MADRID.- Ciudadanos españoles que tratan de frenar una ola de
desahucios han recurrido a avergonzar a los políticos ante sus propias
casas por la escabrosa ley hipotecaria que ha multiplicado el drama en
un país en recesión.
Inspirados por las campañas latinoamericanas de defensa
de los derechos humanos en los años 90, en los últimos días se han
celebrado numerosos "escraches" - término argentino de denuncia -,
protestas con pancartas, panfletos y gritos a las puertas de los
domicilios de varios políticos.
El Ministerio del Interior prometió esta semana
castigar a los manifestantes, a los que acusa de acosar a los miembros
del Partido Popular en el poder, después de que un diputado contara cómo
los manifestantes aporrearon su puerta y gritaron insultos mientras sus
hijos estaban dentro.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, sufrió el viernes una de estas protestas en el centro de
Madrid, protagonizada por unas 200 personas en medio de un amplio
dispositivo policial.
"Todos tenemos derecho a defender nuestras ideas, pero
la intimidación no puede ser nunca una forma de participar en los
asuntos públicos", dijo el miércoles ante la cúpula de su partido el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra el que se llevó a cabo un
escrache durante el receso de Semana Santa.
"Como presidente del Gobierno condeno estos actos", añadió.
Estas concentraciones dejan constancia de la irritación
generalizada con la gestión de una profunda crisis económica, y algunos
creen que se producirán más tácticas para llamar la atención, ya que
los ciudadanos reconocen el impacto limitado de las manifestaciones
habituales el último año.
"Hay cierto cansancio. Las manifestaciones a la que
acudían decenas de miles de personas, como las que vimos de nuevo en
febrero, parece que no tienen la misma eficacia", dijo Tomás Alberich,
profesor de sociología en la Universidad de Jaén.
El aumento de los desahucios se ha convertido un frente
clave de protesta en un país que ha llevado a cabo incontables
movilizaciones desde que el Gobierno introdujo profundos recortes de
gasto en 2012 para tratar de reducir el déficit.
El rescate europeo por 41.000 millones de euros a una
banca española golpeada por la crisis inmobiliaria de 2008 se sumó a la
irritación y generó protestas coloridas.
Recientemente, una serie de suicidios de personas que
iban a perder su casa pusieron los desahucios en primer plano, forzando
al Gobierno a ofrecer a las familias más vulnerables un aplazamiento de
dos años para el pago de las letras de la hipoteca.
Las medidas fueron vistas por muchos como demasiado
débiles para abordar un problema muy amplio: los casos de desahucios se
multiplicaron casi por cuatro de 2008 a 2012 frente al periodo
2003-2007, según datos judiciales. El año pasado, los casos abiertos en
los tribunales se incrementaron un 18 por ciento frente a 2011, a casi
92.000.
Los manifestantes quieren ahora cambios drásticos en la
normativa de hipotecas, incluyendo la dación en pago, una medida que
podría dañar a los bancos. En la actualidad, las deudas ni siquiera se
cancelan con la muerte del deudor, lo que hace la legislación española
bastante más estricta que en muchos otros países.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha
persuadido al Parlamento para debatir una iniciativa ciudadana sobre las
hipotecas que se votará en los próximos meses, después de que la
petición en Internet fuera firmada por 1,5 millones de personas.
Sin embargo, el Partido Popular introdujo la semana
pasa enmiendas a la iniciativa que acabarían con algunas de las
principales demandas.
La PAH está promoviendo los "escraches" - tácticas que
se iniciaron en Argentina y Chile con protestas a las puertas de los
lugares de trabajo de antiguos altos cargos vinculados con la dictadura.
En Chile, las protestas fueron conocidas como "funes".
La PAH insiste en que no promueven la violencia en sus
acciones, en las que tienen como objetivo a los políticos del PP y ante
los que muestran pancartas rojas y verdes que simbolizan los botones del
"sí" y el "no" en el Parlamento.
Algunos de los manifestantes han grabado las acciones
ante casas o en lugares públicos como estaciones y las han colgado en
YouTube.
"El protocolo es ir allí, tratar de hablar con los
diputados, no todos de golpe pero en un apartado, contando un caso real
en concreto", dijo David Cobo, portavoz de la PAH en la localidad
madrileña de Alcalá de Henares.
Interior dijo el lunes que los participantes en los
escraches serían identificados y sancionados, aunque las medidas se han
topado con las críticas de algunos sindicatos policiales.
Otros miembros del PP han sembrado la controversia al
comparar las tácticas con los atentados protagonizados por ETA durante
sus más de cuatro décadas de violencia en pro de un País Vasco
independiente.
Pocos grupos de protesta más han dado muestras de
adoptar los "escraches", aunque están intentando reforzar sus quejas de
diferentes formas.
"De momento no lo hemos contemplado (los escraches).
Queremos una solución a través de ayuntamientos, autoridades
comunitarios y gobiernos", dijo Humberto Gestido, portavoz de un grupo
de ahorradores en Galicia que sufrieron la venta de preferentes y tienen
ahora que afrontar las pérdidas del rescate bancario.
Estos manifestantes pasaron buena parte de su Semana
Santa encerrados en el ayuntamiento de la pequeña localidad de Moaña con
el objetivo de conseguir que les devuelvan el dinero.
