BRUSELAS.- Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado
este miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que
reformará la política común con un mayor control de las fronteras
exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una
'solidaridad a la carta' que les permitirá eludir la acogida de parte de
los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado
rechazado.
"¡Éxito! Después de años de estancamiento político,
hemos llegado a un acuerdo", ha anunciado uno de los eurodiputados del
equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a
primera hora de este miércoles, tras negociar día y noche hasta sellar
las bases de los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan
todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e
identificación de los migrantes, hasta que se resuelve cada caso con la
concesión del asilo o la decisión de expulsión.
Las presidentas
del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, ha coincidido en señalar el momento "histórico"
que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios
países de la UE --desde la llamada 'crisis de refugiados' de 2015-- y
llega a tiempo para finalizar su tramitación antes de las elecciones
europeas de junio, un plazo que pesaba en los negociadores para evitar
que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance
de la extrema derecha.
"Es un planteamiento humano, justo con
quienes buscan protección, firme con quienes no son elegibles y firme
con quienes explotan a los más vulnerables", ha defendido Metsola, en
una rueda de prensa al término de las negociaciones, acompañada por los
eurodiputados negociadores, entre ellos el español Juan Fernando López
Aguilar (PSOE).
La comisaria de Interior, la socialista Ylva
Johansson, y el vicepresidente comunitario encargado de migración, el
'popular' Margaritis Schinas, artífices de la propuesta presentada en
2020 como base para la negociación, han aplaudido también el hito
logrado. "Hemos acordado un amplio pacto con mejor protección de la
frontera exterior, más solidaridad y mejor protección de los
vulnerables, basado en los valores de la UE", ha defendido Johansson.
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la
Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a
años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para
consensuar un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en
primera línea, como España e Italia, y la "responsabilidad" que les
reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.
Finalmente, la solución es un mecanismo de "solidaridad flexible" que
obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la
llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las
personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada
migrante que rechace.
El objetivo es trasladar a al menos
30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a
parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por
cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
El modelo de solidaridad 'a la carta' también se aplicará al
mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo --y
países como España e Italia en un primer momento-- defendieron sin
éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida
que se activara únicamente en situaciones extremas.
Entre los
principales escollos que han retrasado el acuerdo estaban las
salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos menores no
acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera que
incluirán deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de
asilado y procedan de países considerados seguros.
También
tuvieron que resolver las diferencias en la última ronda sobre el
reglamento para el control previo de entrada con el que identificar más
rápidamente a quienes no recibirán protección y el temor de los
eurodiputados a que al permitir ese 'screening' dentro del territorio de
la UE pudiera dar lugar a discriminación de personas controladas.
Ese control previo a la entrada para las personas que no cumplan las
condiciones de entrada incluirá la identificación y recopilación de
datos biométricos, así como controles de salud y seguridad, en un
proceso que durará máximo siete días. Las autoridades deberán tener en
cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará
con un "mecanismo de supervisión independiente" para garantizar el
cumplimiento de los Derechos fundamentales.
Se crea también un
procedimiento armonizado para toda la UE para otorgar o retirar la
protección internacional que sustituirá los marcos nacionales que
fragmentan ahora la gestión en la UE y que, en el caso de una primera
decisión, deberá resolverse en un máximo de seis meses. Se introducen
plazos más cortos para los expedientes que sean manifiestamente
inadmisibles.
Además, el marco del reglamento de Eurodac que
amplía las bases de datos introduce imágenes faciales además del
habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los
niños a partir de 6 años. Con esta modificación, los gobiernos podrán
también marcar si alguien presenta una amenaza para la seguridad, es
considerada violenta o ha tenido acceso a armas ilegales.
Pese al optimismo expresado tanto por eurodiputados como por los
gobiernos, representados por la presidencia española del Consejo, varias
ONG han visto en el resultado un "paso atrás" en la protección de los
derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a la
Unión Europea en situación irregular o en busca de protección.
"Este acuerdo está diseñado para dificultar que las personas lleguen de
manera segura", ha alertado la directora de Amnistía Internacional en
Europa, Eve Geddie, para quien el nuevo marco europeo facilitará que
"más personas sean detenidas 'de facto' en la frontera de la UE,
incluidas familias con niños y personas vulnerables".
Amnistía
Internacional denuncia la rebaja de salvaguardas para los demandantes de
asilo porque habrá más migrantes cuyos expedientes se "canalizarán a
través de procedimientos transfronterizos deficientes en lugar de
recibir una evaluación justa y completa" de su solicitud.
Las
ONG también han alertado de las consecuencias de que se permita
"derogar" las reglas de asilo -para alterar, por ejemplo, los tiempos de
los procedimientos_en casos de fuerza mayor o "instrumentalización" por
terceros de la migración que genere una llegada masiva de personas a
suelo comunitario.
"En lugar de hacer que el sistema de asilo
de la UE sea más fuerte y más justo, los Estados miembro prefieren
transferir su responsabilidad de asilo a países no pertenecientes a la
UE, impedir las llegadas y acelerar el retorno, exponiendo a los
migrantes a violaciones de Derechos Humanos", ha lamentado, por su
parte, la secretaria general de Caritas Europa, Maria Nyman.
