
Al tiempo que se concretaba ese malestar nada difuso, al menos dos representantes de la banca española daban sus argumentos. En la presentación de los resultados del banco (más de 8.400 millones de euros), Emilio Botín, presidente del Santander, se explicaba: no se ha cerrado el grifo del crédito, sino que se ha reducido el ritmo conforme la recesión reduce la demanda y se incrementa la morosidad; flaco favor haríamos las entidades financieras a la economía española si aumentáramos el crédito de forma irresponsable, poniendo en peligro la solvencia del sistema, como ha ocurrido en otros países. Y Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria (AEB), en una controvertida intervención ante el Grupo Parlamentario Socialista, reiteró que el sector bancario sigue siendo el principal activo con que cuenta la economía real, y que es ésta la que ha perjudicado al sector bancario y no al revés.
El tercer actor de la tragedia, en una economía que necesita de guardias de circulación para agilizar el tráfico, es el Gobierno. Más allá de las diferencias retóricas entre algunos de sus miembros, la misión del Ejecutivo es doble y dialéctica: convencer al contribuyente de que las ayudas a la banca (a través de la compra de activos, de los avales e incluso de su recapitalización pública) no son sino el medio de evitar males mayores, pero al tiempo recordar a las entidades del sector que su obligación es prestar. Los ciudadanos sólo apoyarán las muletas públicas si la banca privada les presta dinero cuando tienen dificultades y no sólo en tiempos de bonanza.
El origen de la sequía de créditos está en el mercado al por mayor. Las entidades financieras españolas acudieron al mercado internacional para complementar la insuficiencia de ahorro nacional. El resultado es que el 40% de su balance depende de la financiación en los mercados mayoristas. Casi dos de cada tres hipotecas concedidas se financiaban en estos mercados, que han estado prácticamente cerrados desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime en agosto de 2007. Los bancos deben hacer frente a las obligaciones adquiridas (emisiones de títulos de renta fija de distinto tipo) en estos mercados, que se cuantifican en 100.000 millones de euros en el año en curso y casi en 500.000 millones más hasta el año 2015.
Un catedrático de Historia e Instituciones Económicas escribe a El País para explicar lo que sucede: en el capitalismo, las empresas son maximizadoras y reaccionan a los incentivos y desincentivos; la razón por la cual la ayuda pública a los bancos no ha aumentado la inversión crediticia es porque los Gobiernos no han puesto como condición que tengan que hacerlo para ser beneficiarios de estos apoyos. Los bancos han hecho lo esperable: utilizar las ayudas para sanear su balance y/o realizar inversiones de bajo riesgo, no para aumentar el crédito a empresas y familias de comprometida solvencia.
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