ley de "inhumana" e "injusta" y han entregado una carta abierta a los diputados donde detallan su rechazo y piden el cierre de los centros de internamiento.